El derecho de las mujeres a la vida no admite matices ni postergaciones. Es un principio esencial de toda sociedad que aspire a la justicia. Sin embargo, en México este derecho sigue siendo vulnerado de forma sistemática, lo que evidencia una deuda histórica imposible de ignorar.
Garantizar los derechos de las mujeres no es sólo una causa ética, sino una condición para el desarrollo del país. Mientras persista la violencia, el progreso será desigual e incompleto.
Las cifras lo confirman: hasta el 70 % de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia. No son datos fríos, sino el reflejo de miles de historias marcadas por la impunidad, la indiferencia y la falta de protección institucional. La ONU alerta por el asesinato diario de 10 mujeres en México; es decir, más de 3 mil 650 al año.
En este escenario, el feminicidio es la forma más extrema de violencia. No se trata únicamente de homicidios, sino de crímenes por razones de género, en los que persisten dinámicas de control, dominación y desprecio hacia las mujeres.
Minimizar esta realidad con argumentos como “también matan a los hombres” evade el problema central. Las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, muchas veces después de haber vivido violencia previa que el Estado no logra prevenir ni atender.
Para visibilizar la magnitud de la crisis y la urgencia de atenderla, es necesario remontarnos al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces se han registrado casi 50 mil homicidios de mexicanas, de los cuales más de 24 mil fueron culposos, cerca de 19 mil dolosos y 6 mil 426 feminicidios. Sólo en enero y febrero pasados se contabilizaron 40 feminicidios.
Ante esta crisis, la minuta que ya aprobamos en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 73 constitucional representa un avance. Permitir al Congreso de la Unión expedir una Ley General en materia de feminicidio busca corregir la fragmentación legal que hoy debilita la justicia.
Actualmente, no todas las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio. Las diferencias entre estados, la falta de criterios claros y la debilidad institucional generan impunidad e incertidumbre.
La reforma pretende unificar el tipo penal y establecer estándares nacionales. Es un paso necesario frente a un problema estructural que exige respuestas coordinadas y consistentes en todo el país.
No obstante, ninguna ley será suficiente sin voluntad política, recursos y un cambio cultural profundo. La violencia de género no es solo un problema legal, sino también social.
Reconocer la dignidad de las mujeres implica transformar estructuras históricas de desigualdad. México no puede avanzar mientras millones viven con miedo.
Garantizar el derecho a la vida es una obligación urgente y, en el PAN, nos sumamos a este esfuerzo.
Noemí Luna
Diputada Federal
