Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
En México ya ni los cumpleaños son inocentes, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, apareció celebrando con un empresario relacionado con compañías proveedoras de material electoral y terminó con la Auditoría Superior de la Federación investigando posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Nada está demostrado todavía, aunque uno empieza a preguntarse cómo consiguen algunos empresarios amistades tan convenientes. Tampoco vamos a prohibirles partir un pastel, pero quizá convendría conocer quién termina pagando las velas y quién se queda con los contratos.
Lo curioso fue la respuesta del INE, anunciar una plataforma para consultar sus contrataciones, como si publicar información sobre dinero público fuera una cortesía que debemos agradecer.
Y pensar que apenas el año pasado desaparecimos al INAI, aquel organismo que podía obligar a las autoridades a entregar documentos cuando preferían guardarlos. Tenía defectos, desde luego, como casi todo lo que administran nuestros políticos; pero ahora buena parte de esa vigilancia quedó en manos de autoridades vinculadas a las propias instituciones.
Hasta le pusieron Transparencia para el Pueblo a la nueva autoridad federal, dependiente de una secretaría del gobierno. Aquí somos especialistas en cambiar los nombres cuando comienzan a estorbarnos las cosas.
El artículo 6 constitucional todavía reconoce nuestro derecho a la información y el 41 obliga al INE a actuar con máxima publicidad e imparcialidad, aunque las buenas intenciones escritas en la Constitución no enseñan por sí solas una factura.
Resulta bastante peculiar que el organismo encargado de vigilar nuestras elecciones tenga que explicar sus relaciones con proveedores después de una investigación periodística. Taddei asegura que no favoreció a nadie, habrá que revisar los expedientes; porque si todo fue legal, qué mejor que mostrarlo, sin discursos sobre ataques a la institución ni ceremonias para celebrar lo transparentes que somos.
Mientras tanto, el ciudadano sigue pagando impuestos, solicitando información y esperando respuestas. Desaparecimos un organismo de vigilancia prometiendo ahorrar dinero y ahora necesitamos auditorías para despejar dudas sobre quienes administran el presupuesto electoral.
Quizá todo termine aclarado, o quizá aparezcan cosas menos agradables que las fotografías de cumpleaños, todavía falta mucho por conocer. Lo preocupante es que nos estamos acostumbrando a recibir explicaciones solamente cuando alguien descubre algo que debía ser público desde el principio.
A este paso, cuando finalmente enterremos la transparencia, habrá que preguntar quién contrató el ataúd; aunque seguramente nos dirán que fue una adjudicación perfectamente legal y que el dueño de la funeraria solamente era amigo del difunto.
