La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este martes analizar la legalidad de las medidas ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama sobre alivio migratorio en noviembre de 2014 y que aún se encuentran bloqueadas por la justicia.
El complejo decreto permite la regularización de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular, aunque las medidas fueron suspendidas después que un tribunal federal de Texas cuestionara su constitucionalidad, alegando que Obama se excedió en sus atribuciones.
La iniciativa de Obama es considerada una ‘amnistía’ para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
La principal medida incluida en los decretos presidenciales es la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, la implementación de los decretos literalmente “blinda” a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de los entidades de defensa de los inmigrantes.
Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con 25 otros estados cuestionando la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente invadió una atribución que es exclusiva del Congreso.
Este martes, Paxton señaló en una nota oficial que los límites de la autoridad presidencial “fueron excedidos cuando el presidente unilateralmente buscó garantizar una ‘presencia legal’ de más de cuatro millones de extranjeros que residen en este país ilegalmente”.
Entre los alegatos contra las medidas, Paxton había criticado el costo adicional que tendría para Texas y los otros Estados la emisión de licencias de conducir para los inmigrantes regularizados.
De acuerdo con Paxton, “al decidir analizar el caso, la Corte Suprema reconoce la importancia de la separación de poderes”.
El anuncio, en cambio, fue inmediatamente aplaudido por legisladores aliados a Obama y por entidades de defensa de los derechos civiles.
Para Todd Schulte, presidente de la influyente organización FWD, los decretos de Obama “están plenamente apoyados en la ley, y por ello la decisión de la Suprema Corte de analizar la situación es un paso “en la dirección correcta”.
En el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El líder del bloque del Partido demócrata en el Senado, Harry Reid, afirmó este martes que las medidas firmadas por Obama “se basan en su bien establecida autoridad constitucional, y tengo la seguridad de que la Suprema Corte fallará a favor de implementarlas”.
En la visión de Reid, a las familias que ya tienen hijos regularizados “se les debe permitir salir de las sombras y contribuir plenamente al país que aman y consideran su hogar”.
Por su parte, el legislador Luis Gutiérrez, apuntó que “la ley, los precedentes legales y la propia gente están del lado del presidente”.
Para Gutiérrez, quienes se oponen a la inmigración desea que las personas que aún están en situación irregular “sigan viviendo en un limbo, viviendo y trabajando aquí pero siempre bajo la amenaza de una deportación inminente”.
Presionado por las críticas a la amnistía, el gobierno autorizó en diciembre pasado la deportación de personas cuya salida del país sea considerada prioritaria, ya sea por la comisión de delitos o por tratarse de extranjeros con antecedentes policiales.
Sin embargo, entidades y testigos denunciaron redadas para detener y expulsar del país a personas -incluyendo familias con niños- que llegaron a Estados Unidos escapando de la violencia en países de América Central.
Notorios aliados de Obama -como los propios congresistas Reid y Gutiérrez, y la aspirante presidencial Hillary Clinton- criticaron ásperamente esas redadas, alegando que esas personas debían ser consideradas refugiados y no inmigrantes económicos.
