El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández hizo un llamado a la comunidad académica a evitar la huelga, para privilegiar la estabilidad de la UAZ en el presente proceso de emplazamiento a huelga, mediante el ejercicio responsable de su derecho al voto, “cuidando nuestra fuente de empleo”.
El rector de la Máxima Casa de Estudios del estado de Zacatecas enfatiza en un documento enviado a la comunidad universitaria que “el momento histórico que nos ha tocado enfrentar en la Universidad Autónoma de Zacatecas es complejo”.
Agrega que “los problemas estructurales tocaron fondo, el descuido administrativo de anteriores gestiones rectorales, que no interpretaron correctamente los cambios y ajustes en diferentes leyes generales del país, no permitió que los universitarios nos preparáramos para poder evitar la delicada situación que vive la UAZ”.
Precisa que su administración rectoral no pudo seguir posponiendo el problema y que fue necesario enfrentarlo.
En el mencionado documento se hace una exposición de la problemática financiera que ahoga a la administración central y que se traduce en “El adeudo estructural heredado, de 300 millones de pesos del ISR, de agosto 2015 a septiembre de 2016 y la firma en abril de 2016, de un convenio de reconocimiento de deuda ante el ISSSTE en perjuicio de la institución por 730 millones, además del adeudo de pensiones; han colocado en un predicamento a las finanzas de la Universidad”.
Puntualiza Guzmán Fernández que “desde el primer día de nuestra gestión, hemos privilegiado la conservación de la fuente de empleo y la transparencia financiera, trabajando con firmeza para enfrentar tan difícil situación”.
Al respecto menciona que “hemos realizado un trabajo detallado técnico- administrativo para encarar la afectación de 136 millones de pesos en el mes de octubre de 2016. Esto conllevó un reordenamiento, que permitió a la Universidad tener clara la situación acerca del ISR de la plantilla laboral, lo que permitió ponerse al corriente en las contribuciones correspondientes a los años fiscales 2015, 2016, 2017 y hasta mediados del 2018, por un monto superior a 864 millones de pesos”.
Y remata precisando que “queda a salvo la situación fiscal de los académicos y trabajadores, esto es, resolviendo el pasado y dando certidumbre el presente”.
