Amigas y amigos:
Mexicanas, mexicanos:
La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo –porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible– también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno.
Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora; se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero, lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético: en petróleo y electricidad.
Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas; con este fin se continúa destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes; en tres años la inversión pública para este fin ha sido de 33 mil 581 millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno estas refinerías estaban en el abandono y la administración anterior había comenzado a vender plantas (como las de hidrógeno) al interior de sus instalaciones; al inicio de nuestra administración las refinerías transformaban 511 mil barriles por día y ahora procesan 706 mil barriles; es decir, 38 por ciento más. El reinicio de la construcción de la coquizadora de Tula, Hidalgo, es una buena noticia, porque se ampliará la producción de esa refinería en 70 mil barriles diarios de combustibles. En julio del año próximo se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Cabe recordar que, desde hace 42 años, significativamente desde el inicio del periodo neoliberal, no se había construido una nueva refinería en nuestro país; la última fue la de Salina Cruz, Oaxaca, que empezó a operar en 1979.
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1993, en vez de hacer aquí una nueva refinería se optó porque Pemex se asociara con Shell para compartir la refinería Deer Park de Houston, Texas. Este año se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolera extranjera y se cerró la operación con un costo de 596 millones de dólares; ahora la refinería será propiedad total de Pemex y su producción de gasolinas y diésel y otros combustibles, 150 mil barriles diarios, se destinarán al abasto del mercado interno de nuestro país.
Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer como norma el 100 por ciento de las reservas probadas y ayudaremos así a reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. En suma, seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones.
En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar una reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y, sobre todo, extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron completamente abandonadas. Ahora, estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hayamos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar la infraestructura existente y el agua de los embalses para producir más electricidad sin construir nuevas presas, sin causar afectaciones y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. En pocas palabras, la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar, en los hechos, que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales.
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Con presupuesto federal, sin las onerosas asociaciones público privadas, las llamadas APP, o el otro invento contra la Hacienda Pública, llamado Pidiregas, estamos construyendo carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas y otras obras.
Destacan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la costa este de Estados Unidos. Asimismo, el Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país y una de las más importantes de mundo. Tan solo en la ejecución de estos tres grandes proyectos se están generando 143 mil 137 empleos directos y 277 mil 49 indirectos; y para el año 2023 se llegará a 500 mil empleos directos y 350 mil indirectos, aproximadamente.
Por otra parte, está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá; el acuerdo de cooperación con soberanía entre nuestros países significa producción, empleos, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano. Como complemento al Tratado para intensificar la actividad productiva y comercial en la franja fronteriza del norte, desde el comienzo del gobierno se puso en práctica una estrategia de estímulos fiscales que consiste en reducir a la mitad el cobro del IVA y del Impuesto Sobre la Renta, homologar el precio de las gasolinas y el diésel con el de los estados fronterizos del país vecino y aumentar al doble el salario mínimo; todo ello, aunado a un amplio Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda en los municipios de Tijuana, Mexicali, Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.
Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Cansino y Moderna; de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con México y con su pueblo. Destaco el apoyo de Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos.
Se ha vacunado, al menos con una dosis, al 65 por ciento de la población y reitero el compromiso de que en octubre próximo la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tendrán cuando menos una dosis, a fin de que lleguemos mejor protegidos al invierno, que es la temporada en la que se presentan con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias.
El que tengamos menos hospitalizados y, sobre todo, el que se haya reducido considerablemente el índice de letalidad, es decir, que haya menos fallecimientos entre las personas contagiadas, resulta un logro humano muy importante, pero también un indicador para la normalización de la actividad educativa, productiva y social del país. El lunes pasado comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestras, maestros, madres y padres de familia; así como de 11 millones de niñas, niños y adolescentes que luego de 18 meses, regresan a recibir clases presenciales a la escuela, que es su segundo hogar y el principal centro de convivencia para compartir afectos y tristezas, y para recargarse de humanismo y solidaridad.
En el campo se está produciendo sin limitaciones; el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento, y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021; el sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento; la inversión extranjera en el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. No hemos contratado deuda pública adicional; el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y nueve meses del sexenio, como no había sucedido en tres décadas, y el salario mínimo ha aumentado en términos reales, en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años.
Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla y ahora permite adquirir 7.7; es decir, casi dos kilos más; no hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad; el gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del Gas Bienestar. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 28 por ciento, como nunca en su historia; la inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable; se ha reducido 3.5 por ciento la tasa de interés que fija el Banco de México y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173 mil 775 millones de dólares, actualmente ascienden a 205 mil 391 millones de dólares, lo que significa un aumento del 18 por ciento, un máximo histórico, más de 30 mil millones de dólares; y también es satisfactorio informar que posterior a la pandemia se han creado 1 millón 202 mil 691 empleos y solo faltan 192 mil 713 para recuperar a los asegurados que había en el IMSS antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20 millones 613 mil trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos dos meses.
Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo; gracias a las remesas y a los apoyos de los Programas de Bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en un 34 por ciento de enero a agosto de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior. No se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país.
A partir de la pandemia decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente: se entregaron más de 3 millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal y se decidió ampliar el Programa de Mejoramiento Urbano (introducción de agua potable, drenaje y pavimentación) en 77 municipios de varios estados; se han entregado en todo el país 111 mil apoyos para construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda, con una inversión adicional de 280 mil millones de pesos. Todo ello se unió a un hecho excepcional: en estos últimos tiempos, han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México.
El año pasado las remesas se elevaron a 40 mil 600 millones de dólares y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48 mil millones de dólares; es decir, 18 por ciento más. Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual. Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas; récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo; récord histórico en no devaluación del peso; récord histórico en no incremento de deuda; récord histórico en aumento del Índice de la Bolsa de Valores; récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, para presumir, decir a los tecnócratas neoliberales: “tengan para que aprendan”.
Agrego algo profundo y fundamental: el dinero de las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país; estamos hablando de más de diez millones de envíos de 380 dólares mensuales (7 mil 600 pesos) en promedio por familia. Esta derrama de recursos, aunada a otra cantidad similar que se destina del presupuesto público a los distintos Programas de Bienestar, es la esencia de nuestra estrategia para enfrentar la crisis. En otras palabras, con esta inyección rápida y directa de recursos a las familias, se ha fortalecido la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello se ha podido reactivar pronto la economía.
Todos los días, desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes, realizamos en Palacio Nacional reuniones del gabinete de seguridad, integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad, para recibir reportes del país sobre esta materia y tomar decisiones que permitan enfrentar los distintos delitos y garantizar la paz.
Fruto de este trabajo perseverante, conjunto de todos los días son los siguientes resultados: en el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por ciento; los homicidios, en 0.5 por ciento; el robo de vehículos, en 28 por ciento; el secuestro, en 18 por ciento; y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En suma, de 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos; el feminicidio, que creció en 13 por ciento, y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora; la extorsión, que aumentó en 28 por ciento, y el robo en transporte público individual, que creció 12 por ciento. El 27 de julio de este año, el INEGI dio a conocer el dato de homicidios registrados en 2020 que, como en 2019, refleja que ya se detuvo la tendencia ascendente en este delito e inclusive se ha logrado una pequeña disminución.
En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis, nosotros optamos por intensificar el combate a la corrupción. Desde el primer año de gobierno logramos, entre otras medidas, eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes beneficiarios del influyentismo y se estableció en la Constitución la tipificación de la corrupción como delito grave (pues no lo era), sin conceder al inculpado la posibilidad de obtener libertad bajo fianza.
Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para no pagar sus contribuciones –lo que es lo mismo: para delinquir– y gozar de impunidad. Hoy, la Hacienda Pública se está fortaleciendo en la medida en que impide los fraudes fiscales. Un dato: aun con la crisis por la pandemia del COVID-19, los ingresos del gobierno federal hasta el día de ayer sumaron dos billones 438 mil 557 millones de pesos, es decir, fueron 2.6 por ciento superiores en términos reales al mismo periodo del año pasado y 0.8 por ciento más que lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año.
Estoy obligado a informar, por ética y honestidad, que en los últimos dos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos y que solo 58 de ellos dejaron de pagar 189 mil 18 millones de pesos.
Ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de la condonación, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal. Esto es posible cuando se actúa con integridad y honradez. Cuando se tiene autoridad moral y autoridad política. La mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo de costos, calidad y tiempo, entre la construcción que realizan los ingenieros militares del aeropuerto civil de Santa Lucía General Felipe Ángeles, y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco. Esa obra, cancelada por decisión del pueblo, tenía un costo estimado, sin considerar otras pérdidas, de más de 300 mil millones de pesos; en contraste, el aeropuerto General Felipe Ángeles se construirá con menos de 80 mil millones de pesos; y aun sumando los 100 mil millones que costó la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto de Texcoco, obtendremos un ahorro de alrededor de 120 mil millones de pesos.
Por añadidura, la nueva terminal aeroportuaria será inaugurada antes que la proyectada en Texcoco; el aeropuerto General Felipe Ángeles comenzará a operar el 21 de marzo del próximo año, en tanto que la entrada en funciones del de Texcoco estaba programada para 2025, siempre y cuando alcanzara el presupuesto y se cumpliera con el tiempo estimado de construcción. En fin, es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país.
