Bernardo Hernández/PórticoOnLine
El consejero nacional del PAN incluyó a la entidad zacatecana en una lista de estados a los que es necesario poner atención debido al ambiente de inseguridad que detona la formación de grupos de autodefensa.
En su columna de esta semana en el periódico Excelsior, titulada Autodefensas y protagonismos, el político panista expone que la situación en Michoacán y Guerrero ha llegado a un punto en el que “las autoridades locales han dejado de funcionar como procuradoras de la paz y el orden”.
Más adelante, escribe: “Es necesario tomar en cuenta también estados como Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas (…) donde la gente está cansada del cobro de uso de suelo, secuestros extorsiones y toda cantidad de delitos con los que tienen que sortear”.
Este 5 de febrero las autoridades zacatecanas se reunieron para emitir un comunicado en el que afirman que no existen autodefensas en el estado, luego de que en las últimas semanas políticos de oposición como Geovanna Bañuelos, y grupos como el Frente Social por la Soberanía Popular, han afirmado que ya operan organizaciones de ese tipo en municipios como Pinos.
Dicho municipio llama la atención porque colinda con el estado de San Luis Potosí, donde surgió una autodefensa denominada Huasteca Armada que denuncia el abandono de las autoridades hacia sus comunidades y la frecuente comisión de delitos como extorsiones y venta de protección.
Esta semana, el procurador General de Justicia de Zacatecas, Arturo Nahle, declaró que podrían incrementarse los delitos de extorsión y secuestro en la entidad.
Además, el pasado 4 de febrero, José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, declaró a medios internacionales que estuvo en contacto con personas de Zacatecas, Oaxaca y Veracruz que le pidieron asesoría.
San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca son estados en los que se tiene confirmada la existencia de grupos civiles de combate al crimen según especialistas del Centro Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Zacatecas es uno de los estados en los que el gobierno federal comenzará con su estrategia de combate al secuestro.
La tasa de privaciones ilegales de la libertad en territorio zacatecano en 2013 fue más alta que la de Nuevo León, Coahuila y Durango.
