Una jueza federal aprobó el jueves el acuerdo propuesto por el gobierno estadunidense para poner fin a la demanda por “homicidio involuntario” en contra de 12 agentes federales que hace siete años propinaron una brutal golpiza al migrante mexicano Anastasio Hernández que le causó su muerte.
Como parte de la resolución, el gobierno pagará un millón de dólares que será repartido entre los cinco hijos de Anastasio Hernández Rojas, cuyas edades oscilan entre los 10 y 25 años, mientras que un porcentaje será destinado a los gastos de la representación legal.
A la audiencia celebrada en San Diego, California, acudió la familia de Hernández Rojas y activistas defensores de derechos humanos, mientras que del lado del gobierno solo aparecieron los abogados de los agentes señalados en la demanda, que no hicieron presencia en ningún momento.
El acuerdo fue aprobado de manera tentativa por la juez Louisa Porter, ya que quedan algunos detalles de procedimiento pendientes, según detallaron los abogados.
Se estima que, una vez se concreten los detalles que faltan, los deudos del mexicano podrían recibir el monto acordado a pagarles dentro de las siguientes ocho semanas. Los dos hijos menores recibirían su parte cuando cumplan los 18 años.
María Puga, madre de los cinco hijos del fallecido migrante mexicano, señaló que aunque su deseo inicial era llevar el caso a juicio, decidió aceptar el acuerdo del gobierno por considerar que ya era tiempo de “dar vuelta a la página” a un doloroso proceso que se extendió por casi siete años.
Eugene Iredale, abogado que encabeza el grupo legal que representó a la familia Hernández, lamentó que hasta la fecha ninguno de los 12 agentes fronterizos, entre los que se incluyen supervisores, haya recibido algún tipo de sanción por sus acciones.
Con la resolución del caso civil, también salieron a la luz nuevos videos que fueron utilizados como evidencia durante el proceso legal.
En ellos, se observa el momento en que Hernández llega a la estación de la Patrulla Fronteriza antes de ser enviado a la antigua zona de deportaciones cerca de la garita de San Ysidro en California, además de los testimonios de siete de los 12 agentes involucrados.
Anastasio Hernández fue detenido junto a su hermano por agentes de la Patrulla Fronteriza en mayo de 2010 cuando intentaba reingresar a Estados Unidos sin documentos.
Una vez trasladado a la antigua zona de deportaciones se registró un altercado, durante el cual el mexicano fue rodeado por varios agentes, quienes lo golpearon y detonaron descargas eléctricas en su cuerpo en múltiples ocasiones cuando éste se encontraba tendido en el suelo.
Los abogados defensores revelaron que algunos de los oficiales que estuvieron presentes aquella noche decomisaron teléfonos móviles a otras personas que atestiguaron el hecho y les borraron las imágenes.
Los letrados indicaron que el gobierno federal accedió a pagar un millón de dólares, pero después de haber gastado tres veces esa cantidad en pelear el caso en la corte.
