El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, es una tragedia que interpela directamente al Estado mexicano.
No se trata sólo de un crimen más, sino de la evidencia de un Estado que no supo escuchar ni proteger a quien pidió auxilio. El presidente municipal había advertido los riesgos que corría por resistirse a los embates de la delincuencia, y aun así, fue abandonado por las autoridades que debieron salvaguardar su vida.
Su muerte duele, pero también indigna. Porque detrás de este crimen hay una sociedad michoacana que desde hace años clama justicia, seguridad y paz. Miles de personas han salido a las calles para exigir lo que debería ser una garantía básica: vivir sin miedo.
Desde las elecciones de 2021, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la intervención del narcotráfico en diversos municipios y aun así convalidó los resultados, Michoacán vive bajo una sombra de descomposición institucional. Hoy esa herida sigue abierta.
El problema no es reciente. Solo entre 2024 y 2025 las desapariciones de niñas, niños y jóvenes crecieron 32%. Son cifras que no pueden normalizarse. Son vidas arrebatadas, familias rotas, comunidades enteras paralizadas por el temor.
En este contexto, el llamado “Plan Michoacán” anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum parece más un gesto administrativo que una respuesta de Estado. De los 57 mil millones de pesos que presume, más del 70% se destinará nuevamente a programas sociales, mientras la seguridad sigue sin un mando claro ni una estrategia de inteligencia integral.
El dinero, sin autoridad moral ni eficacia institucional, no construye paz. La justicia no nace de la propaganda, ni la seguridad se decreta con discursos.
La estrategia de “abrazos, no balazos” dejó una estela de impunidad y abandono. Michoacán es hoy símbolo de ese fracaso: un estado que resiste a pesar del miedo, y un pueblo que exige recuperar su esperanza.
Desde Acción Nacional proponemos soluciones reales:
- Ministerios Públicos regionales anticrimen, que actúen con independencia y profesionalismo.
- Policías estatales mejor capacitadas y mejor pagadas, con enfoque en prevención e inteligencia.
- Recuperación federal de aduanas y carreteras, hoy capturadas por la corrupción y el crimen.
- Estrategias de inteligencia cibernética y financiera contra la extorsión y el lavado de dinero.
- Protección legal y armada para alcaldes y jueces locales, que hoy enfrentan el crimen prácticamente solos.
México necesita un Estado que haga justicia, no que se excuse.
La paz se construye con autoridad moral, fuerza legítima y justicia sin miedo.
Noemí Luna
Diputada Federal
