Por Juan Gómez
@juangomezac
En el mes de abril han sucedido cosas o acciones que deben preocuparnos a los ciudadanos mexicanos, por el fondo que contienen pero también, por la perspectiva de deterioro de los derechos democráticos y ciudadanos.
Enumero solo algunos puntos que alteran ya la convivencia ciudadana, la libertad en el ejercicio del voto, la seguridad de los ahorros bancarios personales y el fortalecimiento de la impunidad para quienes abrevan las mieles del poder en el gobierno o en la esfera política morenista:
1.- La aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Unidad de Inteligencia Financiera intervenga cuentas bancarias personales o institucionales, solo bajo sospecha o indicios, sin que sea necesaria la aprobación de un juez, instrumento que será utilizado políticamente en contra de opositores o críticos al gobierno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus nuevos magistrados y magistradas, producto de la “elección del acordeón” y avalados por el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, privilegiaron más al instrumento de intimidación que a la libertad financiera de los ciudadanos.
Cualquier “indicio” que considere la UIF será suficiente -sin presentar prueba alguna- para que sean congeladas las cuentas de los ciudadanos observados.
Ante la ausencia de pruebas que lo inculpen, los ciudadanos que sean considerados bajo sospecha de lavado de dinero, tendrán que aportar los elementos de su inocencia de manera personal.
2.- La aprobación del Plan B Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por los congresos locales de mayoría morenista, permitirá mayores controles políticos sobre la democracia y el pertinaz debilitamiento del INE, el árbitro electoral.
Esta reforma implica el uso político de recursos públicos, menor representación política local; es ventajosa para el gobierno en turno, o sea, para Morena y representa una intromisión del gobierno federal que vulnera la soberanía de estados y ayuntamientos.
El silencio cómplice de los gobernadores y de los presidentes municipales, fortalece esta intromisión de la federación que vulnera la autonomía y echa por tierra el pacto federal.
3.- La consolidación de la impunidad institucional, puesto que el derrame de petróleo y la contaminación en una amplia zona del Golfo de México, no encuentra responsables. Primero se dijo que se debió al derrame de un barco petrolero privado y ahora se guarda silencio cómplice y protector.
La Presidenta Sheinbaum jamás reveló el nombre del presunto barco petrolero de una empresa privada, y cambió el discurso por la intervención de la Marina Armada de México en las labores de limpieza de las costas del Golfo.
Lo anterior es un ejemplo de esta complicidad y protección institucional que se evidencia también en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, puesto que la Fiscal Ernestina Godoy, ya culpó al maquinista, al conductor y al jefe de despacho del descarrilamiento ocurrido a finales de diciembre de 2025, en el que murieron 14 personas, sin atender las causas del accidente.
¿Quién o quiénes son los responsables de las deficiencias en las condiciones de infraestructura y del mantenimiento insuficiente en las vías del tren?
¿Quién o quiénes son los responsables de la falta de señalización para reducir la velocidad y prevenir o alertar al conductor?
Estas y otros cuestionamientos surgieron desde un principio y otros que desnudaron la baja calidad de los vagones y del sistema de frenado y operativo de la locomotora, pero nada de eso se tomó en cuenta, sino solo el factor humano para deslindar responsabilidades.
¿Protección para el alto nivel de responsabilidad de la ejecución y supervisión de la obra impulsada por Andrés Manuel López Obrador?
Al tiempo.
