La impunidad ante las múltiples violaciones de los derechos humanos y los delitos comunes continúa siendo la norma en México, donde crece la violencia, según el último informe realizado por la ONG Amnistía Internacional (AI).
Según esta organización, durante el pasado año se recibieron nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta que padece el país.
El problema se agrava por la “falta de rendición de cuentas de la Policía y el Ejército” ante la Justicia mexicana, por lo que este tipo de delitos acaban siendo impunes.
Según datos oficiales, más de 22.000 personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido en el país norteamericano.
Entre ellas, se encuentran los 43 estudiantes del estado de Guerrero que el 26 de septiembre de 2014 fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero de Cocula, según una cuestionada versión oficial.
A este respecto, AI destaca que las “iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultaban por lo general infructuosas”.
La ONG constata que ha seguido “recibiendo noticias de numerosos casos de tortura y otros malos tratos, así como información que indicaba que los agentes federales y estatales del ministerio público no investigaban adecuadamente las denuncias”.
En las denuncias, se “seguían atribuyendo muchas violaciones de derechos humanos a soldados y miembros de la Marina, que continuaban siendo desplegados en gran número en operaciones de mantenimiento del orden, incluida la lucha contra la delincuencia organizada”, subraya AI.
Tras varias décadas de campañas por parte de organizaciones de víctimas de la violencia y de la sociedad civil, se abolió el fuero militar para los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles, destaca el documento.
En cuanto a los medios de comunicación y las ONG, “los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas y homicidio”, asegura AI.
Así, según otras organizaciones, México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
La organización de defensa de los derechos humanos también se refiere a los migrantes irregulares “en tránsito seguían viviendo bajo la amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de seres humanos”.
Y los responsables de esta situación “rara vez” comparecían ante la justicia.
A pesar de la existencia de leyes para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia de género era habitual en muchos estados de México, denuncia AI.
Además, los proyectos de desarrollo y explotación de recursos que afectaban a comunidades indígenas en diversas partes del país provocaron protestas y demandas de un proceso adecuado de consulta y consentimiento.
