Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Hay una manera bastante eficaz de ganar elecciones sin necesidad de contar mal los votos, conseguir que los adversarios nunca lleguen a la boleta. Es un método que ahorra discusiones, impugnaciones y hasta gastos de campaña; mientras unos políticos recorren colonias, se toman fotografías con niños que no conocen y prometen arreglar lo que llevan años sin resolver, otros podrían encontrar ventajas mucho más eficaces mediante el dinero ilegal, las amenazas o el respaldo indebido de alguna autoridad. El elector llegará el domingo, marcará su boleta y regresará a casa convencido de haber decidido, aunque quizá nunca se entere de quiénes quedaron fuera de la competencia ni por qué.
México prepara para 2027 una elección de dimensiones extraordinarias, más de 102 millones de posibles votantes, cerca de 177 mil casillas y más de 20 mil cargos públicos en disputa, cifras suficientes para que nuestros políticos se feliciten por organizar otra jornada histórica. Sin embargo, el primer reporte electoral de Integralia advierte riesgos bastante menos decorativos, desde la intervención del crimen organizado y el financiamiento ilícito hasta la compra de votos, el uso electoral de programas sociales y la participación indebida de funcionarios públicos. La preocupación merece atención porque esos hechos, cuando ocurren, pueden modificar una elección mucho antes de que intervengan los ciudadanos, y para entonces quizá resulte demasiado tarde descubrir que hubo competencia en las boletas, pero nunca en condiciones de libertad.
En Zacatecas elegiremos gobernador, diputados y autoridades municipales; basta conocer un poco nuestro estado para entender que las campañas no se desarrollan igual en todas partes. Una cosa es pedir el voto en una colonia donde cualquiera puede organizar una reunión y otra hacerlo en una comunidad donde la violencia condiciona la vida cotidiana. Pensemos en un aspirante a presidente municipal que recibe amenazas y decide retirarse, frente a otro que dispone de dinero ilícito o utiliza apoyos gubernamentales para conseguir simpatizantes; probablemente el ciudadano nunca conocerá las circunstancias completas, verá propaganda, escuchará discursos y encontrará nombres impresos en una papeleta. Después vendrán las estadísticas de participación y las felicitaciones institucionales, porque en México somos capaces de discutir durante semanas el porcentaje de votos mientras dejamos sin respuesta preguntas bastante más elementales.
Nuestra Constitución, que suele aparecer oportunamente en los discursos y desaparecer cuando estorba, establece en su artículo 41 que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas; el artículo 35 reconoce el derecho a votar y ser votado, mientras que el 134 exige imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Son disposiciones de enorme importancia, aunque su cumplimiento no se consigue repitiéndolas en ceremonias oficiales. Si una persona renuncia a competir por miedo, si una candidatura obtiene recursos de procedencia ilegal o si un gobierno utiliza su estructura para favorecer a los suyos, las reglas constitucionales quedan comprometidas, independientemente de que después se instalen todas las casillas y las actas estén perfectamente llenadas. El derecho a votar supone poder escoger libremente entre candidaturas que hayan tenido oportunidad de competir conforme a la ley.
Quizá alguien se pregunte qué importancia tiene todo esto cuando hay asuntos más urgentes, como la inseguridad, los servicios médicos deficientes, los salarios que apenas alcanzan y los municipios que cada año prometen resolver los mismos problemas. Precisamente ahí está la relación que pocas veces discutimos, quienes ganan las elecciones administrarán presupuestos, nombrarán funcionarios, decidirán prioridades y ejercerán autoridad sobre nuestra vida cotidiana. Si una candidatura llega comprometida con intereses ilegales, existe el riesgo de que después tenga que pagar esos compromisos utilizando facultades públicas; el ciudadano, que nunca participó en semejante negociación, podría terminar pagando la cuenta. Ya resulta bastante costoso mantener a nuestros representantes como para añadirles acreedores clandestinos.
Tampoco sería serio afirmar que toda elección está controlada por delincuentes o que cada candidato responde a intereses oscuros; Integralia identifica riesgos y éstos deben investigarse, prevenirse y, cuando existan pruebas, sancionarse. Las autoridades electorales, las fiscalías y los tribunales tienen responsabilidades distintas, pero ninguna debería acostumbrarse a que la intimidación o el financiamiento ilícito formen parte del paisaje político. A los partidos convendría exigirles algo más que declaraciones contra la corrupción, empezando por explicar quién paga sus campañas y cómo seleccionan a quienes pretenden gobernarnos; sería interesante comprobar cuántos mantienen su entusiasmo por la transparencia cuando las preguntas dejan de dirigirse exclusivamente a sus adversarios.
El 6 de junio de 2027 seguramente tendremos fotografías de políticos votando, discursos sobre la madurez democrática y candidatos proclamando que ganó el pueblo, incluso aquellos que pierdan, porque en nuestra política hasta las derrotas suelen anunciarse como victorias. Yo preferiría que antes de celebrar nos preguntáramos cuántas personas pudieron competir sin amenazas, cuánto dinero ilegal consiguió entrar a las campañas y si los gobiernos respetaron verdaderamente las reglas. Una elección puede estar magníficamente organizada y haber sido condicionada desde mucho antes; quizá ésa sea la tragedia que deberíamos evitar, terminar presumiendo que no faltó una sola boleta mientras preferimos no preguntar por los candidatos que faltaron.