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Al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, se puso en práctica una política de austeridad republicana. En dos años y nueve meses hemos ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible –el llamado huachicol– y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la Hacienda Pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo.
Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica, fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial, para los más pobres y marginados.
Ya es una realidad la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, programas que, por cierto, ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observación obligatoria para quien esté en el gobierno.
Además de estas acciones, emprendimos desde el principio el apoyo al campo; se ayuda de manera directa con recursos económicos a productores y pescadores; se restablecieron los precios de garantía; se están sembrando árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas; se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero que suman 340 mil 460 personas, así como a otros 62 mil 536 de Puebla, Tlaxcala y Morelos; un millón 800 mil jóvenes han trabajado como aprendices con una percepción de un salario mínimo, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; no hemos dejado de pagar a médicos, enfermeras, soldados, marinos y otros servidores públicos; ; se canceló la mal llamada reforma educativa y 56 mil comités escolares formados por maestros, alumnos y madres y padres de familia ya reciben de manera directa el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas.
No han faltado los libros de texto para el nivel básico y educación media superior y se trabaja en mejorar sus contenidos; están terminadas o en proceso de construcción 140 universidades públicas; hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero; 85 mil 988 comunidades ya cuentan con conexión a Internet, el año próximo serán 122 mil y en 2023 la red cubrirá todo el territorio nacional; sigue en expansión el Banco del Bienestar, para el cual se han construido, hasta ahora, mil 064 sucursales, hay 368 más en proceso y en los próximos dos años tendrá cobertura hasta en las regiones menos comunicadas del país, con dos mil 700 nuevas sucursales; en materia de promoción cultural, hemos publicado 79 títulos de grandes autores, con cuatro millones 380 mil ejemplares gratuitos o a precios módicos; se incluye la colección “21 para el 21” con motivo de las conmemoraciones del México Independiente; están en construcción los parques culturales y ecológicos del Bosque de Chapultepec y del Lago de Texcoco.
En estos dos años y nueve meses de gobierno, hemos tomado decisiones trascendentes y consideramos que se ha trabajado con intensidad y en bien del pueblo. Por ejemplo, de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el primero de diciembre de 2018 al tomar posesión, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos, solo tenemos pendientes dos: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en eso estamos. Pero también hemos hecho muchas otras cosas que no estaban incluidas en ese listado de compromisos. Por ejemplo, terminamos el Tren Suburbano de Guadalajara y continuamos con el de Toluca a la Ciudad de México; rehabilitamos los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y el aeropuerto capitalino; hemos invertido 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras del país; desde enero de este año se aplica en la frontera sur la misma política de estímulos fiscales que iniciamos en 2019 en la frontera norte; Chetumal ha vuelto a ser zona libre; se está limpiando de corrupción Conagua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, el SAT y las aduanas; se creó la Guardia Nacional, se han construido 189 cuarteles y ya se cuenta con 100 mil elementos para proteger al pueblo.
Las Islas Marías dejaron de ser penal y se convirtieron en el Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de Agua-José Revueltas”; no hemos otorgado ninguna concesión minera; se implementó el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas por la violencia; se reinstaló a todos los maestros despedidos por la imposición de la mal llamada reforma educativa y se están reparando daños cometidos a personas o familiares afectados por la corrupción neoliberal o por la violencia de Estado, como los casos de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y Pasta de Conchos, en Coahuila; se mantiene el programa de protección a periodistas; se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; se inició la entrega de mercancías decomisadas en beneficio de comunidades pobres; se ayuda a los damnificados por inundaciones y otros fenómenos naturales tanto en México como en el extranjero; hasta ayer habíamos ofrecido 685 conferencias de prensa de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes; he visitado como presidente todos los estados del país; unos, cuatro veces y otros, hasta en 28 ocasiones.
Entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá; se aprobó la nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos; se aumentó, en los hechos, el reparto de utilidades, se terminó con la subcontratación y se redujo el costo de administración de las Afores; se ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación; se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto que por ley corresponden a estados y municipios; la independencia de los poderes Legislativo y Judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad; no se fabrican delitos ni se persigue o espía a opositores; la represión política ha dejado de existir y han quedado atrás las presiones del poder público a los medios para influir en su línea editorial; no hay escasez de alimentos, materias primas o combustibles; el sistema financiero funciona normalmente; solo ha habido 20 huelgas de trabajadores; las manifestaciones de protesta se han reducido al mínimo; los créditos del Infonavit y del Fovissste se entregan de manera directa a los trabajadores y no hay desalojos por causas injustas o deudas contraídas con estos organismos; ofrecimos asilo al expresidente Evo Morales y a sus colaboradores; no tenemos conflictos con ningún gobierno en el mundo; no se han violado los derechos humanos de migrantes.
