Gerardo García Murillo, Secretario General del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres (SUPDACOBAEZ), confirmó la demanda penal interpuesta en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al Director General del Colegio de Bachilleres de Zacatecas (COBAEZ), Rafael Sánchez Andrade, por los delitos bajo el esquema de abuso de autoridad y retención de recurso.
El Líder sindical informó que se le acusó de abuso de autoridad, por no cumplir con la normatividad que regula la relación laboral dentro del COBAEZ, afectando los derechos de los trabajadores, además de retención de recurso, que en el artículo 353 del código penal de Zacatecas señala, si el patrón tarda en pagar más de diez días a la fecha establecida, puede ser sancionado con tres meses, y hasta dos años de cárcel.
García Murillo mencionó que confían que por esta vía legal, se pueda hacer justicia al actuar del actual Director General, buscando que se dé el resarcimiento de los daños ya ocasionados en los últimos meses.
En cuestión al emplazamiento a huelga estipulado para el próximo 4 de junio, García Murillo expresó que “la idea es no estallar, sino llegar acuerdos”. Enfatizó que de pactar modificaciones al contrato colectivo de trabajo, por petición de los sindicalizados, no firmarán el contrato colectivo con el Sánchez Andrade, puntualizando que tiene como plazo hasta la fecha del emplazamiento para continuar en el cargo directivo.
QUE LO HAYA MENCIONADO, NO QUIERE DECIR QUE ESTUVIÉRAMOS DE ACUERDO
Con respecto a las declaraciones por parte del Director General del Colegio de Bachilleres, Rafael Sánchez Andrade, donde menciona el líder sindical ya tenía conocimiento de las 13 prestaciones que se estarían retirando durante el año, García Murillo manifestó “Que haya mencionado hace algunos meses, que para poder darle viabilidad financiera a la institución era necesario quitar prestaciones, no quiere decir que estuviéramos de acuerdo”.
Reconoció que si fue comentado durante alguna platica, donde él le expresó era una acción grave para el sindicato, sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo. Para darse un acuerdo legal debió ser firmado en documento por él, ante autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
