Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
México suele tratar la soberanía como pieza de museo; se desempolva en ceremonias, se pronuncia con voz grave, se invoca cuando conviene políticamente y después se guarda hasta la siguiente crisis. Es una palabra útil para encender emociones, aunque bastante menos eficaz cuando llega la hora de gobernar. La realidad, que no acostumbra respetar discursos, lleva tiempo diciendo algo distinto.
Basta mirar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras para entender lo que no estamos resolviendo dentro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Estado mexicano para responder una petición promovida por personas juzgadoras federales que cuestionan la reforma judicial por posibles afectaciones a la independencia judicial, la estabilidad en el cargo y la carrera judicial. No se trata de un pleito menor ni de una anécdota; cuando el sistema interamericano pregunta si un país debilitó a sus jueces, lo que está en juego no es el prestigio de funcionarios concretos, sino la calidad democrática del Estado y la protección futura del ciudadano frente al poder.
Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas, por conducto del Comité contra la Desaparición Forzada, decidió solicitar que la situación de México sea remitida a la Asamblea General ante indicios fundados sobre desapariciones forzadas y la gravedad persistente de la crisis. Ese paso no es adorno mucho menos simbólico; supone que la dimensión del problema exige atención internacional, cooperación reforzada y el reconocimiento de que las respuestas internas no han sido suficientes para contener una tragedia que se acumula año tras año.
Mientras aquí seguimos atrapados en la discusión que parece local, afuera se analiza algo mucho más serio; si el Estado mexicano conserva la capacidad real de garantizar justicia, investigar delitos y proteger derechos humanos con eficacia mínima.
Estos dos frentes internacionales parecen distintos, pero en realidad describen la misma falla estructural. La CIDH observa si México protege la independencia judicial; la ONU observa si México puede buscar desaparecidos, investigar responsabilidades, sancionar culpables y prevenir nuevas atrocidades. Una mira al juez, la otra al investigador; ambas terminan señalando instituciones debilitadas y respuestas públicas insuficientes.
Ahí aparece lo que tantos prefieren ignorar, porque muchas injusticias mexicanas no nacen en la sentencia final, nacen antes, en fiscalías sobrecargadas, capturadas políticamente, mal profesionalizadas o simplemente indiferentes. Ahí se pierden horas decisivas de búsqueda, se arruinan cadenas de custodia, se integran carpetas mediocres, se tolera la tortura, se premia la estadística sobre la verdad y se convierte el dolor ajeno en trámite administrativo. Después nos sorprendemos de que lleguen condenas internacionales, como si el mundo tuviera la pésima costumbre de leer expedientes.
Reformar jueces sin reformar fiscalías fue vender techo nuevo con cimientos húmedos; vistoso en la publicidad, ruinoso en la ingeniería. La discusión nacional se entretuvo con la elección de juzgadores, con boletas inéditas, con calendarios electorales, con acordeones y con la promesa de una justicia democratizada. Todo eso podrá ser debatible, interesante o incluso bien intencionado; lo que no puede ocultar es que la impunidad cotidiana rara vez nace en una toga, suele nacer mucho antes, cuando la investigación fracasa o se corrompe desde el primer minuto.
En ese contexto apareció Chihuahua. Murieron agentes mexicanos y presuntos agentes estadounidenses en un operativo antidrogas; después surgieron cuestionamientos sobre acreditaciones, permisos y presencia extranjera en tareas sensibles. La reacción fue previsible; unos hablaron de invasión, otros de cooperación indispensable, algunos descubrieron de pronto el patriotismo y varios fingieron sorpresa con una disciplina admirable.
Conviene mirar el fondo del asunto. La inteligencia estadounidense opera sobre intereses vinculados a México desde hace décadas, mediante cooperación formal, intercambio de información, asistencia técnica, enlaces institucionales y, según múltiples antecedentes públicos, también mediante esquemas menos transparentes. No es una novedad repentina; es la consecuencia natural de compartir frontera con la mayor potencia económica y militar del planeta, de ser corredor estratégico para drogas, armas, dinero ilícito y migración, y de exhibir debilidades internas persistentes.
La pregunta seria no es si observan; la pregunta seria es por qué encuentran tanto que observar. También conviene abandonar ciertas fantasías históricas. México no ha sido plenamente soberano en el sentido romántico que algunos recitan. Dependemos del capital extranjero, de exportaciones concentradas, de cadenas productivas regionales, de financiamiento público colocado en mercados internacionales, de tecnología externa y de decisiones económicas que se toman fuera de nuestras plazas cívicas. Antes llegaban carroñeras; hoy llegan tasas de interés, calificadoras y presiones comerciales. Menos dramático en la estampa, igual de real en sus efectos.
Eso no significa negar la soberanía nacional; significa entenderla con seriedad. La soberanía del siglo XXI no consiste en gritar más fuerte que el vecino ni en citar agravios históricos cuando hay cámaras encendidas. Consiste en tener fiscalías que funcionen, policías que investiguen, jueces independientes, fronteras administradas, finanzas sanas, capacidad tecnológica propia y autoridades capaces de mandar dentro del territorio sin pedir auxilio permanente. Lo demás es folclor patriótico; conmueve, entretiene y no resuelve nada.
Por eso la CIDH pregunta, la ONU alerta y en Chihuahua aparecen sombras incómodas. No son asuntos aislados, son expresiones distintas de una misma carencia. México no enfrenta solo una crisis judicial, ni solo una crisis de seguridad, ni solo una tensión diplomática; enfrenta una crisis de capacidad estatal.
Recordemos que los países no pierden soberanía el día que alguien cruza la puerta. Empiezan a perderla mucho antes, cuando dejan la casa sin orden, sin cerraduras y sin quien responda dentro. Entonces aparecen visitantes, observadores y administradores externos, mientras aquí seguimos discutiendo quién dio el mejor discurso sobre independencia.
