Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
Pobre Montesquieu; pasó media vida intentando separar al juez del rey porque sospechaba, con bastante razón, que cuando el poder y quien debe juzgarlo se sientan demasiado cerca, la justicia empieza a ponerse nerviosa. Tres siglos después México decidió demostrar que el francés exageraba; reformamos el Poder Judicial para acabar con los viejos vicios y, apenas terminó la elección, comenzaron a desfilar exactamente los mismos fantasmas, conflictos de interés, parentescos, apoyos políticos, campañas, lealtades, antiguos jefes y nuevos agradecimientos. La única diferencia es que ahora llegaron con credencial electoral y certificado de pureza democrática.
La promesa era magnífica; desaparecerían la corrupción, las cuotas, el amiguismo, el nepotismo y ese pequeño defecto nacional de confundir institución con patrimonio personal. La realidad fue menos poética. Ocho de los nueve ministros de la nueva Suprema Corte llegaron acompañados de relaciones que cualquier sistema serio de ética judicial debería examinar con lupa; quien participó en la construcción y defensa de leyes del gobierno ahora puede pronunciarse sobre ellas, quien tiene familiares al frente de instituciones públicas conocerá asuntos donde esas instituciones serán parte, quien recibió apoyos durante una campaña deberá decidir sobre intereses próximos a quienes contribuyeron a su ascenso. Tal vez todo sea perfectamente legal; también es legal tomar decisiones necias y nadie ha pensado todavía en convertirlas en jurisprudencia.
El conflicto de interés no es una mancha administrativa que se limpia con un comunicado; es una sospecha instalada en el centro mismo de la sentencia. Un juez existe para ofrecer distancia, para mirar a las partes sin compartir con ninguna la sangre, la campaña, el jefe, la firma o la deuda política; cuando esa separación desaparece, la toga conserva el color negro, pero pierde algo más importante, la credibilidad. Uno puede repetir cien veces que será imparcial; también los políticos repiten que no roban y, por alguna razón, seguimos necesitando auditorías.
La reforma prometió acabar con los conflictos de interés; terminó normalizándolos. Antes había que esconderlos como al primo incómodo que nadie quería sentar en la mesa principal; hoy basta con ganar una elección para que parezcan virtud democrática. Ese fue el verdadero cambio de paradigma, no desaparecieron los viejos vicios; cambiaron de departamento de comunicación social.
Los nuevos juzgadores tampoco tardaron en recordar las viejas costumbres. Aparecieron perfiles con militancias visibles, campañas teñidas de colores partidistas, candidaturas construidas desde grupos de poder y personajes que entendieron muy pronto que la mejor especialidad jurídica no siempre es el amparo; a veces basta con saber quién reparte el acordeón. La independencia judicial quedó convertida en una especie de dieta de enero, todos prometen respetarla, pocos llegan a febrero.
No reformaron el sistema para conseguir mejores jueces; lo reformaron para conseguir jueces propios. La purificación fue el anuncio publicitario, la llave era otra. José Ramón Cossío lo advirtió con menos ceremonia, la intención era capturar al Poder Judicial; el resto fue propaganda, urnas, fotografías y una larga fila de aspirantes descubriendo que el mérito puede ser útil, pero una cercanía bien administrada suele rendir más. El que llega debiendo el cargo difícilmente empieza impartiendo justicia; primero revisa la lista de acreedores.
Y luego están las decisiones, porque los conflictos de interés no se quedan posando para la fotografía oficial; tarde o temprano llegan al expediente. Ministros llamados a revisar actos vinculados con quienes fueron sus compañeros, sus jefes o sus aliados; juzgadores que deben pronunciarse sobre instituciones cercanas a su propia historia; integrantes de la Corte que avalan reformas del mismo poder que los impulsó. Puede que cada resolución tenga argumentos, citas, precedentes y hasta latinajos; la apariencia de imparcialidad, sin embargo, no se salva con notas al pie. Una sentencia puede estar impecablemente redactada y aun así oler a favor pendiente.
