Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
Hay una vieja trampa en el poder que suele disfrazarse de virtud, se presenta como orden, como estabilidad, como responsabilidad pública, pero en realidad es algo mucho más simple y más peligroso, la idea de que el propio poder puede vigilarse a sí mismo sin necesidad de que el ciudadano intervenga; el constitucionalismo nació precisamente para combatir esa ingenuidad, para establecer límites claros, para desconfiar de quien decide, incluso cuando asegura hacerlo por el bien de todos; el problema es que esa desconfianza se ha ido debilitando, sustituida por una confianza selectiva donde el poder se corrige, pero solo cuando otro poder se siente afectado.
La controversia constitucional es el ejemplo más claro, es un pleito entre autoridades, un mecanismo donde los poderes se corrigen entre sí cuando uno invade al otro, la Federación contra un estado, un municipio contra el Ejecutivo, un poder contra otro poder, es útil, sí, pero el ciudadano no entra ahí, observa desde fuera cómo el poder se ordena a sí mismo; la acción de inconstitucionalidad funciona de forma similar, revisa leyes en abstracto, permite expulsar normas contrarias a la Constitución, pero solo ciertos actores pueden promoverla, otra vez el poder revisando al poder, afinando sus propios límites, corrigiéndose en términos técnicos, sin que el ciudadano sea protagonista de ese control; lo ocurrido en Zacatecas confirma esta lógica con una claridad casi pedagógica, la Suprema Corte tuvo que invalidar parte de la reforma judicial local (hecho que se celebra) porque el diseño del órgano administrativo permitía que el Ejecutivo y el Legislativo controlaran al Poder Judicial, dos representantes externos contra uno judicial, una mayoría suficiente para decidir sobre recursos, nombramientos y funcionamiento interno; para decirlo en términos simples, la justicia administrada por quienes no imparten justicia; la Corte corrigió y ordenó restituir la mayoría judicial, pero conviene decirlo con precisión, esto no fue un triunfo ciudadano, fue un ajuste interno del poder para evitar que uno de sus integrantes dominara completamente a otro.
Algo similar ocurrió con el tema del tránsito municipal y con las normas sobre transparencia y datos personales; la Corte frenó al Ejecutivo estatal cuando intentó condicionar la devolución de una facultad que constitucionalmente pertenece a los municipios, y también invalidó disposiciones locales que invadían competencias federales; otra vez el mismo patrón, el poder corrigiendo al poder, la Constitución operando como regla de reparto entre autoridades, como un mapa de límites que los propios actores institucionales hacen valer cuando les conviene o cuando se ven afectados; pero todo esto, por importante que sea, tiene un problema de fondo, no está pensado para el ciudadano de a pie; mientras los poderes discuten quién manda, quién regula y quién decide, la persona común sigue dependiendo de una sola herramienta real, el juicio de amparo, y ahí es donde el discurso se vuelve inquietante, porque al mismo tiempo que se fortalecen los controles entre autoridades, se empiezan a cerrar los espacios para que el ciudadano cuestione al propio sistema.
El juicio de amparo es el único recurso donde el ciudadano puede defenderse del Estado y decir que algo le afecta, que rompe su vida, que viola sus derechos, ese es el verdadero termómetro del Estado de derecho, no los discursos ni las ceremonias, sino la posibilidad real de que una persona sola pueda frenar al poder; ese termómetro, que durante décadas permitió medir si el poder todavía tenía límites reales, empieza a mostrar signos de deterioro que ya no pueden ignorarse, no se trata de una caída abrupta, sino de algo más sutil, un desgaste progresivo donde las herramientas siguen existiendo en el papel pero encuentran cada vez más obstáculos en la práctica, donde el acceso se vuelve más estrecho y las respuestas más restrictivas.
