José Luis Camba Arriola | Sociólogo, Politólogo y Abogado
Para pilotar un avión comercial con doscientos pasajeros se exige, además de miles de horas de vuelo, una evaluación psicológica periódica que acredite que el piloto posee el juicio, la estabilidad emocional y el contacto con la realidad necesarios para no poner en riesgo vidas ajenas. Lo mismo se exige a controladores aéreos, operadores de centrales nucleares y astronautas. Nadie considera que estos requisitos atenten contra sus derechos laborales. Son, simplemente, condiciones razonables para ejercer una responsabilidad extraordinaria.
Ahora considere esto: un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado tiene bajo su responsabilidad no doscientas vidas, sino millones. Sus decisiones pueden desencadenar guerras, agravar pandemias, destruir economías o vulnerar los derechos fundamentales de poblaciones enteras. Y sin embargo, no existe en ninguna democracia del mundo un mecanismo que exija a quienes aspiran a gobernar demostrar que poseen las capacidades cognitivas y psicológicas mínimas para hacerlo. Ni uno solo.
Esta no es una omisión menor. Es el ángulo muerto más peligroso de nuestras democracias.
El poder enferma
David Owen, neurólogo, psiquiatra y exsecretario de Relaciones Exteriores británico, dedicó décadas a estudiar lo que denominó el «síndrome de hibris»: un patrón clínicamente reconocible que aparece en líderes políticos tras el ejercicio prolongado del poder. Grandiosidad progresiva, desprecio por el consejo externo, confianza excesiva en el propio juicio, pérdida de contacto con la realidad ordinaria. Owen documentó estos cambios en líderes tan diversos como Tony Blair, George W. Bush y Margaret Thatcher.
Dacher Keltner, psicólogo de Berkeley, aportó la evidencia neurocientífica: el poder sostenido reduce la empatía, incrementa la impulsividad y genera patrones de conducta que replican, literalmente, rasgos de daño cerebral en la corteza prefrontal. El poder, en otras palabras, puede producir en quien lo ejerce los mismos efectos que una lesión en la parte del cerebro responsable del juicio y el autocontrol.
El caso histórico más ilustrativo es quizá el de Enrique VIII de Inglaterra. Antes de sufrir un traumatismo craneoencefálico grave en una justa en enero de 1536, era un gobernante razonablemente funcional. Después, se transformó en un tirano errático, paranoico y cruel. Los historiadores clínicos han identificado un cuadro compatible con lo que hoy llamamos encefalopatía traumática crónica. Las consecuencias las pagó Inglaterra durante décadas. Si hubiera existido un mecanismo de evaluación, el cambio habría sido detectable.
No es un espectro difuso: hay consenso clínico
Una objeción frecuente es que no sabemos qué significa «aptitud mental para gobernar». Pero no necesitamos saberlo. No necesitamos un consenso clínico sobre qué hace a un buen gobernante —esa es una cuestión política—. Lo que sí existe, y con solidez, es un consenso clínico sobre qué trastornos comprometen gravemente el juicio, el control de impulsos, la empatía cognitiva y el contacto con la realidad. Ese consenso está codificado en el DSM-5, el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, y en la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, con criterios operacionales explícitos y validados internacionalmente.
El trastorno antisocial de la personalidad implica una indiferencia estructural hacia el daño ajeno. Los trastornos neurocognitivos mayores erosionan la capacidad misma de razonar. Los trastornos psicóticos distorsionan la percepción de la realidad. Las formas graves del narcisismo convierten al gobernante en alguien incapaz de recibir información que contradiga su autoimagen. Ninguno de estos diagnósticos es caprichoso ni culturalmente arbitrario.
Y no, la depresión de Lincoln o la de Churchill no son argumentos en contra. La depresión es tratable y no compromete necesariamente el juicio ejecutivo. Usar estos casos como argumento contra las evaluaciones es una trampa retórica: se escoge la condición más benigna del espectro para sugerir que cualquier filtro sería injusto. Lo grave no es la depresión. Lo grave es la sociopatía gobernando, la demencia decidiendo, la megalomanía con acceso al botón nuclear.
La falacia del derecho a ser votado
«Pero eso atentaría contra el derecho de todos a ser votados.» Esta es la objeción más repetida y, paradójicamente, la más débil. Ningún derecho fundamental es absoluto. Ya exigimos edad mínima, nacionalidad y, en muchos países, ausencia de antecedentes penales para ser candidato. Nadie llama a esos requisitos «atentados contra el sufragio pasivo». Son condiciones razonables para una función de responsabilidad extraordinaria. La aptitud psicológica mínima es, como mínimo, tan relevante como la edad o la nacionalidad.
Además, la propuesta más sofisticada ni siquiera plantea excluir candidaturas. Plantea transparencia: que los resultados de la evaluación sean públicos y que los electores —cada uno de ellos, individualmente— decidan qué peso otorgarles. Del mismo modo que la transparencia patrimonial no prohíbe que un candidato sea rico, pero permite saber qué intereses podrían influir en su gestión.
La pregunta incómoda
Piénselo así: si mañana descubriera que el piloto de su próximo vuelo no ha pasado ninguna evaluación psicológica en su vida, probablemente no subiría al avión. Pero aceptamos, sin pestañear, que quienes toman decisiones que afectan a millones de personas —incluidas decisiones sobre guerra, pandemias y política nuclear— operen sin ningún control equivalente.
La pregunta incómoda no es por qué deberíamos implementar evaluaciones psicológicas para gobernantes. La pregunta incómoda es por qué hemos tardado tanto en planteárnoslo.
José Luis Camba Arriola es sociólogo, politólogo y abogado. Este artículo resume los argumentos desarrollados en su policy paper «Aptitud psicológica para el ejercicio del poder público: Fundamentos clínicos, jurídicos y políticos para un mecanismo de evaluación obligatoria» (2026). Si gusta tener completo el policy paper, favor de solicitarlo.
