La autonomía no es hacer lo que uno quiere,
sino querer lo que uno hace.
Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)
Para algunos, la recién concluida disputa electoral por la dirigencia del SPAUAZ, no es más que un juego en el que se gana, o se pierde, un espacio de poder dentro de la máxima casa de estudios. Esta frívola trivialización nace de no entender, o de negarse a hacerlo, la naturaleza de la función sindical. Y mucho más grave aún, de reducir la función histórico social de la universidad pública, a un juego interno de intereses mezquinos.
Esta forma simplista de concebir la dirección sindical lastima profundamente las luchas por las reivindicaciones laborales de las comunidades académicas y de los colectivos obreros. Su impacto sobre la injerencia del poder político es una bofetada a los estudiantes de la Universidad Nacional de México (UNM), masacrados el 23 de mayo de 1929, en su lucha por la autonomía de su institución.
Los conceptos parecen no estar del todo claros.
No es asunto de buena voluntad, la constitución de la república, la ley federal de educación superior, la ley federal del computrabajo, la ley orgánica y los estatutos universitarios, así como los sindicales marcan la pauta.
No sorprende la intromisión de las autoridades en los asuntos sindicales de la universidad pública, y por ello da la impresión de haberse normalizado. Hay señales evidentes, como el hecho que el candidato recientemente triunfador en la conducción del SPAUAZ, el Dr. Carlos Fernando Aréchiga, sin el más mínimo asomo de rubor, admite tener el beneplácito de la rectoría. Se antoja complicado ser defensor de los derechos laborales frente a la patronal, si la dirección sindical se ejerce a por encargo de la patronal universitaria.
El conflicto de interés se agudiza cuando además se advierte la mano del gobierno estatal en el proceso. En este escenario no solo se lastima la independencia sindical, sino que la propia autonomía institucional, ya de por sí debilitada, queda gravemente comprometida.
En mayo de 1929 estalló una huelga estudiantil en la UNM cuya demanda central era que el estado decretase la autonomía de la institución. Los jóvenes rebeldes no creían saludable que el poder político definiese los derroteros de los planes y programas de estudio, las opciones de formación profesional o la orientación de los proyectos de investigación.
El diseño autónomo de las rutas académicas, científicas y culturales pasa por una estructura administrativa que funcione en consonancia con estas definiciones académicas y docentes, el ejercicio de la libertad de cátedra es un componente esencial de la universalidad que transfiere su nombre a la universidad. Era esta la visión de los huelguistas del 29. Es oportuno aquí recordar la conocida frase del matemático ruso Georg Cantor (1845 – 1918): “La esencia de la ciencia radica en su libertad”.
La imagen de Cantor es pertinente en este momento de precarización del trabajo académico en las universidades públicas y el concepto mismo de producción universitaria. Él mismo fue víctima de inestabilidad laboral en la universidad alemana de Halle y por algunos años padeció acoso debido a la incomprensión de su revolucionario trabajo científico, sobre la consolidación de la Teoría de los conjuntos y el desarrollo de la aritmética transfinita. Padecía de frecuentes etapas de profunda depresión que nunca fueron atendidas.
Contrariamente a la concepción cantoriana del quehacer científico, las universidades mexicanas, en consonancia con las políticas neoliberales, siguiendo la lógica del mercado, renuncian a obedecer la lógica de la Historia. El estado mexicano, y no parece haber cambios en la 4T, violentan la autonomía universitaria a través de programas de “apoyo a la investigación” que, en el fondo, tienen la pretensión de orientar las rutas de la investigación en las universidades, buscando rentabilidad inmediata o a corto plazo.
Bajo este esquema se limita el alcance y la profundidad de los resultados científicos, metiendo a la universidad pública en una camisa de fuerza financiera que es además de talla muy estrecha. Hay un sutil pero profundo racismo detrás de este ahorcamiento de la universidad pública: la ciencia se hace en el extranjero y en el país nos ocupamos de la “maquila científica”.
Otra cara, no menos oscura es la discrecionalidad con la que las administraciones universitarias manejan los recursos que con dificultad puede recibir un nombre distinto al de “corrupción”. Todos recordamos con estupor la “estafa maestra”. Para 2025, la federación había documentado casos de corrupción en nueve universidades públicas: Chapingo Central, Chapingo Chihuahua, Juárez de Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Sinaloa y Benito Juárez de Durango. Los esquemas mediante los que se desvían los recursos son variados: triangulación, plazas “fantasma”, nepotismo, amiguismo, clientelismo político. En el caso de la UAZ está sólidamente documentada la atomización de plazas con propósito de coacción política y el crecimiento canceroso del número de puestos directivos.
Nuestra universidad requiere de más recursos para el cumplimiento cabal de sus funciones, y la precariedad en la que desarrolla sus labores coloca a los gobiernos estatal y federal en el incumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Ley Federal de Educación (LFES), así como la fracciones IV del artículo 3° constitucional. Estos ordenamientos tienden garantizar la adjudicación de recursos a suficiencia y con visión de largo plazo, así como el logro de la total gratuidad .
La administración universitaria, por su parte, incumple con las fracciones V y VI del artículo 67 de la LFES en relación con la transparencia y la eficiencia en el manejo financiero. La discrecionalidad se escuda en una incorrecta interpretación de la autonomía, y es aquí donde el existencialismo izquierdista de Sard nos ofrece la luz en el epígrafe, aclarando el concepto.
En el caso de la UAZ, se privilegian claramente las funciones adjetivas por sobre las sustantivas. El retorno al orden legal, habrá de significar ejercicio de la plena autonomía. El estado por su parte debe vencer la tentación de controlar a la universidad, ya sea de forma remota o a través de la manipulación política interna. Debe también cumplir con la fracción VII de la LFES que le otorga facultades para verificar la transparencia financiera de la universidad pública.
Las directivas universitarias deben vencer a su vez la tentación de controlar los liderazgos sindicales, promoviendo la profesionalización de todo su personal, combatiendo la precariedad laboral, porque en ausencia de la pauperización de la academia florece de forma natural, en libertad plena, la generación de conocimientos nuevos, de valiosos productos científicos, culturales, artísticos y deportivos.
Y no se trata de soñar despierto ni de romantizar la vida universitaria; el reto es mucho más sencillo de lo que parece: hay que apegarse a la ley, entender los conceptos y regirse de acuerdo con su naturaleza. Cuando cada componente, el estado, la universidad y los sindicatos tienen clara su respectiva función y se apegan a ella, los tres funcionan en armonía dialéctica.
Firmeza de convicciones en el ejercicio de cada función, en un medio en el que las naturales diferencias sean gestionadas con la inteligencia y la tolerancia que deben caracterizar al medio universitario, sin la necesidad de violentas confrontaciones o teatrales estridencias.
