A 46 días de que se lleve a cabo la elección más grande de la historia de México, en el que se renovarán 20 mil cargos, en 30 entidades, es ineludible evidenciar que el Estado mexicano, por omisión ha fallado a su obligación de proteger la democracia.
La razón es, simple y sencillamente, porque no ha garantizado la seguridad en el actual proceso electoral, dominado por la voluntad de la delincuencia organizada, que ha convertido la violencia electoral en una herramienta para determinar candidaturas e influir en la vida pública de estados y municipios.
“No existe la democracia donde impera el miedo”, sustenta el estudio “Votar entre Balas”, elaborado por Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que arroja cifras drásticas sobre la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener la violencia electoral.
Las cifras en el sexenio de la deformación de cuarta son reveladoras: del 2018 a lo que va del 2024 en la nación se han cometido alrededor de 1 mil 800 ataques, homicidios, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en los ámbitos político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. En ese lapso van casi 150 aspirantes, precandidatos y candidatos asesinados.
Data Cívica desmiente con sus datos la mentira gubernamental de que se tendrán elecciones pacíficas y tranquilas el próximo 2 de junio. En el actual proceso electoral 2023-2024, que inició en septiembre, ya se contabilizan más de 30 asesinatos de aspirantes, la mitad de ellos registrados en este 2024.
El 2023 es la anualidad con el mayor número de ataques, al contabilizar 574 eventos violentos; es decir, 1.5 diarios, en promedio. Le sigue el 2022, con 486. Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, son los estados con el mayor número de homicidios de aspirantes o candidatos.
Con amenazas en muchos estados y municipios la delincuencia baja a las y los abanderados de las candidaturas, obligándolos a abandonar la participación política.
A fin de no afectar los procesos democráticos y proteger la pluralidad, la equidad y la participación ciudadana el 2 de junio, desde el Partido Acción Nacional (PAN) exhortamos al Gobierno de la República a realizar los esfuerzos necesarios para cumplir su obligación de dar confianza y seguridad a los participantes en el proceso electoral.
Con acciones concretas, el Estado Mexicano deberá garantizar a la ciudadanía su derecho a sufragar en libertad, con pluralidad de opciones y sin miedo, porque México merece decidir y tener una mujer “Xingona” que lo guíe hacia un futuro confiable.
Noemí Luna
Diputada Federal