En ese contexto, hay afirmaciones que deberían encender todas las alertas; la ministra Lenia Batres, quien se ha autodenominado la ministra del pueblo, sostuvo que todos los fines del Estado deben estar protegidos constitucionalmente y que cualquier afectación a esos fines debería ser sancionada; la frase es inquietante, porque si todo lo que el Estado define como fin es incuestionable, entonces cualquier oposición puede interpretarse como una amenaza, y cuando discrepar empieza a parecer amenaza, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y comienza a convertirse en problema.
Los hechos recientes confirman que esto no es una exageración teórica; los amparos promovidos contra la reforma constitucional en materia de pensiones fueron desechados con el argumento que el amparo no procede contra la Constitución; todo correcto en técnica, profundamente problemático en sus efectos; porque entonces la pregunta cambia de dimensión, ya no es si una norma es justa o injusta, sino qué ocurre cuando el poder modifica la Constitución y al mismo tiempo elimina la posibilidad de impugnarla; lo que antes era defensa se convierte en formalidad, lo que antes era límite empieza a parecer permiso.
Es ahí donde la discusión deja de ser cómoda; si el Estado define sus fines, controla los mecanismos de revisión y además limita las vías de defensa del ciudadano, el resultado no es equilibrio, es concentración de poder con apariencia de legalidad; y en ese escenario, la teoría del derecho penal del enemigo deja de ser una referencia académica para convertirse en una advertencia práctica; Günther Jakobs explicó que hay contextos donde ciertas personas dejan de ser tratadas como ciudadanos y pasan a ser vistas como riesgos para el sistema, no importa tanto lo que hicieron, importa lo que representan; no se les garantiza, se les contiene.
No se trata de defender pensiones excesivas, ese es el argumento fácil; el problema es otro; imagina que trabajaste toda tu vida, que aportaste conforme a las reglas, que construiste una expectativa legítima de retiro, y un día alguien decide que eso ya no vale, que ahora es excesivo, que ahora es inmoral, que debe reducirse; no porque hayas actuado fuera de la ley, sino porque el discurso cambió; el problema deja de ser económico y se vuelve jurídico, pero sobre todo se vuelve profundamente humano.
Zacatecas ya vivió algo así con el ISSSTEZAC, adultos mayores enfrentando litigios interminables para defender lo que el propio sistema les permitió construir; hoy el escenario es aún más complejo, porque el cierre ya no es solo político, ahora es constitucional; el propio sistema se blindó, elevó las decisiones al nivel más alto para que ya no puedan ser cuestionadas, incluso cuando están en juego derechos fundamentales; la Constitución, que debería ser límite, empieza a funcionar como escudo del poder.
La paradoja es difícil de ignorar; el mismo texto que habla de libertad, igualdad y seguridad jurídica permite, en los hechos, que esas condiciones se reduzcan sin una vía efectiva de defensa; es una Constitución que promete derechos mientras construye mecanismos para que esos derechos no incomoden demasiado; y en medio de esa contradicción quedan las personas, especialmente quienes ya no tienen margen para empezar de nuevo.
La historia ya había advertido algo parecido; en el libro de las Lamentaciones, Jeremías describe a los ancianos despojados de su dignidad, sentados en el suelo después de haberlo perdido todo; no es una referencia religiosa, es una imagen política incómoda, una sociedad se define por cómo trata a quienes ya cumplieron su parte y dependen de la palabra que el propio sistema les dio.
Debemos decirlo claro, no vivimos una dictadura en el sentido clásico, no hay ruptura visible, pero sí hay un proceso más sofisticado, donde todo parece legal, donde las instituciones funcionan y donde el lenguaje de los derechos sigue intacto, mientras el espacio real para ejercerlos se reduce.
Por tanto, el problema no es que el Estado tenga fines, el problema es cuando decide que tú eres el obstáculo para cumplirlos; porque en ese momento dejas de ser ciudadano y te conviertes en variable; y cuando eso pasa, la Constitución deja de ser un límite al poder y empieza a ser la justificación perfecta para ejercerlo.
