Por Juan Carlos Girón Enríquez
El Estado, no conforme con vulnerar los derechos de los mexicanos, tiene como uno de sus propósitos principales el vigilar de cerca el actuar de los periodista y defensores de derechos humanos.
La era tecnológica y la dependencia laboral que tenemos todos de los aparatos telefónicos ha sido ahora en donde se han centrado los esfuerzos del gobierno por saber que es lo que esta haciendo la ciudadanía. Una invasión excesiva de la privacidad de las personas.
Después de analizar el informe presentado por Article 19, R3D y SocialTIC nos podemos dar cuenta de cómo es una estrategia orquestada cuidadosamente que pretende coartar de manera indirecta la libertad de expresión y, por consiguiente, el derecho a la información de la población.
Es un asunto delicado, no se debe abordar a la ligera, hay varios factores que es pertinente tomar en cuenta, no se trata simplemente de un gobierno o un partido en el poder o la clase política tratando de mantener el status quo, se trata de todo un engranaje que permite al poder, además de perpetuarse, controlar la información de manera indirecta para que la población no sepa todo lo que tiene derecho a saber y que los responsables de la información no estén en posibilidades de dar a conocer dicha información.
El espionaje por parte del gobierno es un problema que atenta no solo contra los directamente afectados, sino contra toda la población, inclusive contra el modelo democrático, puesto que el control indirecto de la información es una herramienta antidemocrática de dominación estatal o gubernamental.
La coincidencia que existe entre los ataques a través de los mensajes de texto y el anuncio que se hace de cierta información que resulta incomoda para el gobierno no puede ser considerada como una mera coincidencia, por el contrario, es premeditado.
Por otro lado, el costo de cada intromisión o ataque nos hace preguntarnos de dónde provienen los recursos para pagar esas infecciones y todo lo que se deja de hacer en materia de políticas públicas para poder destinar 77,000ºº dólares por cada infección.
Lamentablemente, el gobierno esta mas preocupado por perpetrarse en el poder que por llevar a cabo políticas públicas en beneficio de la población, por lo que le resulta tan sencillo desviar recursos para pagar software malicioso en lugar de mejorar escuelas o dar becas a los estudiantes.
Lo que nos lleva a preguntar ¿qué hacen entonces los órganos de supervisión como la Auditoría Superior o los órganos de control interno o los mecanismos anticorrupción? Cuya función es, entre otras, vigilar el destino de los recursos públicos, porque estamos seguros que dichos actos de espionaje no fueron pagados con recursos propios de quien ordenó la infección.
Pero un elemento que no podemos olvidar es todo lo que el gobierno pretendía saber o callar con estas intromisiones ilegales en la privacidad de los defensores, activistas y periodistas, porque finalmente la labor de éstos depende de todos los errores que cometen los gobernantes, por lo que el querer saber antes que nadie los movimientos de cada activista y cada defensor y cada periodista pone en riesgo no solo a ellos, sino a sus defendidos, protegidos o fuentes que proporcionan información que afecta la imagen del gobernante en turno.
Podrán decir: “no soy periodista, no soy activista, no soy defensor de derechos humanos, así que no me interesa”. La realidad es que todos podemos tener algo o saber algo que al gobierno no le interesa que se sepa por lo que todos somos víctimas potenciales de espionaje por parte del Estado. ¿Quién le garantiza a usted que no lo estén espiando ya?
