Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
La humanidad tardó siglos en construir una idea extraordinaria; antes de condenar a alguien conviene escuchar, investigar, contrastar pruebas y, si todavía quedan dudas, resolver conforme a derecho. Costó revoluciones, constituciones y demasiados inocentes pagando culpas ajenas. Después llegaron las redes sociales y decidimos que todo aquello era una pérdida de tiempo; ahora basta una fotografía, un video de treinta segundos o una publicación bien redactada para repartir culpables con una rapidez que haría sonrojar a cualquier tribunal.
Lo paradójico es que la prisa nunca ha sido buena consejera y, sin embargo, la convertimos en virtud. Quien pide esperar es acusado de tibio; quien recuerda la presunción de inocencia es señalado de proteger delincuentes; quien exige pruebas termina sentado en el banquillo de los sospechosos. Pareciera que la mesura dejó de ser una cualidad para convertirse en un defecto, como si la Constitución estorbara cuando la indignación reclama espectáculo.
Ni siquiera es un fenómeno nuevo. En México llevamos años perfeccionando otra forma de condena, una mucho más silenciosa; la revictimización. Durante el sexenio de Felipe Calderón aparecieron los famosos “daños colaterales“, después comenzó a instalarse otra idea todavía más peligrosa, si alguien aparecía ejecutado seguramente “andaba en malos pasos“. Hace apenas unos días, tras el asesinato de diez personas en Zacatecas, volvieron las referencias al consumo de drogas y a posibles vínculos con la delincuencia organizada cuando la investigación apenas comenzaba; los cuerpos seguían en el lugar de los hechos y ya había quienes parecían más interesados en explicar por qué las víctimas, supuestamente, merecían su destino que en encontrar a los responsables. Es una estrategia tan vieja como eficaz; cuando el Estado no puede ofrecer respuestas, cambia la conversación y coloca a la víctima bajo sospecha.
Lo verdaderamente preocupante es que esa lógica dejó de pertenecer únicamente al discurso oficial. Se volvió costumbre. Hoy cualquiera la reproduce sin darse cuenta; unos investigan al muerto para justificar el crimen, otros desacreditan a quien denuncia para evitar escucharla, otros condenan al denunciado antes de que exista una sentencia. Cambian los nombres, cambia el tema del momento, pero el mecanismo siempre es idéntico; primero se decide quién merece el desprecio, después aparecen los argumentos.
El caso del profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México retrata esa realidad con una dureza imposible de ignorar. Tras una denuncia terminó quitándose la vida y, casi de inmediato, comenzaron dos juicios paralelos; unos afirmaron que aquello demostraba el peligro del linchamiento social, otros respondieron que esa tragedia no podía utilizarse para desacreditar las denuncias de violencia sexual ni para revictimizar a quien denunció. Lo curioso es que ambos bandos parecían tener una respuesta definitiva mientras la pregunta principal seguía sin resolverse; hasta ahora ninguna autoridad ha establecido judicialmente qué ocurrió realmente.
Esa incapacidad para convivir con la duda debería preocupar mucho más que cualquier tendencia en internet; el constitucionalismo nació precisamente porque los seres humanos se equivocan. Se equivoca un policía, un ministerio público, un periodista, un testigo, un juez y también una multitud. Por eso existen el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de audiencia; no son privilegios para culpables, son barreras construidas contra nuestra propia soberbia. La Constitución desconfía del poder, pero también desconfía de las certezas absolutas, porque sabe que casi siempre terminan convirtiéndose en abusos.
Resulta hasta cómico que miles de personas exijan jueces imparciales mientras ellas mismas condenan desde un teléfono; reclaman sentencias bien fundadas, pero dictan las propias con un encabezado, una captura de pantalla y dos comentarios indignados. Si Tomás de Torquemada hubiera conocido las redes sociales probablemente habría cerrado la Inquisición por falta de competitividad; nosotros conseguimos condenar mucho más rápido y, además, gratis.
La justicia nunca ha consistido en escoger entre víctimas o acusados. Una víctima merece ser escuchada, protegida y tratada con dignidad; quien enfrenta una acusación merece defenderse, ofrecer pruebas y ser juzgado por tribunales, no por tendencias. Defender una de esas ideas jamás debería obligar a destruir la otra, porque el día que eso ocurra dejará de existir justicia y solo quedará una competencia para ver quién grita más fuerte.
El derecho a equivocarse no consiste en celebrar el error, consiste en aceptar que nadie debería quedar atrapado para siempre por la primera impresión de una multitud. La Constitución entendió hace mucho que los seres humanos son falibles; lo inquietante es que, varios años después, millones de personas parecen convencidas de haber alcanzado la infalibilidad… siempre que tengan conexión a internet.
