La presidencia de la República a través del consejero jurídico de la presidencia de la República, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, interpuso el recurso de controversia constitucional ante el Poder Judicial de la Federación, en contra del Impuesto de Responsabilidad Ecológica aprobado por la 62 legislatura del estado a propuesta del gobernador, Alejandro Tello Cristerna.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que el 14 de febrero del año en curso recibió los documentos que acreditan la personalidad jurídica de Castillejos Cervantes, así como el texto de impugnación en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Zacatecas.
En la documentación interpuesta se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se invalide los artículos del seis al 36 de la Ley de Hacienda del gobierno del estado de Zacatecas, publicados el 31 de diciembre del año pasado.
También el documento se solicita la invalidación del artículo 1º, concepto 1,5 de la Ley de Ingresos del estado para el ejercicio fiscal 2017, publicada en el suplemento 3 al número 105 del Periódico Oficial del gobierno estatal, así como el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal del presente año, publicado en el suplemento 20 al número 105 del Periódico Oficial del gobierno zacatecano.
Desde el anuncio que hiciera el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Jorge Miranda Castro, el año pasado cuando anunció la incorporación del impuesto estatal a la industria minera y a la empresa Modelo, elaboradora de la cerveza Corona, los directivos de dichas empresas manifestaron su inconformidad y rechazo, porque ponía en riesgo la viabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo.
Después de que fuera aprobado el Impuesto de Responsabilidad Ecológica, popularmente conocido como Impuesto Minero, la Cámara Mexicana de la Industria Minera, la Asociación de Mineros, Geólogos y Metalurgistas, así como la Cámara Minera del Canadá y otras agrupaciones de profesionistas, manifestaron su abierto rechazo al considerar dicha figura tributaria como sustancialmente recaudadora y no para preservar la ecología.
Pero el dolor de cabeza para el gobierno del estado lo conformaron las movilizaciones y el bloqueo de carreteras que hicieron distintos grupos del Sindicato Nacional Minero Frente que encabeza el fresnillense Carlos Pavón Campos, cuyos miembros reventaron dos actividades del gobernador Alejandro Tello Cristerna.
En el escenario de las movilizaciones, bloqueos y desplegados de rechazo a la aplicación del “impuesto minero”, algunas empresas iniciaron la promoción de amparos ante la justicia federal, así como el sindicato de Carlos Pavón y algunas organizaciones de profesionales de la minería.
Al recibir el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia promovida por el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, se entra en un período de suspensión provisional hasta en tanto la Corte emita una resolución.
