La XXIV Cumbre Iberoamericana del 8 y 9 de diciembre en Veracruz, con la que México esperaba hacer patente su liderazgo regional, llega en un momento delicado para el presidente Enrique Peña Nieto por el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, que ha causado una fuerte caída en su popularidad.
Pocos imaginaban a comienzos de 2014, cuando solo se hablaba de las reformas estructurales emprendidas por Peña Nieto, sobre todo la apertura del sector petrolero, que al final del año el mandatario iba a tener que lidiar con una coyuntura que ha dejado tan maltrecha la imagen exterior del país como la suya propia.
Según una encuesta difundida el lunes, su aprobación entre los ciudadanos se desplomó de 50 por ciento a 39 por ciento en el último cuatrimestre, “el nivel de popularidad más bajo que ha registrado un presidente de la República desde los años 1995 y 1996, al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, bajo un contexto de fuerte crisis económica”.
Ese día, en que comenzó su tercer año de mandato, Peña Nieto reconoció que al país le falta “camino por andar”, pero advirtió que las autoridades van a “ser perseverantes” para “establecer una nueva plataforma y marco legal que le depare” más “prosperidad, desarrollo y mejores condiciones para los mexicanos”.
Cuestionado por la población por la falta de resultados y la lentitud en la investigación del caso de Guerrero, que estalló el 26 de septiembre y que sigue sin resolverse, el gobernante anunció la semana pasada varias reformas constitucionales contra la corrupción y la violencia.
Esas dos palabras parecían haber sido extirpadas del vocabulario oficial en su primer año y medio de gestión gracias al fuerte aparato de comunicación gubernamental, que a muchos recordó los mejores tiempos del Partido Revolucionario Institucional (1929-2000), de nuevo con la batuta del país de la mano de Peña Nieto (2012-2018).
Pero la demoledora evidencia de la vinculación de las autoridades con el narcotráfico, motivo de la tragedia de Guerrero, ha desatado una ola de protestas en las que las redes sociales han jugado nuevamente un rol vital, con el que pareció no contar el Gobierno.
Mientras trata de recomponer la casa por dentro, con reformas para eliminar las corruptas policías locales y disolver las alcaldías involucradas con el crimen organizado, la Cumbre de Veracruz se presenta como un termómetro idóneo para medir cómo ve al mundo al Gobierno mexicano.
Con una ofensiva diplomática propia de su condición de potencia regional, México espera lograr un alto nivel de concurrencia de mandatarios a la cita.
El secretario (ministro) de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, expresó en septiembre pasado su confianza en que no haya “ninguna silla vacía” en Veracruz, tras la “revitalización” del mecanismo en la anterior cumbre de Panamá (2013), dijo.
Además, un buen número de secretarías de comunicación de presidentes de los 22 países de la comunidad iberoamericana confirmaron en los últimos días su asistencia.
La única baja segura es la de la argentina Cristina Fernández y son duda la brasileña Dilma Rousseff, el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Raúl Castro, aunque en los círculos diplomáticos existe el convencimiento de que al menos este último sí llegará.
La reunión veracruzana abrirá los encuentros de periodicidad bienal y será la primera a la que acudan Felipe VI como rey de España, y la nueva Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.
Sin embargo, nadie duda de que el fantasma de los 43 desaparecidos flotará en el ambiente de la cita y hasta puede causar algún que otro quebradero de cabeza para la nación anfitriona, sea en forma de protesta social o de incidente con otro Gobierno.
Sobre el tema se han pronunciado el presidente uruguayo, José Mujica, que en Veracruz asistirá a su última cumbre, y el boliviano Evo Morales, aunque con distinta fortuna.
Si el andino se solidarizó el 10 de noviembre pasado con las familias de las víctimas, en una declaración que no trajo más consecuencias, el rioplatense llegó a afirmar doce días después que “a la distancia” México parecía “un Estado fallido”, un comentario que no pasó precisamente inadvertido.
El embajador uruguayo en la capital mexicana fue llamado a consultas por la Cancillería mexicana y Mujica acabó matizando sus palabras.
El caso rebotó también indirectamente a Chile cuando el día 20 fue detenido en una manifestación contra el Gobierno mexicano un ciudadano chileno por agredir a la policía y fue recluido después junto a otras diez personas en una cárcel por homicidio en grado de tentativa, asociación delictiva y motín.
Meade, de visita la semana siguiente en Chile, tuvo que reunirse en Santiago con el padre del chileno detenido y asegurarle que “su hijo goza de todas las garantías” de la justicia mexicana.
