La muerte del fiscal que acusó a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de intentar cubrir a terroristas, desató una conmoción política pues se suma a las víctimas que sigue dejando el peor ataque terrorista sufrido en este país.
Alberto Nisman, de 51 años, provocó un revuelo el pasado miércoles, al denunciar que la presidenta y el canciller Héctor Timerman fraguaron un plan para ofrecer impunidad a los iraníes implicados en el ataque sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
El fiscal tenía que comparecer este lunes en la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos de una acusación que alteró el clima electoral, ya que en octubre próximo se realizarán los comicios presidenciales para definir al sucesor de Fernández.
La alerta en torno a Nisman comenzó la tarde del domingo, cuando sus custodios no lograron comunicarse con él por teléfono, además de que se dieron cuenta de que no había recogido los diarios que permanecían en la puerta de su departamento.
El ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, explicaron este lunes que, de acuerdo con la reconstrucción que se ha hecho, los custodios llamaron a la madre de Nisman para entrar a su casa.
Como el fiscal seguía sin responder al timbre, decidieron llamar a un cerrajero que abrió la puerta, después de lo cual la madre del fiscal ingresó y encontró el cuerpo de su hijo, ya sin vida, tirado en el baño.
A su lado había un arma calibre 22 y un casquillo de bala, por lo que hay indicios de un suicidio, aunque eso finalmente lo tendrán que determinar los peritos que realicen la autopsia.
Capitanich aseguró que la justicia “tiene todo el apoyo de parte de las fuerzas de seguridad para garantizar el total esclarecimiento de este hecho doloroso”.
El fiscal de la causa AMIA, quien ocupaba dicho cargo desde el año 2005, se había convertido en un protagonista del debate político nacional, ya que su denuncia contra la presidenta implicaban una gravedad institucional inédita.
Nisman aseguró que el gobierno quería permitir la impunidad de los acusados iraníes para reanudar las relaciones comerciales bilaterales e intercambiar petróleo por granos, lo que el gobierno rechazó desde el primer momento.
La culminación de esta maniobra, denunció el fiscal, fue el Memorando de Entendimiento que Argentina e Irán firmaron en 2013 y a través del cual la república islámica se comprometió a permitir que los imputados fueran interrogados en Teherán, cosa que finalmente jamás ocurrió.
Nisman también denunció que Argentina le ofreció a Irán, en negociaciones ocultas, eliminar la “alerta roja” de Interpol que pesa sobre los iraníes acusados del ataque a la AMIA, cosa que tampoco sucedió porque la orden de detención siempre estuvo vigente.
Como la noticia de su muerte se conoció durante la madrugada, los diarios nacionales tuvieron que imprimir una segunda edición urgente, en tanto que las organizaciones de la comunidad judía reconocieron que estaban “en shock”.
El 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló en las puertas de la AMIA, en pleno centro de Buenos Aires, y dejó un saldo de 84 muertos y centenares de heridos, además de que marcó el inicio de una historia de impunidad.
Un par de años antes, en 1992, había sido atacada la embajada de Israel, pero hasta ahora ninguno de los dos casos ha sido esclarecido, nadie está en la cárcel y las causas están paralizadas.
