La prensa mexicana sufrió el domingo una nueva estocada con el hallazgo del cadáver del periodista Moisés Sánchez Cerezo, que había sido secuestrado el 2 de enero en Veracruz.
El cuerpo de Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años, fue hallado envuelto en una bolsa negra en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, una pequeña localidad de 20.300 habitantes del Estado de Veracruz, informó en una conferencia de prensa el fiscal Luis Ángel Bravo.
El fallecimiento se remonta a “entre 20 y 24 días”, agregó el fiscal estatal de Veracruz, donde desde 2010 han sido asesinados en total 11 periodistas.
Antes de ser secuestrado, Moisés Sánchez Cerezo, propietario y editor del diario La Unión de Medellín, había denunciado en redes sociales ser víctima de amenazas de muerte.
El fiscal dijo que la localización del cadáver fue resultado de la confesión de un expolicía municipal detenido durante la investigación del crimen, quien declaró haber participado en el asesinato de Moisés Sánchez, efectuado el mismo día en que fue secuestrado en su domicilio ubicado en el municipio de Medellín (59.000 habitantes), situado a 400 km de la capital mexicana.
En un comunicado emitido poco después, la fiscalía indicó que el detenido relató que en el secuestro y asesinato de Sánchez participaron “otras cinco personas”, y que el hecho fue cometido “por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la policía municipal de Medellín”.
El expolicía detenido confesó en su declaración judicial que pertenece a una banda dedicada a la venta callejera de drogas.
López Meneses cumple funciones además como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes, añadió el reporte.
Una docena de policías municipales han sido detenidos de forma provisional desde que comenzaron las investigaciones por el secuestro del periodista, cuya publicación se caracteriza por publicar temas relacionados con delincuencia. Omar Cruz presentó de forma voluntaria su declaración.
Moisés Sánchez Cerezo fue secuestrado la tarde del 2 de enero cuando se encontraba durmiendo en su domicilio, y sus raptores se llevaron también su cámara y teléfono celular.
Con su muerte ya suman 11 los periodistas que han sido asesinados en Veracruz desde que asumió la gobernación de ese estado Javier Duarte, en diciembre de 2010.
Uno de los momentos más dramáticos del historial de ataques contra periodistas en Veracruz fue en mayo de 2012 cuando fueron encontrados los cadáveres de cuatro comunicadores en un canal de aguas negras en el Golfo de México, lo que motivó a la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) a clasificar a ese estado como el más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico.
“Veracruz sigue siendo un foco rojo en cuanto a la libertad de expresión”, dijo a la AFP la corresponsal en México de RSF, Balbina Flores, víctima en meses pasados también de amenazas.
Balbina dijo que en el caso de Moisés Sánchez, las autoridades judiciales de Veracruz han tenido un desempeño “irregular” desde el momento en que la familia interpuso la denuncia por secuestro, una “actitud repetitiva” que han mostrado en las autoridades en investigaciones de otros periodistas ultimados.
La familia de Sánchez denunció que las autoridades judiciales se negaron a registrar inmediatamente la denuncia por secuestro “porque no había luz” en sus instalaciones, y después, el inicio de su búsqueda, “demoró más de cuatro horas”, una demora que viola protocolos oficiales, expuso Balbina Flores.
La familia de Moisés Sánchez contó a RSF que “un día llegó una persona a su casa que le dijo que el alcalde (de Medellín) estaba molesto por sus publicaciones y que le daría ‘un susto'”.
RSF pidió a las autoridades judiciales de Veracruz, que “tiene un récord” de crímenes contra periodistas, “profundizar la investigación no sólo contra los detenidos, sino contra todos los que probablemente también habrían participado”, y dejar de “obstaculizar la participación de la fiscalía federal especializada” en este tipo de ataques contra periodistas, continuó Flores.
México encabeza la lista de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, con 82 profesionales de la comunicación asesinados entre enero de 2000 y septiembre de 2014, según RSF.
