La Cámara de Diputados analizará junto con los subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los detalles e implicaciones del recorte al gasto por un monto de 0.7 por ciento, anunciado este viernes 30 de enero por el titular de la dependencia, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.
El también coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que dicho estudio se llevará a cabo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, que se llevará a cabo el próximo martes 3 de febrero.
En el marco de la reunión plenaria de los diputados federales del tricolor, en la que el propio secretario Luis Videgaray participó a puerta cerrada, Beltrones Rivera manifestó que la Cámara valorará la situación y contribuirá a implementar la medida a la que volvió a calificar como “responsable y necesaria”.
Recalcó que aunque es una facultad legal del Presidente de la República hacer ajustes al gasto en áreas específicas, desde San Lázaro se tomarán cartas en el asunto y aunado a la visita de los subsecretarios de Hacienda y de Ingresos, se solicitará una evaluación al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Insistió en que era “inevitable” el movimiento presupuestal, debido a la caída en el precio internacional del petróleo, de modo que lo “raro” o condenable o contradictorio, habría sido que el Ejecutivo no decidera reducir su gasto.
En un ejercicio de imaginación, dijo que si persiste el desplome en los precios del crudo, la lógica apuntaría a un segundo recorte, pero la previsión es que ello no suceda.
Recalcó que durante su reunión privada con el titular de Hacienda, éste reiteró que pese a las condiciones adversas para las finanzas públicas, se mantiene el plan de no incrementar impuestos este 2015, de modo que no hay lugar para especulaciones.
El líder de los príistas en San Lázaro fue enfático en señalar que no haber optado por la disminución del gasto, generaría al país un daño mucho mayor, pues mantener el mismo ritmo de gasto con ingresos menores a los previstos, sería una equivocación.
Durante la plenaria a la que asistieron como invitados el líder del PRI, César Camacho; el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, los legisladores de ese partido definieron su agenda de trabajo para el último periodo ordinario de la LXII Legislatura.
En colaboración con el Partido Verde Ecologista (PVEM), los priístas acordaron impulsar en el rubro económico, la reglamentación de la deuda de estados y municipios, el fortalecimiento del salario mínimo y cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
En el tema de seguridad y justicia, promoverán el Mando Único de la Policía, facultarán al Senado para que ordene la desaparición de policías municipales y ayuntamientos en caso de infiltración del crimen organizado, ajustarán las capacidades del Legislativo para definir competencias sobre delitos del fuero común y el fuero federal, se avanzará en una ley única de justicia para adolescentes y se ajustarán los términos del sistema nacional penitenciario.
Sobre transparencia y rendición de cuentas, determinaron concretar el Sistema Nacional de “Integridad Pública”, lo que otros partidos denominan el “Sistema Nacional Anticorrupción”.
De igual modo, en el aspecto de energía y medio ambiente, se propondrá una nueva ley de Aguas Nacionales, una ley para la protección de las playas, reformas al sistema forestal mexicano y cambios en la normatividad sobre la disposición de residuos o manejo de basura.
En lo referente a seguridad social, se habrá de concretar la pensión universal para adultos mayores de 65 años, el seguro de desempleo, cambios al sistema de ahorro para el retiro y una ley de protección a los derechos de personas con autismo.
En el Senado, se empujaran los cambios pendientes al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la regulación del trabajo infantil, sanciones al robo de combustible, fortalecimiento del INFONACOT, la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía, la nueva Ley de Obras Públicas y se habrán de concretar los cambios a la Ley contra la trata de personas.
