En mayo pasado se cumplió un año de la cancelación definitiva del Viaducto Elevado que el Gobierno del Estado pretendía construir sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Una obra polémica desde su origen, rechazada por amplios sectores de la sociedad zacatecana.
No era para menos. El proyecto contemplaba apenas 3.34 kilómetros de longitud, pero tendría un costo superior a los 3 mil 652 millones de pesos. Es decir, más de mil millones de pesos por kilómetro, una cifra difícil de justificar frente a las verdaderas necesidades de Zacatecas.
La movilización ciudadana, los amparos promovidos por diversos sectores y el repudio social lograron detener la ambición del negocio familiar y parar una obra que amenazaba el patrimonio histórico y cultural de la capital. Sin embargo, la cancelación dejó una pregunta que sigue sin respuesta.
Dónde está el dinero?
A 12 meses de distancia, el gobierno encabezado por David Monreal no ha rendido cuentas claras sobre el destino de los recursos que estaban destinados al llamado “segundo piso”. Tampoco ha explicado qué proyectos serán beneficiados con ese dinero ni bajo qué criterios será ejercido.
Las dudas crecieron luego de la denuncia pública realizada por la senadora Claudia Anaya, quien advirtió que en los reportes financieros del fideicomiso únicamente aparecen 85.9 millones de pesos como saldo disponible.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está el recurso?, ¿a qué se destinó?, ¿quién autorizó esos movimientos?, ¿bajo qué esquema se realizaron?
Lo más grave es que la ciudadanía enfrenta un escenario de absoluta opacidad. El régimen morenista desapareció los organismos autónomos garantes de la transparencia y además se apoderó del Poder Judicial mediante los llamados “juzgadores de la tómbola”, debilitando así los contrapesos institucionales.
A ello se suma el litigio con la empresa tabasqueña que reclama una indemnización de 310 millones de pesos por la cancelación del proyecto, pese a que existían antecedentes claros de que esa obra difícilmente prosperaría. Basta recordar que un intento similar fue cancelado durante el gobierno de Amalia García para proteger la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de Zacatecas.
Las y los zacatecanos merecen respuestas. Urge que David Monreal informe con absoluta transparencia dónde está el dinero del Viaducto Elevado, cuál será la bolsa de proyectos que recibirá esos recursos, qué sucede con los costos derivados de su cancelación y qué pasó con el anticipo de 547 millones de pesos entregado a la constructora.
La rendición de cuentas no es una concesión del gobierno; es una obligación.
Zacatecas merece conocer la verdad.
Noemí Luna
Diputada Federal
