Ciudad de México, a 8 de mayo de 2025.- , la International Chamber of Commerce México (ICC México) destacó que la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, presenta varias inconsistencias constitucionales y violaciones a tratados internacionales.
Subrayó que afecta la competencia, la privacidad, la regulación del espectro y el acceso a plataformas digitales, por lo que recomienda revisar y modificar las disposiciones para asegurar un marco normativo adecuado, respetuoso de los principios de competencia, transparencia y derechos fundamentales
Al participar en el Conversatorio para el análisis de la propuesta de dictamen de la citada iniciativa organizado por el Senado de la república, Miguel Calderón Lelo de Larrea, presidente de la Comisión de Economía Digital de International Chamber of Commerce México (ICC México), enfatizó que “Nuestros comentarios buscan contribuir a la construcción de un mercado de telecomunicaciones en México sólido, innovador y avanzado, que garantice competencia efectiva, fomente el desarrollo tecnológico y promueva el acceso equitativo a servicios de calidad, siempre en beneficio de los usuarios y con un compromiso social firme”.
Calderón Lelo de Larrea, presentó una serie de observaciones jurídicas y técnicas sobre el contenido de la iniciativa, que fueron entregadas formalmente por escrito a las y los legisladores, como parte del estudio técnico de la ICC México, organismo que forma parte de la organización que a nivel global representa a más de 45 millones de empresas en 170 países y es el único organismo empresarial con estatus consultivo ante la ONU, la OMC y otras instituciones internacionales.
Entre las observaciones clave que ICC México realizó en el Conversatorio a la iniciativa de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se encuentran:
- Exceso de facultades regulatorias a la nueva Agencia
La iniciativa plantea un esquema en el que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asumiría funciones regulatorias que el marco constitucional reserva exclusivamente al Congreso. Esto representa una delegación inconstitucional de funciones legislativas y revierte avances de la reforma de simplificación administrativa, vulnerando el principio de legalidad y separación de poderes.
- Retroceso en transparencia y participación ciudadana
La eliminación de consultas públicas obligatorias por parte del regulador representa un retroceso respecto a las mejores prácticas internacionales. Se recomienda garantizar la apertura regulatoria y la incorporación efectiva de comentarios por parte de los sectores involucrados.
- Amenazas a la privacidad y seguridad de los usuarios
La posibilidad de que autoridades de seguridad accedan al registro de usuarios sin controles judiciales adecuados implica una grave amenaza a la privacidad y protección de datos personales. Es indispensable establecer protocolos estrictos de encriptación y acceso con orden judicial, para prevenir abusos y filtraciones.
- Riesgos de censura digital
La Agencia podría bloquear plataformas digitales por supuestos incumplimientos normativos, una facultad que resulta técnicamente ineficaz, desproporcionada y contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión. Esta medida genera además incertidumbre jurídica y frena la inversión en el ecosistema digital.
- Regulación ambigua y sanciones desproporcionadas en publicidad digital
La propuesta impone restricciones similares a las de radiodifusión a la publicidad en plataformas digitales con contenido en México. La redacción ambigua de las disposiciones y sanciones podría derivar en multas excesivas, afectando a actores globales y nacionales del sector.
- Desbalance regulatorio y violación al T-MEC
La iniciativa propone eximir a entidades públicas con concesiones comerciales de las obligaciones regulatorias aplicables a privados, y permitir la asignación directa de espectro para uso comercial sin licitación. Ambas medidas violan el artículo 28 constitucional y comprometen el cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC, al generar un trato preferencial injustificado.
- Incertidumbre en materia de espectro e interconexión
Se plantea modificar el calendario para publicar tarifas de interconexión y permitir interconexiones con redes no comerciales, lo cual debilita los principios de certeza jurídica y eficiencia económica. Asimismo, se proponen descuentos en contraprestaciones de espectro cuya aplicación y alcance requieren clarificación urgente.
- Obligaciones que trasladan funciones del Estado a privados
Los operadores de redes se verían obligados a:
- Financiar el bloqueo de señales en centros penitenciarios, sin compensación ni responsabilidad compartida.
- Ofrecer acceso gratuito a plataformas públicas, lo que podría interpretarse como una medida expropiatoria si no se delimita adecuadamente su alcance.
Desde ICC México hacemos un llamado responsable y respetuoso al Poder Legislativo para revisar con detenimiento esta iniciativa porque estamos convencidos de que un mercado de telecomunicaciones sólido, innovador y competitivo, requiere reglas claras, justas y predecibles, que incentiven la inversión, garanticen los derechos fundamentales y fortalezcan la conectividad para todos los mexicanos.
