No confundamos disciplina política con democracia. En los últimos días se ha intentado instalar una narrativa simplista frente a la decisión del Partido del Trabajo (PT) de no acompañar la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde algunos espacios políticos y mediáticos se ha querido presentar esta postura como una ruptura o incluso como una traición dentro del proceso de transformación que vive el país. Pero esa lectura no sólo es superficial: revela una comprensión profundamente equivocada de lo que significa una democracia.
La democracia no se sostiene en la unanimidad ni en la obediencia automática. Se sostiene en el debate, en la deliberación parlamentaria y en la existencia de contrapesos institucionales capaces de detener decisiones cuando éstas pueden afectar el equilibrio del sistema político.
Pretender que todos los partidos aliados aprueben sin cuestionamientos cualquier reforma constitucional reproduce una lógica que México conoce demasiado bien: la del presidencialismo dominante en el que el Congreso funcionaba como una simple oficialía de partes del Ejecutivo.
Desde esa convicción, el PT decidió no permitir que avanzara una reforma constitucional que, a juicio de nuestra bancada, generaba dudas legítimas sobre su impacto en la pluralidad política del sistema electoral. El problema de fondo no era una diferencia menor ni un desacuerdo táctico.
La reforma planteaba modificaciones que podían alterar el equilibrio de representación construido durante décadas, favoreciendo a las mayorías y debilitando la presencia de fuerzas políticas minoritarias en el Congreso. Y cuando se discuten las reglas del sistema electoral, no se está hablando de un asunto administrativo o técnico: se está discutiendo el equilibrio mismo de la democracia.
Como lo expresó con claridad el coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval: “Estamos al 100 por ciento con la presidenta, pero al 200 por ciento con el pueblo de México.” Esa frase no es una consigna de coyuntura. Es una definición política de fondo. En una república democrática, las y los legisladores no representan al Ejecutivo ni actúan como sus subordinados políticos. Representan a la ciudadanía, y su responsabilidad histórica es evaluar cada reforma a la luz del interés público.
Defender principios democráticos no divide a un movimiento político; lo fortalece. Las transformaciones profundas no se sostienen en la disciplina ciega, sino en la capacidad de debatir y corregir cuando es necesario.
Conviene recordar además algo que algunos parecen haber olvidado con demasiada facilidad: el PT ha sido, desde hace décadas, una de las fuerzas políticas que ha acompañado las luchas de la izquierda mexicana y ha sido parte fundamental de la construcción del proyecto político que hoy gobierna el país. Nuestra historia política ha estado marcada por la defensa del pluralismo, de la participación política y de la ampliación de los derechos democráticos. Precisamente por esa historia resulta imposible ignorar los riesgos que pueden surgir cuando las mayorías confunden legitimidad electoral con hegemonía política.
México no llegó a su actual sistema democrático por generación espontánea. Durante gran parte del siglo XX el país vivió bajo un régimen de partido dominante encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde el Congreso operaba prácticamente como una extensión del Poder Ejecutivo. Las iniciativas presidenciales se aprobaban sin mayor discusión y el debate parlamentario era poco más que una formalidad. Fue precisamente contra ese modelo que se construyó la apertura democrática.
La reforma política de 1977 permitió que fuerzas políticas minoritarias pudieran acceder al Congreso mediante la representación proporcional, y las reformas posteriores ampliaron la competencia electoral y fortalecieron el pluralismo político. La representación de las minorías políticas no es un capricho del sistema electoral; es una garantía democrática para evitar que una sola fuerza política concentre todo el poder institucional.
Paradójicamente, fueron esas reglas de pluralidad las que permitieron que la izquierda mexicana pasara de la marginalidad política a convertirse en mayoría electoral y conquistar democráticamente el poder.
Por eso debilitar esos equilibrios sería no sólo un error político, sino también una contradicción histórica.
También es importante recordar que el financiamiento público a los partidos políticos representa apenas alrededor del 0.022 del presupuesto nacional. El debate no debería centrarse únicamente en su reducción, sino en la forma en que se distribuye. Un esquema excesivamente proporcional tiende a favorecer a las mayorías y puede terminar debilitando la competencia política en condiciones de equidad. La discusión electoral, por tanto, no puede reducirse a una narrativa simplista sobre costos o austeridad; debe analizarse desde la perspectiva de la calidad democrática.
Las mayorías legislativas son herramientas para impulsar reformas, pero no deben convertirse en instrumentos para neutralizar la deliberación parlamentaria. Todo proyecto político que llega al poder enfrenta una tentación recurrente: confundir legitimidad electoral con concentración del poder. Sin embargo, la fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de una mayoría para imponer su voluntad, sino por la existencia de instituciones capaces de debatir, cuestionar y, cuando es necesario, detener decisiones que pueden tener consecuencias estructurales.
La izquierda mexicana luchó durante décadas contra un sistema político donde el Congreso respondía automáticamente al Ejecutivo. Sería un error histórico reproducir hoy, incluso de manera involuntaria, esas mismas prácticas. Resulta preocupante que en algunos sectores se haya intentado instalar una especie de cacería de brujas contra el PT por ejercer una facultad que es esencial en cualquier democracia: la autonomía parlamentaria.
Las coaliciones democráticas no se fortalecen suprimiendo las diferencias, sino procesándolas. Los proyectos políticos sólidos no se debilitan cuando existen matices o debates internos; al contrario, se fortalecen cuando las decisiones se discuten con responsabilidad y no desde la lógica de la disciplina ciega.
La transformación democrática que vive México no puede construirse reproduciendo las prácticas del pasado. Si algo nos enseñó la historia política del país es que los congresos que renuncian a deliberar terminan debilitando la democracia que dicen defender. Por eso la decisión del PT de frenar una reforma que generaba dudas legítimas sobre su impacto en la pluralidad política no debe entenderse como un gesto de confrontación, sino como un acto de responsabilidad democrática.
Porque si algo ha demostrado la historia política de México es que las democracias no se debilitan cuando existen contrapesos; se debilitan cuando desaparecen. Y recordar eso, incluso dentro de un proyecto de transformación, también es una forma de defenderlo. Defender la pluralidad del sistema político también es defender la democracia. Decir no, cuando es necesario, también es una forma de cuidarla.
- El presente texto fue enviado a medios de comunicación por la diputada del Partido del Trabajo en la LXV legislatura de Zacatecas, Renata Libertad Ávila Valadez
