Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
La presidenta dice que en México se respeta la libertad de expresión y, casi sin respirar, presenta el nuevo mecanismo para apagar a los medios que estorban. No le llama censura. Le llama derecho de las audiencias. Suena bien, suena a ciudadanía empoderada, suena también a la coartada perfecta.
La fórmula es sencilla. Cualquier persona podrá decir no me estás informando adecuadamente. Si “el pueblo” no está de acuerdo con un contenido, se quita. Si el gobierno afirma que es falso y desinforma, se elimina. Si “el pueblo” pide que de eso no se hable, no se habla. Así, en nombre del derecho a estar informados, se abre la puerta para decidir qué información merece existir y cuál debe desaparecer.
El encanto del truco es que el poder no tiene que ensuciarse las manos. No hacen falta clausuras ni golpes ni la foto del periodista arrastrado. Basta con fabricar indignación, juntar gente, organizar una protesta expres, repartir dádivas y ya tienes clamor popular. Luego viene lo demás. El medio se repliega o lo arrinconan porque el pueblo lo pidió y el gobierno, por supuesto, solo atiende la demanda social. No censura, obedece. Qué conveniente.
Pero la libertad de expresión no es un concurso de popularidad. No está para complacer. Está para permitir que se diga lo que incomoda. La Constitución no protege el discurso bonito, protege el derecho a hablar sin inquisición previa. Lo esencial es eso. Nada de censura anticipada. Primero se publica, después, si existe un daño real, se responde conforme a la ley. Nunca al revés. Nunca castigar la pregunta antes de escuchar la respuesta.
La pregunta inevitable es esta. ¿Quién va a decidir qué es informar adecuadamente? ¿Quién define la verdad correcta? La audiencia, con emociones legítimas pero manipulables. O el propio gobierno, que además se reserva el poder de declarar qué es falso y qué desinforma. Cuando el poder se vuelve árbitro de la verdad, la verdad acaba pidiendo audiencia y permiso.
Hoy dicen que no es censura, que es por el bien del pueblo. Mañana será por la paz. Pasado mañana por la estabilidad. Y cuando alguien insista en hablar de corrupción, de violencia o de la delincuencia organizada metida en la política, la respuesta será la misma. Eso no informa. Eso confunde. Eso polariza. Entonces se quita, con la mejor cara, con un argumento limpio y con la frase mágica. Lo pidió el pueblo.
El derecho de las audiencias importa, claro. Nadie está defendiendo la mentira ni el abuso. El problema es usar ese derecho como palanca para callar lo incómodo. Porque ahí la libertad se vuelve permiso. Y el permiso, cuando lo administra el poder, siempre termina condicionado.
La moraleja es amarga y sencilla. La libertad no suele morir de un golpe. Se apaga poco a poco, envuelta en palabras bonitas, mientras alguien aplaude creyendo que está ganando un derecho, cuando en realidad está entregando una voz.
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