Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
José Saramago imaginó en Ensayo sobre la ceguera una sociedad que pierde la vista y termina perdiendo algo peor, la capacidad de preocuparse por los demás; en México hemos conseguido una versión bastante económica de aquella tragedia, podemos ver perfectamente lo que ocurre, reconocer las injusticias y continuar con nuestras ocupaciones como si nada.
La novela retrata una comunidad donde cada quien espera que otro resuelva el desastre, hasta que descubre que nadie vendrá a salvarlo. Algo parecido ocurre con nuestra democracia, donde los ciudadanos votamos, los políticos se reparten el poder y después nos sorprende que las decisiones importantes se tomen sin preguntarnos demasiado.
A quien lleva dos horas esperando una consulta en el hospital público, trabaja para pagar la renta o descubre que su pensión apenas alcanza para sobrevivir, probablemente le importe muy poco cómo se distribuyen las diputaciones plurinominales; tiene problemas bastante más urgentes que averiguar cuántas curules consiguió un partido.
Pero hay un detalle que merece atención, esos diputados aprueban el presupuesto federal, participan en la legislación sobre impuestos, trabajo y seguridad social, además de intervenir en las reformas constitucionales.
Sus decisiones no garantizan que lleguen medicamentos al hospital ni que aumente una pensión, pero determinan buena parte de las reglas y recursos con los que después vivimos. Así que aquellas discusiones parlamentarias que parecen tan lejanas terminan apareciendo en nuestras vidas, aunque sus protagonistas jamás hayan tenido que esperar turno en la misma ventanilla.
En 2024 ocurrió una curiosidad electoral que ayuda a comprender el problema; Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo reunieron aproximadamente el 55 por ciento de los votos en la elección de diputados y terminaron con 364 de las 500 curules, casi el 73 por ciento de la Cámara. La diferencia tiene una explicación jurídica, aunque a primera vista parezca que las matemáticas también consiguieron un empleo en el gobierno. México elige 300 diputados por mayoría relativa, quienes ganan los distritos, y otros 200 mediante representación proporcional, conocidos como plurinominales, concebidos para que los partidos con menor votación también participen en las decisiones legislativas.
El artículo 54 constitucional establece un límite de sobrerrepresentación de ocho puntos porcentuales por partido, con la excepción prevista para los triunfos distritales; como Morena, el Verde y el PT compitieron coaligados en numerosos distritos, pero fueron evaluados individualmente al distribuir las plurinominales, consiguieron una ventaja conjunta considerablemente mayor.
El Tribunal Electoral confirmó esa interpretación en 2024, apoyándose en el texto constitucional. La discusión jurídica es legítima y tampoco puede ignorarse que ganar distritos produce ventajas propias de cualquier sistema mayoritario; la controversia aparece cuando esas ventajas, sumadas al reparto proporcional, permiten alcanzar una mayoría legislativa muy superior al porcentaje de votos recibido.
¿Y qué cambia para una familia de Zacatecas que apenas llega a fin de mes? Mucho, aunque no siempre resulte evidente. Una mayoría ordinaria puede aprobar leyes y presupuestos con menor necesidad de negociar con otras fuerzas; una mayoría calificada en la Cámara, acompañada de las votaciones exigidas en el Senado y las legislaturas locales, puede incluso modificar la Constitución.
Hablamos de decisiones que alcanzan las pensiones, la educación, la salud y el funcionamiento de los tribunales. Ninguna mayoría está obligada a equivocarse por ser grande, pero cuanto menos necesita escuchar a otros para aprobar sus propuestas, mayor importancia adquieren la vigilancia ciudadana y los controles institucionales. Los diputados de oposición tampoco poseen el monopolio de la sensatez, aunque algunas veces parezcan convencidos de ello.
Por eso resulta relevante la propuesta de Ricardo Becerra y la Alianza Democrática para la Observación Electoral, que plantea al INE revisar para 2027 el tratamiento de las coaliciones y la militancia efectiva de los candidatos. La intención es impedir que la representación proporcional termine ampliando aquello que constitucionalmente debería moderar.
Existen antecedentes judiciales sobre la protección de las minorías, pero modificar el criterio federal exige respetar la Constitución y las competencias del Tribunal Electoral; tampoco sería aceptable corregir una interpretación discutible mediante otra que desconozca las reglas vigentes. El problema merece una solución jurídica, no una ocurrencia de último momento para beneficiar al partido que esté perdiendo.
Saramago comprendió que una comunidad comienza a recuperarse cuando sus integrantes dejan de esperar soluciones individuales y aprenden a ayudarse, organizarse y actuar colectivamente; nuestra democracia necesita algo de esa lucidez.
Resulta fácil indignarse cuando el Congreso aprueba una ley que nos perjudica, bastante menos habitual es interesarse por las reglas que determinaron quién podía aprobarla. La representación proporcional tiene defectos discutibles, pero nació para evitar que millones de votos quedaran sin una voz efectiva en el Legislativo.
Conviene recordarlo antes de celebrar cualquier fórmula que entregue más poder al vencedor, porque las reglas que hoy favorecen a unos mañana pueden beneficiar a sus adversarios. En la novela, los personajes tenían una desgracia que justificaba su desorientación, estaban ciegos; nosotros vemos cómo se distribuye el poder, pagamos sus consecuencias y todavía confiamos en que quienes salen beneficiados tengan la delicadeza de repartirlo justamente.



























