En el actual gobierno, a todas las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (aproximadamente 14 mil al año) se les da el mismo trato, de acuerdo con los ordenamientos legales.
El Ministerio Público no actúa bajo consigna ni criterios de otra naturaleza que no sean, precisamente, los apegados al Estado de Derecho. La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas, luego de cumplir con su obligación de realizar auditorías a las dependencias de la administración pública, en el caso que nos ocupa, encontró irregularidades consideradas posiblemente constitutivas de delito. Y como es también su obligación legal, las hizo del conocimiento del Ministerio Público.
En una indagatoria que duró poco más de más de siete meses, luego de recabar centenares de documentos públicos y privados, además de pruebas testimoniales entre proveedores del Gobierno del Estado y en todo el país, y después de dictámenes periciales y contables, el Ministerio Público consideró que había conductas tipificadas en nuestra legislación como delito.
El Ministerio Público, como está obligado, acudió también al Poder Judicial, que encontró pruebas suficientes para obsequiar las respectivas órdenes de aprehensión.
Dicho mandato judicial fue cumplimentado en el Distrito Federal, observando las disposiciones que establece la ley, las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el convenio de colaboración que data del 2007, entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de los Estados, y del
Distrito Federal.
Ahora corresponde al Poder Judicial del Estado de Zacatecas resolver sobre la culpabilidad o inocencia del imputado o de los imputados.
El Gobierno del Estado respetará el fallo que en su oportunidad emita ese Poder, diferente al del Ejecutivo, y en todo momento cuidará el principio constitucional de presunción de inocencia.
Para nosotros, todos los zacatecanos y mexicanos en general, de acuerdo a nuestra propia Constitución, son inocentes mientras no haya una sentencia definitiva emitida por un juez que diga lo contrario.
Lo que sí debemos subrayar es que la justicia debe procurarse y administrarse en todo momento con o sin proceso electoral de por medio, con o sin temporalidades que están ajenas al Estado de Derecho y a la aplicación de la ley.
Estamos comprometidos también con la transparencia y la rendición de cuentas desde que asumí esta responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo del Estado, el 12 de septiembre de 2010.
Ningún servidor público en funciones, o separado de su cargo, puede, por ningún motivo, disponer de manera discrecional e ilegal de los recursos públicos, porque son recursos del pueblo, son dinero de la gente, cuyo destino está etiquetado específicamente por el Poder Legislativo.
Así hemos actuado desde el inicio de mi administración, a un año cinco meses de su comienzo, y lo seguiremos haciendo hasta el final de mi mandato, en el año 2016.
En Zacatecas, a partir de que inició la actual administración, estamos buscando hacer las cosas de manera distinta pero, particularmente, apegados irrestrictamente a la observancia de la ley.
Existe un compromiso real en el combate a la corrupción y a la impunidad, la ley se aplica y se aplicará a los funcionarios anteriores y a los presentes que la violen.
En este Gobierno, una actuación irresponsable y un manejo irregular de los recursos públicos sí tendrá consecuencias.
Estoy decidido a aplicar la ley a todos por igual porque así lo protesté cuando asumí la gubernatura de Zacatecas.
Desde luego, el seguimiento puntual al proceso corre a cargo del propio Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
Si el Juez concediera libertad bajo fianza, el Ministerio Público estará en libertad de decidir si acata el fallo o lo apela.
La Contraloría sigue trabajando y de encontrar circunstancias similares habrá de actuar en consecuencia.
