ZACATECAS.- La procuradora de Justicia en el estado, Leticia Soto Acosta, señaló en el tema de la demanda interpuesta hace ya algunos años sobre la compra del transporte público, que se trata de un procedimiento de carácter civil y que no tiene trascendencia penal debido a que no se comprobó que hubiera dolo o fraude con intención de hacerse de un enriquecimiento ilícito por parte de quien se presentó la denuncia. “El juez determinó que se trataba de un asunto netamente mercantil y es la vía por la que se tiene que seguir”.En cuanto a las discrepancias de datos emitidos por la base de datos de la Procuraduría estatal y por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, manifestó que en la PGJEZ se registra en la página de estadísticas las carpetas de investigación que se inician, mientras que en el documento de la instancia federal se trata del número de víctimas.
Es decir, que en un accidente pueden morir dos o más personas y nosotros iniciamos una sola carpeta de investigación independientemente del número de víctimas. Así, agregó, cuando se revisa la página de la Procuraduría, se aclara que se trata de los asuntos que se están investigando, las carpetas de investigación o averiguaciones previas que se abren.
Mientras tanto, en el documento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es muy específico, claramente se señala que es la estadística de víctimas.
Por otro lado, señaló que se han tenido homicidios dolosos, algunos de ellos relacionados con la delincuencia organizada, donde han resultado con pérdida de vida hasta cuatro personas, como en el caso de la colonia Pánfilo Natera y algunos más donde hay varias ejecuciones. En estos casos, insistió, se abre una sola carpeta de investigación aunque sean más de una víctima.
En lo referente a la denuncia presentada contra el alcalde de Morelos, Horacio Franco, interpuesta por presuntos defraudados en un programa de vivienda para el cual aportaron 15 mil pesos, y que ciudadanos temen que no se les regresen, dijo que se ha presentado una serie de actuaciones por parte del ayuntamiento mediante las cuales la mayoría de los implicados en el programa ya recibió el apoyo de una casa.
Lo que se está haciendo por parte de la Procuraduría con el grupo de ciudadanos que asegura no haber recibido el beneficio, es indagar sobre quién entregó el dinero y que puede ser considerada como víctima de delito. Se ha insistido con el alcalde a cerca de los convenios reparatorios con estas personas y en algunos casos se ha logrado. Se ha atendido el asunto bajando algunos recursos, pero la carpeta de investigación quedará abierta.
En otro tema, corroboró que fue descubierto el cuerpo de un masculino, al parecer miembro del Ejército mexicano, y las causas de la muerte son heridas por arma punzocortante. Se trata de un incidente en el que la dinámica no es tipo ejecución, de manera que se presume que no es una muerte relacionada con el crimen organizado. No adelantó más datos debido a que en el momento de la entrevista con la funcionaria se llevaba a cabo la necropsia de ley.
Dijo la procuradora que al término de la administración se entregarán cuentas importantes a cerca de muchos de estos homicidios esclarecidos, y en más de 50% se tiene un responsable identificado. En algunos casos no se les podrá procesar debido a que también perdieron a vida.
En otro tipo de homicidios, como en el caso del periodista de Canal 9, se ha obtenido una sentencia condenatoria, y en muchos otros casos el trabajo de la Procuraduría, de los investigadores y peritos, han llevado a sentencias condenatorias importantes.
En el caso de secuestros, se acaba de obtener sentencia condenatoria por 50 años de prisión para las personas que privaron de la libertad a un joven de apellido Torres, en Villanueva. Además, se tienen 66 detenidos, y se ha estado haciendo un trabajo importante, aseveró.
En el Centro de Justicia para Mujeres ya se ha atendido a más de 260 féminas en las cuatro semanas que tiene de actividad, aseveró, y destacó el trabajo del Instituto de ciencias forenses, que cuenta con un nuevo edificio y equipo de primer nivel que permite ir a juicio llevando elementos importantes. De este modo se procederá con el caso del profesor Haro, juicio que comenzará pronto ante un tribunal oral. “Estamos convencidos que tenemos las pruebas para lograr una condenatoria”.
Los más de 200 agentes del Ministerio público, el servicio profesional de carrera y el hecho de que el personal de la Procuraduría es permanente, han hecho que se tengan mejores resultados. De igual forma, los agentes de la Ministerial tienen una carrera policía, concluyó.
Con información de: Periódico Mirador
