Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
En vísperas del diez de mayo, el gobierno de Zacatecas hizo algo que, dicho en términos profundamente mexicanos, simplemente no tiene madre; mientras se preparaban conciertos, felicitaciones oficiales y mensajes cuidadosamente redactados sobre el amor a las madres, afuera campesinos eran golpeados, estudiantes detenidos y una maestra jubilada de setenta y cuatro años terminaba involucrada en un operativo policiaco por solidarizarse con productores de frijol. La escena resulta tan absurda que parece escrita por un guionista kafkiano; de un lado el espectáculo, las luces y el discurso institucional sobre el pueblo, del otro productores exigiendo algo tan peligrosamente radical como que les paguen el frijol en condiciones que les permitan sobrevivir y competir dignamente en el mercado. Ni privilegios, ni mansiones, ni contratos millonarios; solamente condiciones mínimas para no quebrar mientras producen la comida que sostiene al resto del país.
Y entonces apareció el aparato del Estado; primero llegaron las medidas de protección promovidas por empleados de la Secretaría General de Gobierno y si bien es cierto que el propio Secretario declaró que dichas medidas no eran directamente para él, sino para personal de la dependencia que presuntamente se sintió amenazado. El problema es que eso políticamente ya no cambia demasiado; porque un Secretario General de Gobierno no puede actuar como si fuera un observador externo de la crisis que ocurre dentro de su propia oficina. Conviene decirlo con precisión porque las medidas de protección sí son necesarias; el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penalespermite dictarlas para proteger víctimas frente a amenazas reales, contextos de violencia o riesgos auténticos contra su integridad física y emocional. Muchas mujeres en este país siguen vivas gracias a que una autoridad actuó antes de que fuera demasiado tarde; el problema no es la figura jurídica, el problema es observar cómo el poder reacciona con velocidad extraordinaria cuando quien se siente incómodo es el propio gobierno, mientras miles de ciudadanos pasan semanas intentando que les tome una denuncia con seriedad.
Y ahí es donde Zacatecas comenzó a mandar un mensaje profundamente peligroso; solidarizarse empezó a parecer conducta sospechosa. Una maestra jubilada de setenta y cuatro años llegó para acompañar a los campesinos, para respaldar una causa social que considera justa y para recordar que todavía existen personas capaces de involucrarse en problemas ajenos aunque ya podrían vivir tranquilamente lejos del conflicto; junto a ella apareció una estudiante universitaria llevando agua, ese acto peligrosamente subversivo conocido todavía como empatía. Ambas terminaron dentro de una escena dominada por policías antimotines, escudos y detenciones. El mensaje fue brutal sin necesidad de conferencia oficial; en Zacatecas hasta la solidaridad comenzó a recibir trato de amenaza pública.
Sin embargo, reducir todo esto únicamente a un conflicto entre gobierno y productores sería quedarse corto; el verdadero centro del problema tiene nombre y cargo público. Aquí no estamos frente a una simple mala decisión operativa, estamos frente a un funcionario que comenzó a actuar exactamente al revés de lo que la propia ley le obliga a hacer. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas establece que la Secretaría General de Gobierno es la dependencia encargada de colaborar con el Gobernador en la conducción de la política interna del Estado; además le corresponde fomentar el desarrollo político, conducir las relaciones con organizaciones sociales, sindicatos y actores políticos, así como contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad social. Dicho de forma sencilla; el Secretario General de Gobierno existe para evitar precisamente que los conflictos sociales terminen convertidos en operativos antimotines.
Ese cargo no fue diseñado para esconderse del conflicto, ni para administrar la política desde la distancia emocional que da una carpeta de medidas cautelares; fue creado para escuchar, dialogar, contener políticamente y construir acuerdos aun cuando la presión social resulte incómoda. Porque hay puestos públicos cuya esencia consiste precisamente en soportar la incomodidad democrática; escuchar reclamos, enfrentar presiones y sentarse frente a quienes están molestos sin convertir el desacuerdo ciudadano en amenaza personal. Ese es literalmente el trabajo que la ley le asigna a dicho servidor público.
