Desde su creación, el Seguro Popular redujo 11 por ciento el gasto de las familias destinado a los servicios médicos, señaló el comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas.
Durante la presentación del libro Medicina y Estructuras Jurídico Administrativas en México “Hacia la reforma integral del sistema de salud mexicano”, subrayó que a los beneficiarios del Seguro Popular no se les cobra cuota familiar por tener acceso a esos servicios.
En el auditorio “Dr. Guillermo Floris Margadant”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que entre los objetivos del seguro están brindar protección financiera a la población sin seguridad social.
Hoy es una aseguradora que beneficia a más de 57 millones de afiliados, a quienes brinda la tranquilidad de que en caso de enfermar serán atendidos en la unidad pública de salud.
La fuente de financiamiento del Seguro Popular se conforma con la aportación del gobierno federal en 80 por ciento y de la aportación solidaria de cada uno de los estados, que representa 16 por ciento de los estados.
En tanto, director General de la Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia de la Secretaría de Salud, Francisco Navarro Reynoso resaltó la importancia de que se mantenga control del Sistema Nacional de Salud.
Recalcó además, en un comunicado, que la Secretaría de Salud debe mantener la directriz para que las políticas públicas del sector en todo el país respondan a una política pública nacional y no a intereses individuales o de grupo.
En su intervención Fernando Cano Valle del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó la labor y los resultados del Seguro Popular, que cubre ciento por ciento de los costos en el primer nivel de atención.
Además agregó que por su labor, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una caja de resonancia de la labor de investigación sobre distintos temas nacionales.
A su vez, María Patria Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFA), advirtió que hay insuficiencias en el sector que deben ser superadas para garantizar el derecho a la salud que consagra la Constitución.