El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente. Se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país.
En estos 34 meses solo ha ocurrido un apagón importante y no se ha presentado una crisis por desabasto de agua; se resolvió el problema de la escasez de gasolina que se originó por el combate al robo de combustible y se adquirieron 612 pipas o carros-tanque que opera la Secretaría de la Defensa Nacional; hay información permanentemente sobre quién es quién en los precios; están en curso dos campañas de información para no consumir drogas ni productos chatarra; se inauguró el túnel Emisor Oriente para evitar inundaciones en el Valle de México; nuestro país fue electo, casi por unanimidad, para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU y en noviembre próximo asumiremos la presidencia de ese organismo; de igual manera, se aprobó la resolución que presentamos en esa organización para garantizar la equidad en el comercio de medicinas y vacunas; se estableció el sistema de educación por Internet, radio y televisión; se montaron mil 530 exposiciones artísticas y arqueológicas en México y en el extranjero.
Se celebraron anualmente los actos cívicos del Grito y el desfile de Independencia, así como la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana; 925 deportistas y entrenadores de alto rendimiento han recibido de manera directa apoyos para su preparación por un monto global de 500 millones de pesos. En las olimpiadas de Tokio 2020, los deportistas mexicanos compitieron con profesionalismo y dignidad, y obtuvieron 4 medallas de bronce. Quienes participan en los juegos Paralímpicos son un orgullo nacional, han conseguido, hasta ahora, 5 medallas de oro, 1 de plata y 8 de bronce. En este mes, cuando regresen, se les entregará a todos, incluyendo a sus entrenadores, estímulos económicos.
Como indicador alternativo y complementario al Producto Interno Bruto se está elaborando el Índice de Bienestar; se lleva a cabo el proyecto Agua Saludable para La Laguna de Coahuila y Durango; se ha consolidado el Servicio de Protección Federal para prestar seguridad a las secretarías y organismos de la administración pública federal; ha iniciado el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo.
Se están creando escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física; se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra; se incorporó a la enseñanza pública la nueva materia “Vida Saludable” y se instaló una comisión para impulsar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui de Sonora, entre otras acciones.
Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación: a solo dos años nueve meses de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo; repito, sentar las bases para la transformación de México: ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el poder público ya no representa, como era antes, a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad; en la práctica, no hay fueros ni privilegios; se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales; se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México.
Es un timbre de orgullo el que, a pesar de las crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia, y con todo y el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar, en primer término, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su gente.
Esto siempre lo ha sabido el pueblo, pero es ahora que se comprende mejor y se asiente como una realidad, porque el dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los olvidados, a los marginados de nuestro país. Puedo afirmar, a este respecto, que el 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional y que al resto, al 30 por ciento de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco los hemos dejado en el desamparo; ellos obtienen condiciones para seguir progresando y vivir en paz, sin miedos ni temores, y pueden sentir la gratificación que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes.
En este 2021 estamos conmemorando los 700 años de la fundación de nuestra ciudad capital. También recordamos la caída de Tenochtitlan, hace 500 años, por la invasión española, así como los 200 años de nuestra Independencia, alcanzada el 27 de septiembre de 1821. Para nosotros, la historia, como diría Cicerón, es la maestra de la vida; las culturas heredadas de nuestras grandes civilizaciones han sido siempre nuestra salvación ante agresiones, huracanes, temblores, inundaciones, incendios, sequías, epidemias, malos gobiernos, saqueos y otras desgracias. Por eso no debemos olvidar nuestro pasado: sus enseñanzas son la base para edificar un mejor porvenir.
Amigas y amigos:
Todo lo alcanzado por el gobierno que encabezo es fruto del trabajo de muchos servidores públicos eficientes, honestos y comprometidos con resolver las demandas de nuestro pueblo.
Agradezco el apoyo de los integrantes del gabinete, mujeres y hombres leales y solidarios. Pero, sobre todo, mi gratitud a la gente por su respaldo y confianza. Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie; pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Es decir, debemos seguir aplicando el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres.
Como lo escribí en la introducción de mi nuevo libro que se llama, precisamente, A la mitad del camino, es tan importante lo logrado en este periodo que hasta podría dejar ahora mismo la Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida.
Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación; cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores, cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres; cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno; cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras; cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos, cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción. En fin, un retroceso no sería fácil.
Vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego no solo es esto lo único que necesito para concluir mi misión: falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el Creador, pero, si tengo suerte y termino mi mandato, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos ¡misión cumplida! Me voy a Palenque, les dejo mi corazón.
Palacio Nacional, 1 de septiembre de 2021
