MARÍA AMPARO CASAR
Sí, ha habido críticas a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares y a la estimación de la pobreza que antes hacía CONEVAL y ahora ha sido asumida por INEGI.
Esta primera medición de INEGI es una buena noticia como lo es también que se haya nombrado a Claudia Maldonado -exintegrante de CONEVAL- como coordinadora de unidad de medición de la pobreza del INEGI. Por fortuna en algunas instituciones la capacidad está por encima de la lealtad.
Podrá haber problemas de medición, de comparabilidad, de método, de sesgo, de autorreporte y de todo lo que algunos críticos han señalado. Eso no quita lo principal: la reducción de la pobreza, la mejor repartición del pastel (porque el pastel no creció) y el éxito de la política salarial del gobierno de AMLO y ahora de Claudia Sheinbaum.
No hay manera de que en este caso el gobierno de México esté escondiendo o inventando las cifras. Imposible desmentir que los salarios mínimos subieron 151% o que la pobreza haya disminuido sensiblemente: 13.2 millones de personas han salido de la pobreza.
Importantísimo hallazgo el que la explicación de esa disminución se deba fundamentalmente al incremento de los ingresos por trabajo en mucha mayor proporción que de las transferencias en efectivo. Éstas juegan un papel político muy importante pero no el que se le ha atribuido en términos de la mejora económica de los mexicanos.
Entre 2018 y 2024 el número de personas en pobreza a causa de los ingresos disminuyó de 50% de la población a 35.4% o sea de casi 62 millones a 46 millones. Peña Nieto dejó el salario mínimo en 88 pesos y López Obrador lo entregó en 249 pesos. Un aumento de 151% en términos reales.
Las noticias son buenas a pesar de que todavía hay 38.5 millones con alguna carencia: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. También a pesar de que el número de personas sin acceso al sistema de salud es de 44 millones y del rezago educativo.
El otro foco rojo es que ahora los programas sociales están dejando de llegar a los más pobres
En 2018, el 80% de los hogares con menos ingresos recibían programas sociales y ahora sólo 58% los reciben. En cambio, el 5% de los más ricos cuadruplicó su cobertura pasando del 5% al 20%. Los programas sociales no están llegando a los más pobres aun cuando su presupuesto se ha multiplicado por más cuatro veces.
La mejor noticia sin embargo es que el gobierno de la 4-T puede ser exitoso si se lo propone. Tiene razón cuando afirma que desmontó el mito de los efectos inflacionarios insostenibles del alza salarial. Y, en esta materia, podría ser todavía más si estuviera abierto a escuchar las propuestas de especialistas para tener una mejor política de crecimiento y una reforma fiscal redistributiva que haga sostenible la disminución de la pobreza a largo plazo. Dos políticas en las que ni AMLO ni Sheinbaum han querido embarcarse. Tampoco lo han hecho para abatir la informalidad que hoy alcanza a casi cinco de cada 10 trabajadores.
El indiscutible éxito en el combate a la pobreza no debe provocar la complacencia del gobierno
Entre muchos otros, México tiene un enorme problema de movilidad social que se define como la posibilidad de que una determinada persona supere su situación socioeconómica de origen o, dicho de otra forma, “el grado de asociación entre las circunstancias de origen y el destino de vida”.
La falta de movilidad deriva no sólo de los escasos recursos de los mexicanos o la desigualdad de ingresos sino, como lo muestra el último Informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, de la desigualdad de oportunidades. Éstas, difícilmente se subsanan con la política salarial: “Al menos el 48% de la desigualdad de ingreso observada en México se debe a la desigualdad de oportunidades”.
Hasta el momento, la mejor herramienta que se ha encontrado para mejorar las oportunidades es la de tener acceso a los servicios que el Estado debe prestar y en particular a la salud y la educación. Ni una ni otra han sido prioridad de los gobiernos de la 4-T a juzgar por los presupuestos que se le han asignado a estas obligaciones. Sin salud y educación México seguirá condenando a su población a vivir sin expectativas.