Por eso surge una pregunta inevitable; ¿cómo puede seguir desempeñando el cargo alguien que jurídicamente decidió que los ciudadanos inconformes representan un riesgo? Y si bien, él no interpuso las medidas cautelares si acompaño a sus empleados. Una cosa es sentir miedo como persona, eso es humano y perfectamente entendible; otra muy distinta es convertir ese miedo en criterio de gobierno. El operador político principal del Estado no puede reaccionar frente al conflicto social como si fuera una víctima atrapada por circunstancias externas, aun cuando actúe por interpósita persona, porque en el momento en que el diálogo se sustituye por restricciones, notificaciones y cercos policiacos, la política deja de funcionar y comienza a operar únicamente la fuerza.
Tal vez las formas de protesta no fueron perfectas; pero los conflictos sociales no aparecen por generación espontánea ni nacen de un capricho colectivo. Nadie duerme durante días en plantones porque sí; nadie toma el Congreso como entretenimiento campesino de fin de semana. Antes hubo meses de indiferencia, acuerdos incumplidos y funcionarios que aprendieron a evitar el conflicto en lugar de resolverlo. Y ahí aparece nuevamente la responsabilidad política del Secretario General de Gobierno; si el problema creció hasta terminar en enfrentamientos, detenciones y antimotines, entonces precisamente falló la función institucional que tenía la obligación legal de desempeñar.
Las imágenes del sábado fueron demasiado conocidas para un país que presume haber dejado atrás ciertas prácticas políticas; mujeres arrastradas, estudiantes detenidos, productores golpeados y policías antimotines dispersando ciudadanos mientras a unos metros continuaba un concierto oficial para celebrar el Día de las Madres. La metáfora política prácticamente se escribió sola; “panem et circenses” afuera quienes producen comida eran tratados como amenaza, adentro seguía el espectáculo cuidadosamente organizado por el gobierno. Y quizá lo más inquietante no fueron solamente los golpes, sino la facilidad con la que el poder volvió a sentirse cómodo utilizándolos, como si en algún rincón del sistema todavía sobreviviera esa vieja nostalgia autoritaria que mira cualquier protesta social como un problema de orden público y no como un síntoma de incapacidad política.
Hay además algo profundamente ingrato en todo esto; el campo sostiene literalmente la vida. Podemos sobrevivir sin propaganda oficial, sin campañas políticas y sin discursos cuidadosamente diseñados para redes sociales; sin agua y sin comida no sobrevivimos ni unos cuantos días. Los campesinos no son una molestia administrativa ni un problema de imagen pública; son las personas que permiten que el resto siga viviendo con suficiente estabilidad para discutir política desde oficinas, restaurantes o redes sociales. Resulta difícil no mirar cierta obscenidad en un gobierno que responde con antimotines a quienes producen alimento mientras al mismo tiempo organiza conciertos y ceremonias para hablar del pueblo, de la justicia social y de la cercanía con la gente.
México tiene memoria, aunque a veces los gobiernos crean lo contrario; cada vez que las autoridades comenzaron a mirar la protesta social como problema de seguridad y no como síntoma político, terminaron construyendo heridas históricas difíciles de cerrar. El autoritarismo mexicano nunca apareció de golpe; comenzó lentamente, cuando el gobierno dejó de escuchar y empezó a administrar el descontento mediante policías, expedientes y restricciones. Y eso debería preocupar incluso a quienes hoy defienden al gobierno; porque el Estado de derecho no solamente se erosiona cuando se violan leyes, también comienza a deteriorarse cuando las instituciones abandonan la función para la cual fueron creadas.
La tragedia es que este conflicto jamás debió llegar hasta aquí; un Secretario General de Gobierno funcional escucha antes del plantón, negocia antes del bloqueo y cumple antes de la represión. Cuando todo eso falla aparecen los antimontones; no como símbolo de autoridad, sino como confesión pública de incapacidad política.
Por tanto, un gobierno que comienza a tratar campesinos, estudiantes y maestras jubiladas como riesgos de seguridad termina olvidando algo elemental, el hambre siempre negocia menos que la política. Y cuando el operador político principal del Estado deja de escuchar a quienes producen comida, normalmente la historia comienza a escribir finales que tampoco tienen madre.
