Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Leía la columna del senador Saúl Monreal sobre el fallo de la Supreme Court ofthe United States que limitó los aranceles impulsados por Donald Trump. La tesis es correcta en lo esencial: el poder tiene límites, el Ejecutivo no puede invadir la competencia del Legislativo y la división de poderes no es un adorno, sino una garantía constitucional.
Hasta ahí, coincidimos; que un tribunal constitucional frene a un presidente es señal de que el diseño institucional funciona. Significa que la Constitución no es retórica, sino norma vinculante incluso para quien ocupa el cargo más alto.
Pero toda lección comparada exige espejo. Si celebramos que en Estados Unidos la Corte Suprema ponga límites, la pregunta inevitable es qué hacemos en México cuando un órgano jurisdiccional incomoda al poder político. ¿Se le reconoce como contrapeso legítimo o se le descalifica? ¿Se fortalece su independencia o se rediseña su estructura para hacerla más dócil?
El bloque político al que pertenece el senador ha impulsado reformas que han reducido el margen de actuación de órganos autónomos y han planteado transformaciones profundas en el sistema electoral y judicial. La discusión legítima es si esos cambios fortalecen o debilitan el equilibrio entre poderes.
Y ahí es donde la coherencia se vuelve indispensable, pues no se puede aplaudir el límite al poder presidencial en otro país y, al mismo tiempo, promover reformas que concentran decisiones en un solo eje en el propio. La división de poderes no opera por simpatía partidista. Opera como principio estructural del constitucionalismo moderno.
Cuando se debilitan los contrapesos, la política deja de ser equilibrio y se convierte en hegemonía; y la hegemonía, como ya hemos dicho, no necesita destruir la ley. Le basta administrarla.
La lección del caso estadounidense no es solo que allá funcionó la Corte. Es que el límite fue aceptado como parte del juego democrático. Esa es la verdadera prueba.
Moraleja. Es fácil celebrar que la muralla institucional contenga al presidente ajeno. Lo difícil es no erosionar la propia cuando estorba al nuestro. Ahí, y no en el aplauso comparado, se mide la convicción constitucional.
