Dicha iniciativa se encuentra en estos momentos en manos del congreso estatal, de aprobarse como se conoce hasta ahora, subsumiría a la Comisión Estatal para la Integración Social de las personas con Discapacidad en una Secretaría de Desarrollo Social que adjuntar también al Instituto de la Juventud Zacatecana como subsecretarías.
Arnulfo Joel Correa Chacón se abstuvo de precisar más detalles respecto de la queja interpuesta ya que esta impedido por el reglamento de la propia Comisión, que impone sigilo en tanto no se resuelva un expediente.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene cuatro meses a partir de la fecha señalada para investigar, analizar y fallar sobre la queja. Por acuerdo de ambas partes, quejoso y comisión, podría ampliarse el plazo.
Uno de los argumentos que los quejosos dieron a conocer en conferencias de prensa previas, es que la pretensión de la Ley por subsumir la CEISD a otra secretaría viola derechos de los discapacitados establecidos por Tratados Internacionales firmados por México.
Cuestionado al respecto, Joel Arnulfo Correa Chacón, indicó que no podía hacer pronunciamientos en este punto ya que primero tiene que investigar los argumentos de la queja, no obstante, señaló.
“Uno de los tratados internacionales dice que debe haber una consulta previa con personas discapacitadas hablando de políticas publicas de derechos humanos para las personas con discapacidad y nosotros tenemos que saber si realmente hubo o no esa consulta pública, por ejemplo.”
En este sentido cabe señalar que en días pasados Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas, precisó que no es necesario someter a consenso de los grupos afectados la decisión de subsumir organismos desconcentrados para la atención a discapacitados, migrantes, jóvenes y artesanos, al argumentar que restructurar la administración pública es facultad del ejecutivo y el consenso daría pauta a la inoperancia.
“No hay que perder de vista lo que son los derechos constitucionales, las atribuciones y las facultades de cada uno de los poderes, es mi facultad como gobernador, ósea no necesito, y no es, digamos, en ese sentido, un tema que tenga que someterse a una votación pública, ósea, sino, no habría, no habría operatividad de los gobiernos, habría digamos, se estarían politizando todos los temas, si es un asunto de politizar pues creo que siempre habrá buenos temas y habrá buenos pretextos, pero acá lo que se busca es estructurar.”
