El diputado Alfredo Femat Bañuelos cuestión al secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, la iniciativa de cero deuda gubernamental, ya que el endeudamiento público no necesariamente es negativo cuando se utiliza para financiar proyectos productivos.
En su su intervención durante la comparescencia en comisiones del secretario de Economía en la Glosa del V Informe, el legislador señaló que uno de los problemas de la administración estatal ha sido la falta de una comunicación pública efectiva, pues “los resultados presentados durante las comparecencias no siempre son conocidos por la ciudadanía”.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), planteó la necesidad de atender el cierre de negocios en el Centro Histórico, revisar la política de cero deuda y garantizar que la actividad minera genere mayores beneficios económicos y ambientales para Zacatecas.
En materia económica, advirtió que diversos negocios del Centro Histórico de la capital han cerrado durante los últimos meses, situación que relacionó con el encarecimiento de las rentas, por lo que solicitó al funcionario alternativas para proteger a los pequeños comerciantes y evitar la pérdida de empleos.
Gentrificación en el Centro Histórico
En respuesta, Miranda Castro reconoció que el Centro Histórico enfrenta un proceso de gentrificación y sostuvo que su atención requiere la participación de los tres órdenes de gobierno.
Aunado a esto, abordó la necesidad de un plan de manejo y señaló la necesidad de atender el ambulantaje y sus efectos sobre los negocios establecidos que, dijo, “son los que pagan impuestos y generan empleos”.
Respecto a la minería, el diputado expuso que las comunidades del semidesierto no siempre perciben beneficios proporcionales a la explotación de sus recursos naturales, por lo que llamó a fortalecer las medidas de mitigación de impacto ambiental mediante la habilitación de plantas tratadoras de agua.
También propuso que las secretarías de Economía, Finanzas y Agua y Medio Ambiente coordinen esfuerzos para medir la contaminación industrial, promover la reutilización del agua y establecer indicadores que permitan determinar con precisión las contribuciones correspondientes al impuesto ecológico.
El secretario respondió que existe coordinación institucional, aunque reconoció que algunas modalidades del llamado impuesto ambiental están sujetas a interpretación jurídica y pueden derivar en medios de defensa por parte de las empresas.