Los viejos vicios tampoco tardaron en bajar de la Corte a los juzgados; Zacatecas ofrece un ejemplo incómodo, no porque un solo órgano jurisdiccional explique toda la reforma, sino porque permite mirar lo que ocurre cuando el discurso termina y empieza la vida diaria de un tribunal. Después de la elección judicial comenzaron los conflictos con el personal, las inconformidades, las protestas, las denuncias, los señalamientos por presunto acoso laboral, los problemas de gestión, el rezago y un ambiente del que varios trabajadores querían salir como quien busca la puerta de emergencia de un edificio lleno de humo.
El juzgado pasó de funcionar con normalidad a convertirse en motivo de conversación por razones bastante menos nobles; el Tribunal de Disciplina Judicial terminó ordenando una suspensión cautelar mientras investiga lo ocurrido. Jurídicamente la precisión importa, una suspensión no equivale a una condena ni adelanta el resultado del procedimiento; sirve para proteger la investigación y evitar que el problema siga creciendo. Todo eso era serio, complejo y profundamente humano; por desgracia, también era demasiado largo para un buen encabezado.
Entonces apareció el villano perfecto; “Jueza usaba inteligencia artificial para elaborar sentencias”. Qué alivio, ya teníamos culpable. La inteligencia artificial últimamente sirve para todo; si un estudiante no estudia, fue ChatGPT, si un abogado entrega un escrito mediocre, también, si al gobernador le rechiflan durante un acto público, siempre habrá quien insinúe que los abucheos fueron fabricados por algún algoritmo. Las rechiflas eran reales, igual que los problemas del juzgado; lo artificial fue la explicación.
La inteligencia artificial no creó el ambiente laboral, no dirigió al personal, no produjo las inconformidades, no organizó las protestas, no provocó el rezago ni convirtió una adscripción en un lugar del que muchos querían escapar. Podrá ayudar a ordenar documentos, resumir antecedentes o localizar jurisprudencia; todavía no aprende a humillar trabajadores, repartir favoritismos, gobernar con soberbia ni transformar una oficina en un pequeño infierno administrativo. Para eso seguimos confiando en la inteligencia natural.
Hasta donde existe información, no se ha mostrado una determinación que establezca que el uso de inteligencia artificial haya sido la causa de la suspensióno alguna suspensión incomoda; lo que sí había eran conflictos internos, señalamientos, problemas de gestión y una investigación disciplinaria en curso. Pero esa historia obligaba a mirar a las personas, revisar capacidades, admitir errores de selección y aceptar que el voto popular no convierte automáticamente a nadie en buen juzgador. Culpar al algoritmo resultaba más barato; además, las computadoras no piden derecho de réplica.
Ese es el detalle que la reforma no quiso entender; elegir jueces no es lo mismo que elegir representantes políticos. Un legislador puede llegar con partido, programa, simpatizantes y compromisos públicos; un juez debería llegar lo más solo posible, sin padrinos, sin agradecimientos y sin una multitud esperando que pague el favor. La popularidad o el acordeón puede ganar una elección; no garantiza templanza, conocimiento, independencia ni la mínima capacidad de dirigir un órgano jurisdiccional sin convertirlo en una sucursal del infierno.
Montesquieu quizá no habría comprendido cómo funciona un algoritmo; habría entendido perfectamente lo demás. Cuando el juez debe el cargo, comparte intereses con quienes serán juzgados o dirige un tribunal como si hubiera ganado una oficina en una rifa, el problema no está en la computadora. La máquina puede equivocarse, inventar una tesis, confundir una fecha o redactar una sentencia absurda; el ser humano conserva el privilegio de hacer todo eso y, además, culpar a la máquina.
Nos prometieron una justicia purificada y terminaron entregándonos los mismos vicios, ahora elegidos por voto popular. Cuando los conflictos de interés llegaron a la Corte, les llamaron cercanía; cuando aparecieron los compromisos políticos, les llamaron democracia; cuando los problemas estallaron en un juzgado, le echaron la culpa a la inteligencia artificial. Al paso que vamos, el día que desaparezca por completo la independencia judicial también culparán al algoritmo; será la primera vez que una máquina pierda algo que nunca tuvo, mientras los humanos conservan intacta la costumbre de no hacerse responsables.
