La justicia deja de ser independiente cuando los jueces tienen miedo de contrariar al poder. Y eso es precisamente lo que advertimos desde Acción Nacional cuando Morena impulsó su reforma judicial: el riesgo de convertir los mecanismos de disciplina en instrumentos de presión política.
Primero, Morena modificó el sistema de designación de juzgadores, sustituyendo la carrera judicial como vía de acceso a numerosos cargos por elecciones populares, en un proceso marcado por las polémicas de la tómbola y los llamados acordeones electorales.
Después, creó el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), con amplias facultades para investigar y sancionar a integrantes del Poder Judicial.
No cuestionamos que existan mecanismos para combatir la corrupción y sancionar conductas indebidas. Lo que cuestionamos es que esas facultades puedan utilizarse para castigar resoluciones que incomodan al gobierno.
El artículo 17 constitucional garantiza la independencia de los tribunales. Por su parte, el artículo 100 establece las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, ninguna facultad disciplinaria puede convertirse en una autorización para perseguir a quienes ejercen su función jurisdiccional con independencia.
Las cifras obligan a prestar atención. En su primer año de funcionamiento, el Tribunal reportó 95 sanciones contra 75 servidores públicos y 173 procedimientos administrativos en curso. Estos números no prueban por sí mismos una persecución política, pero sí hacen indispensable revisar la transparencia de sus actuaciones y las garantías de debido proceso.
Dos casos recientes muestran por qué esta discusión resulta urgente.
El primero es el de Martha Eugenia Magaña López, quien en 2024 concedió una suspensión provisional relacionada con el proceso legislativo de la reforma judicial y posteriormente enfrentó un procedimiento disciplinario. La juzgadora ha denunciado que se pretende sancionarla por sus decisiones jurisdiccionales.
El segundo caso, particularmente grave por sus implicaciones para Zacatecas, es el de María Citlallic Vizcaya Zamudio.
No estamos hablando de cualquier juzgadora. Fue una de las autoridades judiciales que frenaron, mediante suspensiones de amparo, la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano, una de las obras emblemáticas del gobierno de David Monreal.
Sus resoluciones no sólo suspendieron trabajos. También ordenaron retirar maquinaria y materiales de construcción, en respuesta a recursos promovidos por ciudadanos inconformes con el proyecto.
El segundo piso representaba una apuesta política y administrativa importante, un “negociazo”, para el gobierno estatal. Por eso, sus resoluciones tuvieron consecuencias que trascendieron los tribunales y afectaron directamente los planes del Ejecutivo.
Pero hay algo todavía más preocupante.
El pasado 7 de octubre, la jueza fue suspendida provisionalmente por el Tribunal de Disciplina Judicial. Formalmente, la medida se relaciona con presuntas irregularidades en la admisión de una demanda de amparo y la concesión de una suspensión provisional.
Sin embargo, el contexto político no puede ignorarse.
Una jueza dicta resoluciones que frenan una obra prioritaria del gobierno de David Monreal y, tiempo después, termina suspendida por el órgano encargado de disciplinar a los juzgadores.
¿Es una coincidencia? ¿Estamos ante una falta administrativa debidamente acreditada o frente a un posible mecanismo de represalia política?
Desde mi perspectiva, existen razones suficientes para exigir una explicación pública, completa y jurídicamente sustentada. La propia juzgadora ha denunciado presiones y la asociación de juzgadores federales ha advertido sobre los riesgos de utilizar los procedimientos disciplinarios para favorecer intereses políticos.
Y aquí está el fondo del problema: un juez no está para darle la razón al gobernador, al presidente o a cualquier autoridad. Está para hacer cumplir la Constitución, incluso cuando sus decisiones incomoden al poder.
Una resolución judicial puede impugnarse, revisarse e incluso revocarse. Para eso existen los recursos legales. Lo que no debe permitirse es que una decisión contraria a los intereses gubernamentales se convierta, por ese solo hecho, en motivo de intimidación.
Tampoco se trata de otorgar impunidad a los juzgadores. Si existe una falta, debe investigarse y sancionarse con pruebas, imparcialidad y pleno respeto al debido proceso. Pero la disciplina judicial no puede confundirse con obediencia política.
Desde Acción Nacional seguiremos exigiendo transparencia en estos procedimientos y defendiendo la independencia de los tribunales. Porque los contrapesos constitucionales no son obstáculos para gobernar: son garantías para evitar los abusos de poder.
Que Morena y los gobiernos estatales lo tengan claro: los jueces no están para obedecer a los políticos, sino para hacer cumplir la ley.
Y cuando un juez tiene miedo de resolver contra el poder, quien verdaderamente pierde no es el juzgador, sino el ciudadano que acude a los tribunales buscando justicia.
Noemí Luna
Diputada Federal
