Malditos aquellos que con sus palabras
defienden al pueblo
y con sus hechos lo traicionan.
Benito Juárez García (1806 – 1872)
Si a usted le parece que la Universidad Autónoma de Zacatecas es asunto de otros, o de solo aquellos cuyos hijos se forman en sus aulas, laboratorios y campos experimentales, haré algunas observaciones al respecto, contando, claro está, con su benevolencia.
El médico que lo atiende es muy probablemente producto de la UAZ en lo referente a su formación profesional, así como el personal de enfermería involucrado. Usted casi con seguridad consume alguna de las múltiples variedades de frijol desarrollada en la Unidad de Agronomía, consume carne y derivados de ganado que los egresados mantienen sano y productivo, litiga algún asunto con un abogado que cursó en nuestra máxima casa de estudios, lee un poema o admira un cuadro acunado en el talento de sus artistas o vibra de emoción con las hazañas deportivas de sus muchachos. Y eso solo a guisa de minúsculo ejemplo: la UAZ es de todos y para todos.
Por ello, lo que pasa en la UAZ es asunto de la sociedad zacatecana toda, es esa también la razón por la que cada ciudadano adquiere un nexo dual e indisoluble con nuestra alma mater: el derecho y la obligación de vigilar por su buen funcionamiento. Y lo que está en juego en el momento actual es el relevo de la dirigencia del gremio académico, donde la independencia sindical se ve gravemente amenazada.
Liberar al SPAUAZ de la influencia rectoral es esencial para garantizar la pulcritud de los mecanismos de admisión, que redunda en la calidad académica de los docentes universitarios, y con ello de sus egresados. Todos somos usuarios de los productos universitarios y es por ello que los acontecimientos en el interior de la institución tiene fuerte influencia sobre el devenir cotidiano de todo nuestro entorno.
La independencia sindical se opone frontalmente al charrismo, y éste, en el caso de la universidad pública, y particularmente en la UAZ, se expresa en la existencia de comités ejecutivos sindicales armados desde el aparato administrativo institucional. Una mórbida costumbre frontalmente combatida por el comité ejecutivo actual encabezado por la Dra. Jenny González Arenas.
A partir del trienio que está por terminar, el divorcio entre la sociedad y el personal académico universitario ha iniciado el camino a su final, lo que fue patente en la solidaridad de la ciudadanía el los diversos movimientos, tanto sindicales como estudiantiles. Es hora de que el profesorado universitario corresponda a la generosidad de la gente, lo que precisa de una transformación de la administración de la UAZ, del SPAUAZ y de una saludable relación entre ambas entidades.
De acuerdo con cifras de la ANUIES publicadas en abril de 2026, alrededor del 60% de los profesores universitarios del país se encuentran en precariedad laboral, contratados por horas, en el escenario de la universidad pública. El resultado en términos académicos es que quienes se encuentran en tal situación no aportan más allá de cursos aislados, sin participación en asesorías, tutorías, investigación, extensión o difusión. Estas instituciones tienden pues a perder el carácter de universidad para funcionar limitada y únicamente como escuelas. Se frena así el desarrollo científico y la innovación de acuerdo con este organismo que agrupa a las instituciones nacionales de educación superior.
Los subsidios gubernamentales, lo que también ha sido recientemente denunciado por ANUIES, son insuficientes para soportar el crecimiento de las instituciones públicas. Ello conduce al perverso escenario de la contratación por honorarios: mano de obra intelectual barata, sin prestaciones, sin derecho a vivienda, servicio médico, retiro digno, vivienda, y ni siquiera seguridad en el empleo mismo. La inestabilidad laboral de estos profesores universitarios los coloca, laboralmente entonces, muy por debajo del trabajador promedio. La primera violación a los derechos laborales de los profesores es su contratación bajo este esquema de trabajo a destajo.
Al abandono del gobierno federal se suma un gran desorden institucional producto del irresponsable clientelismo político, que se expresa en la constitución de una casta dorada de funcionarios perennes, inamovibles. Esta clase privilegiada constituye una administración clínicamente obesa, inoperante, confusa, y por si algo faltase, desprovista de toda identidad universitaria y compromiso con la institución.
Con un total cercano a los 3 mil académicos, la UAZ mantiene 592 funcionarios, con lo que alrededor del 20% del personal docente forma parte de esta paquidérmica administración, ¡uno de cada cinco profesores es funcionario!
El costo de este aparato burocrático asciende a casi 572 millones de pesos anuales, lo que se acerca a sextuplicar el presupuesto aprobado por la federación, que asigna un monto de un poco más de 105 millones anuales para soportar 236 plazas de funcionario. El número de funcionarios es de un 242% de lo aprobado y éstos consumen un presupuesto que es un 535% del que consignan los anexos de ejecución. La administración universitaria no es solo obesa sino voraz, en promedio, y de acuerdo con estas cifras cada funcionario recibe alrededor de 950 mil pesos cada año. Contrasta brutalmente con las percepciones de los profesores de hora clase.
Lo más preocupante en lo laboral es que cuando el tema es la eficiencia presupuestal, las autoridades amenazan con castigar las prestaciones y los salarios, colocando como intocables los privilegios del aparato burocrático que ya funciona como una familia real universitaria.
En las asambleas de confrontación se desnudan poco a poco las verdaderas intenciones. Entre muchos otros detalles, el candidato naranja afirma que la rectoría no es el patrón, seguramente porque no se percató de que a inicios de este mes el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una ponencia de la magistrada Loretta Ortiz que reconoce la función patronal de las rectorías de universidades públicas, aún cuando la función es temporal. Más aberrante es la referencia del candidato oficial que hace reiterada referencia a la “jubilización”, lo que muestra con claridad que la palabra “jubilación” no forma parte de su léxico habitual, como tampoco en su diccionario aparece nada asociado con la función de representación gremial. Desnuda así su propósito de ser un alfil si no peón en el tablero de la patronal.
No me sorprende que quienes las huestes de Antonio Guzmán, hace apenas unos días sindicalistas fieros, se formen en la fila verde, coincidiendo con la banda porril con la que apenas hace unos días intercambiaran feroces acusaciones de corrupción. Se acepta la cropofagia antes que la renuncia a compartir el manejo del presupuesto. Venturosamente, miembros de este grupo guardan prudente silencio que puede interpretarse como rechazo al estulto golpe de timón de su líder.
Si el 60% de los profesores tienen precariedad laboral y el 20% son funcionarios, el peso académico de la UAZ descansa sobre los hombros del restante 20%: gris el panorama. Alternativas de solución solo se encuentran en la candidatura de la Dra. Sonia Viramontes y un equipo capaz, entusiasta y entregado. La monstruosa deuda de la universidad tanto con el ISSSTE como con el SAT será el tema de mi próxima colaboración. Con ese tema nos leemos en la siguiente.
