Por Juan Gómez
Director general de Pórtico
De la periferia al centro observamos los cambios de la comunicación social y de la comunicación presidencial que hoy nos ha tocado vivir y registrar, en una etapa de la vida política y social del país, que avanza riesgosamente hacia la división y la confrontación como nunca antes habíamos experimentado.
La comunicación social de los gobiernos en general, tanto priistas como panistas, estuvo normada por la bolsa presupuestal asignada cada año a la publicidad oficial, aunque el reparto del financiamiento público siempre se caracterizó por la discrecionalidad y la opacidad en los criterios de distribución.
Más de 70 años de gobiernos priistas trazaron las líneas de la política de comunicación social para medios electrónicos y escritos en el país, al amparo de la connivencia entre poder y prensa.
A mediados de los años setentas emerge y se fortalece un sector crítico al poder en la prensa mexicana cuyo germen anidó en Excélsior “El periódico de la vida nacional” y que después de la ruptura y el éxodo, se formarían otros medios de comunicación como Proceso, UnoMásUno y La Jornada, los más representativos.
La confrontación entre el presidente Luis Echeverría Álvarez y el grupo de periodistas en Excélsior que encabezaba Don Julio Scherer García, solo es parte de un episodio que siempre ha acompañado las relaciones medios-poder en México.
El poder presidencial de los gobiernos priistas se caracterizó por el sometimiento por la fuerza y el dinero de la prensa mexicana. El binomio intimidación y dinero, siempre fue la fórmula para condicionar las relaciones con los medios de comunicación.
A la ruptura de Excélsior siguió la confrontación en Proceso cuando el presidente José López Portillo dijo “No pago para que me peguen”, refiriéndose a la línea crítica de la revista en contra de su gobierno y a la contratación de publicidad oficial.
Esa es la mentalidad, hasta este momento, que ha prevalecido en el gobierno de la República, y que no es ajeno al comportamiento de muchos gobernadores de las entidades federativas.
Los gobernantes creen que el dinero público es suyo y no distinguen diferencia entre la comunicación social y la del gobernante en turno.
Se asumen como propietarios de la administración gubernamental cuando no han hecho ningún tipo de inversión de su capital personal para la conformación del erario público, que se integra con la recaudación de todos los mexicanos sujetos a la hacienda pública y por los servicios que generan algunas paraestatales.
En el poco tiempo que están al frente de la administración pública se asumen como dueños de vidas y haciendas, y creen que todos y todas deben estar a su servicio y respondiendo sumisamente a sus caprichos.
Existen dos ejemplos que ilustran puntualmente la mentalidad de los hombres cuando llegan al poder, indistintamente si son de priistas, panistas o morenistas. No hay distingos. El poder no tiene respeto ni toma en cuenta la función social de los medios de comunicación en general.
Basta recordar lo que decía el presidente priista Carlos Salinas de Gortari: ni los veo ni los oigo; y lo que respondía Vicente Fox Quezada ante las críticas a su gobierno: yo ya dejé de leer una buena cantidad de periódicos, porque francamente me amargaban un poco el día.
Otros presidentes como el priista Enrique Peña Nieto optaron por invertir carretonadas de dinero -igual que los anteriores- a su gobierno en materia de publicidad oficial, buscando con ello posicionar a su administración y evitar las críticas y el desgaste. Nada de eso sucedió.
Sin embargo en los últimos días de su administración Peña Nieto canalizó a medios $2,274 millones de pesos. Tan solo 12 anuncios de su despedida sexenal costaron 165,6 millones de pesos.
En la autodenominada “Cuarta Trasformación” de la administración lopezobradorista no hay punto de comparación en cuanto a la asignación económica a medios de comunicación, en relación con la administración de Peña Nieto.
De enero a septiembre de 2019 las dependencias gubernamentales del presidente Andrés Manuel López Obrador, han gastado 143 millones 384 mil 278 pesos en publicidad oficial, en tanto que lo ejercido por Enrique Peña Nieto en el mismo período, fue de Un mil 923 millones 469 mil 099 pesos.
Pero la información contenida en la Secretaría de la Función Pública solo es preliminar y los datos se registran solo hasta el mes de septiembre del año pasado, faltarían tomar en cuentan los gastos publicitarios de la Presidencia de la República y las campañas promocionales que implementó en ese período.
Aunque la diferencia es abismal, lo que es un hecho es que hace falta transparencia en el gasto público de la publicidad oficial de la actual administración federal.
Pero la relación del actual mandatario con la prensa mexicana es muy clara y está normada por la descalificación personal presidencial: O son fifís y conservadores o aliados de la 4T.
El presidente López Obrador redujo sustancialmente la asignación presupuestal al gasto de medios de comunicación para debilitarlos económicamente -aunque él tiene a sus preferidos-, y sumó la descalificación a quienes no comparten o apoyan su estrategia gubernamental. No solo dividió sino que polarizó la relación con la prensa mexicana.
Además utiliza a los medios públicos para orquestar la estrategia en contra de la prensa crítica a su gobierno, como es el caso de Notimex que dirige la periodista Sanjuana Martínez.
La relación gobierno-prensa fue durante muchos decenios dinero o garrote, pero hoy es ataque y descalificación para el disenso.
La sociedad mexicana está más allá de un sexenio y de un hombre, su trascendencia en el tiempo requiere de una prensa libre, profesional e independiente; crítica del poder gubernamental y de los poderes fácticos, pero también que refleje con equilibrio y veracidad, el devenir de la sociedad y de sus actores.
Al tiempo.
