Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
No sé cuánto tiempo discutieron los integrantes del Órgano de Administración Judicial antes de aprobar las nuevas evaluaciones, pero algo debió salir mal. El 5 de noviembre publicaron el acuerdo, el 6 todavía defendían sus bondades y para el 7 ya estaban negociando cómo corregirlo, con miles de trabajadores protestando y juzgados cerrados en distintas partes del país. Lo curioso es que la decisión había sido aprobada por unanimidad, nadie encontró motivos suficientes para detenerse a pensar qué podía pasar cuando la permanencia laboral de tantas personas quedara sujeta a esas reglas. Tres días después tuvieron que sentarse a escuchar a los trabajadores. Quizá habría sido más sencillo hacerlo antes de votar, pero entonces nos habríamos perdido este pequeño espectáculo de administración judicial.
Y es que a alguien se le ocurrió que una buena forma de mejorar el trabajo judicial era poner la permanencia laboral bajo un sistema de calificaciones, donde la opinión del superior y de los compañeros podía pesar en el resultado, incluso se contemplaban evaluaciones extraordinarias a solicitud de los titulares. Imaginen trabajar durante quince o veinte años, concursar para obtener una plaza, cumplir con las exigencias del cargo y descubrir que ahora una mala evaluación puede comprometer su empleo.
Habrá quien diga que todos debemos ser evaluados, desde luego, pero los trabajadores judiciales llevan años presentando exámenes para ingresar y ascender. Lo curioso es que, después de las protestas, aparecieron propuestas para retirar precisamente las disposiciones más cuestionadas. Si el acuerdo era tan bueno, ¿por qué tuvieron que empezar a desarmarlo?
En Zacatecas los trabajadores salieron a protestar y cerraron instalaciones, como ocurrió en otros lugares del país. La suspensión de actividades afecta a quienes esperan una sentencia, una notificación o la resolución de un amparo, nadie debería perder eso de vista; aunque tampoco podemos pedirles a los trabajadores que defiendan sus derechos cuando ya tengan encima una resolución de separación.
Los juzgados funcionan gracias a personas que llevan años sosteniendo el trabajo cotidiano, muchas veces sin aparecer en las fotografías oficiales, y resulta bastante extraño que una autoridad encargada de administrar esa estructura no haya calculado la reacción que podía provocar entre su propio personal. Quizá faltó aplicar un cuestionario de sentido común antes de votar por unanimidad.
Todavía queda un problema que los anuncios no resuelven. La Ley de Carrera Judicial contempla consecuencias sobre la permanencia derivadas de las evaluaciones y un acuerdo administrativo, por mucho que se modifique, no puede borrar lo que establece una ley. Habrá que revisar lo que finalmente se publique y, sobre todo, qué ocurrirá con las evaluaciones posteriores. Porque una cosa es anunciar que se retiraron las consecuencias punitivas y otra muy diferente dejar a los trabajadores con garantías jurídicas que puedan exigir cuando cambien los funcionarios o se termine la buena voluntad. En México ya conocemos esa costumbre de celebrar acuerdos que duran exactamente lo que tarda la autoridad en encontrarles una interpretación distinta.
Lo más preocupante es la facilidad con que se quiso modificar la seguridad laboral de miles de personas, como si la estabilidad en el empleo fuera un beneficio que la administración concede mientras le parece conveniente.
La reforma judicial creó un órgano con facultades enormes y la primera gran controversia sobre sus decisiones terminó con instalaciones cerradas, trabajadores protestando y autoridades anunciando correcciones a toda prisa. Ojalá hayan aprendido algo, porque administrar justicia exige bastante más que levantar la mano en una sesión.
Y si algún día deciden evaluar a los integrantes del OAJ con el mismo rigor que pretendían aplicar a sus trabajadores, sería prudente ofrecerles primero un curso de regularización; tampoco se trata de dejarlos desempleados en su primer examen.
