LA COLORADA, Chalchihuites, Zac.- Sus rostros denotan un profundo sentimiento de tristeza combinado con la rabia. Un fenómeno que se ha extendido a lo largo del territorio zacatecano, mismo que es reconocido a nivel internacional por su producción en plata, sin que se llegue a comprender el alto costo que han tenido que pagar cientos de familias de regiones aledañas, que se han visto despojadas de dicha riqueza y de sus propios hogares por la llegada de compañías extranjeras.
Son gente humilde, trabajadora, víctimas de la explotación minera. Las lágrimas brotan de sus ojos cuando recuerdan la injusticia que se ha cometido en su contra. Una historia difícil de creer mientras la narran debajo de ese cielo azul intenso, donde la vegetación es abundante.
Son familias de 18 ex trabajadores de La Colorada, mina de plata polimetálica subterránea perteneciente a la empresa Plata Panamericana S.A. de C.V. quienes viven en la incertidumbre patrimonial desde 2013, fecha en que fueron demolidas 142 casas luego de que fuera aprobado un proyecto de expansión para la mina por haber alcanzado su máxima capacidad.
Dicho proyecto avizoraba que la capacidad total de procesamiento de las plantas de La Colorada se aumentara progresivamente de las mil 330 toneladas por día alcanzadas en 2015, a mil 500 toneladas por día en Septiembre de 2016 cuando el nuevo pique entrara en funcionamiento, y a mil 800 toneladas por día a finales de 2017.
Los más afectados por el proyecto de expansión fueron los habitantes de la comunidad La Colorada, ubicada en la cordillera de la Sierra Madre en Zacatecas, en el municipio de Chalchihuites, quienes ante la presión de personal de la minera firmaron un contrato de comodato para habitar las casas que la empresa les ofrecía para así apropiarse el territorio federal propicio para la extracción de plata.
En la minuta de trabajo celebrada entre la empresa, habitantes del lugar y la Secretaría General de Gobierno en 2015, la mina ofrecía trabajo a los habitantes, así como un nuevo hogar en la nueva unidad habitacional, mismo que sería por tiempo indefinido, a pesar de que la empresa se retirara del lugar.
Asimismo, se comprometieron a no construir sobre las casas derribadas, a darles dos hectáreas de tierra para huertos familiares así como la promesa de un parque, sin embargo, a la fecha la empresa ha demostrado poco o nulo interés en beneficiar a la comunidad.
La población, no conforme con el incumplimiento de la minera, se manifestó pacíficamente sin que se pararan las labores de la mina, sin embargo, José Francisco Tamayo Serrato, apoderado legal de la comunidad, refirió que ya se habían tomado represalias en su contra, al ser despedidos 18 trabajadores, quienes ahora enfrentan el riesgo de perder las casas en comodato que les ofreció la mina el 13 de febrero, fecha en la que se cumplen los 30 días que les dieron para desalojar los inmuebles.
La casa de Don Salvador Rentería es la única que prevalece. Ubicada cerca del malacate de la mina, con una tiendita con pocos productos. Una casa modesta, de la que pende una bandera mexicana, pero con una huerta a su alrededor, llena de vida, con perros merodeando la zona.
Don Chava refiere que le costó 70 años construirla y hacerse de sus cosas. La compañía le ofreció la cantidad de 500 mil pesos, y ante la negativa de venderla, la minera ya ha comenzado las acciones de presión, dejándolo sin agua y energía eléctrica.
Los ex trabajadores refirieron que a cambio de sus hogares, les ofrecieron una casa de lámina, con muebles nuevos, pero muy pequeña y que dista mucho de cubrir sus necesidades de agricultura y ganadería que heredaron de sus ancestros.
La señora Felícitas Guerrero Pasillas es una de las afectadas, apoderada legal de la comunidad, con voz y actitud de valentía, sin dejar de tortear, detalló que una de sus hermanas falleció a causa de la depresión que le provocó el verse despojada de sus pertenencias, y hoy se aferra a pelear por su tierra por encargo de su padre.
“La tierra es nuestra y vamos a luchar por ella, si nos quieren mover, que nos hagan nuestras casas donde las teníamos”.
Actualmente, los pobladores esperan la resolución a su favor de un juicio en el Tribunal Unitario Agrario.
El diputado por el partido de la Revolución Democrática, Santiago Domínguez Luna, presidente de la Comisión Permanente de la 62 Legislatura, aseguró que la situación, luego de lo acontecido también en Salaverna, Mazapil, genera un clima de ingobernabilidad en el estado,
Por último, Alfonso Guerrero Pasillas, responsabilizó al gobernador Alejandro Tello Cristerna de cualquier cosa que pueda pasarles “por no defender a su pueblo”.
