Diversas épocas de la historia de México dieron como resultado un retroceso social y económico para la población. Hoy, el país vive una de esas desastrosas etapas bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está empeñado en llevarnos hacia el pasado y aplicar políticas decadentes, con el único propósito de cumplir sus caprichos.
En días pasados, el Presidente tomó y aplicó una decisión verdaderamente temeraria, que genera incertidumbre jurídica sobre la posesión de bienes, no sólo a los inversionistas extranjeros, sino también sobre la propiedad de las y los mexicanos.
Efectivamente, me refiero a la mal llamada “ocupación temporal inmediata” de tramos de vías de Ferrosur, que AMLO ordenó realizar mediante decreto presidencial, en el que declara “de utilidad pública” algunas actividades ferroviarias concesionadas al sector privado en la zona del Istmo. En otras palabras, efectuó una expropiación.
Así es, con el uso de las fuerzas armadas, el Gobierno Federal ocupó las instalaciones ferroviarias propiedad del Grupo México, pese a que se estaba en negociaciones con la empresa a la que le fueron concesionadas y con la que todavía no llegaba a un acuerdo para tomar posesión.
Con ese acto autoritario, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Presidencia de la República, marcó a México en perjuicio de la certidumbre jurídica y pone en duda el respeto a las garantías constitucionales y a los marcos jurídicos, indispensables para la atracción de inversión privada nacional e internacional, que genera progreso y, por lo tanto, bienestar para las personas.
Tal y como ya lo había hecho cuando presentó su fallida Reforma Eléctrica, que afortunadamente la oposición en el Congreso de la Unión logramos frenar, a fin de proteger la inyección de recursos aplicados en la construcción de infraestructura para la generación de energías limpias y económicas en beneficio de millones de familias pobres.
En el contexto global actual, la expropiación ferroviaria de Andrés Manuel López Obrador envía un mensaje negativo, justo en el momento en que México podría recibir entre dos y cuatro millones de empleos formales y cerca de 30 mil millones de dólares, derivados del fenómeno de relocalización. De ese tamaño será la consecuencia de la decisión imperialista de AMLO.
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados le recuerdo al Presidente de México que él es el primero que debe ceñirse a las legislaciones y normatividades vigentes en nuestro país, respetar el Estado de Derecho y tomar decisiones que den confianza y certeza a inversionistas y mejoren la calidad de vida de las personas.
Noemí Luna
Diputada Federal
