El senador del PAN, Fernando Torres Graciano, propuso reformar los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, para que las mujeres puedan solicitar libertad provisional cuando cometan delitos no graves, y así evitar sobrepoblación en los centros penitenciarios.
De esa manera no ingresarían a un centro de prisión preventiva, y planteó que el juez que dicte sentencia que no exceda cuatro años sustituya la prisión o se otorgue el beneficio de condena condicional para que no le remita a una cárcel.
En la iniciativa, que se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación, se argumenta que la prisión es muy cuestionada y que en México existe un abuso excesivo de ella.
Informó que debido a la prisión preventiva, casi la mitad de los internos se procesan privados de la libertad, aún cuando constitucionalmente son inocentes.
“La población penitenciaria por situación jurídica del fuero federal en agosto de 2014 era de 25 mil 945 procesados del fuero federal en los centros penitenciarios, de ellos, 24 mil 80 son hombres y mil 865 son mujeres”.
“En el fuero común había 86 mil 636 procesados: 81 mil 395 hombres y cinco mil 241 mujeres”, detalló.
Agregó que lo anterior ha contribuido a una crisis penitenciaria, ya que en agosto de 2014 había 386 centros penitenciarios en el país, con capacidad para 201 mil 80 internos, sin embargo, había recluidos 257 mil 807.
Esto es, existía una sobrepoblación de 56 mil 727 personas y 217 centros con sobrepoblación, y había una ocupación penitenciaria del 128.21 por ciento.
El legislador por Guanajuato expuso que el hacinamiento en las cárceles deteriora las posibilidades de reinserción y afecta la salud física y mental de los reclusos.
Además de que trae consigo problemas de salud, violencia, indisciplina, autogobierno de los reos y carencia en la prestación de servicios como trabajo, educación, deportes y médicos.
Respecto a la situación de las presas, refirió que un estudio elaborado por organizaciones civiles de América Latina determinó que, excepcionalmente, pueden pagar un abogado o una fianza, por lo que tienen mucho riesgo de pasar demasiado tiempo en prisión preventiva.
La gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad están acusadas de delitos contra la salud, pero generalmente no son protagonistas del narcotráfico y están detenidas en cárceles diseñadas para varones, incluso en el mismo espacio físico, precisó.
“Están alejadas de sus familias, abandonadas, en soledad y depresión, expuestas a violencia y acoso sexual, viven el embarazo y la maternidad en prisión y pierden la custodia de sus hijos”, detalló.
Resaltó que se abusa de la prisión y no se utilizan sanciones alternativas o medidas no privativas de la libertad que resultarían menos costosas y podrían ser más apropiadas.
“La prisión preventiva trae como consecuencia la contaminación criminógena, que se refiere a cuando los procesados probablemente inocentes o quienes cometen delitos no graves son obligados a convivir con reos o sentenciados peligrosos y aprenden conductas criminales”, consideró.
Finalmente, planteó que sería más conveniente que las penas de prisión de corta duración se sustituyan por medidas menos gravosas que beneficien a las personas, pues la prisión no sólo es costosa desde el punto de vista social sino también monetariamente.
