Código político
Las fiscalías y la política
Por Juan Gómez
La reforma hecha a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Fiscalía General de la República y otorgarle autonomía e independencia, no ha logrado sus objetivos y tampoco se ha sacudido la dependencia del Poder Ejecutivo y del condicionamiento político.
Los fiscales del país siguen atados a la voluntad, a los intereses políticos y sobre todo, a las decisiones del Presidente de la República y de los gobernadores, lo que contradice el espíritu de la reforma hecha en el año 2014.
Estas son las ideas que estimularon el cambio en la Fiscalía General de la República y de las procuradurías en el país: autonomía de Poder Ejecutivo; capacidad y profesionalismo para la investigación del delito; combatir la violación de los derechos humanos; profesionalización en la impartición de justicia; terminar con la impunidad y hacer realidad la vigencia del sistema de justicia penal acusatorio.
Empero cuando vemos la actuación de algunas fiscalías, empezando por la General de la República y la de la Ciudad de México, se observa que aquellos propósitos se quedaron solamente en el papel.
Los vicios que se intentaban desterrar y que prevalecieron por muchos años -prácticamente desde su creación- en las procuradurías del país, no se terminaron y están más vigentes que nunca.
Como dice el refrán popular: los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud.
Las viejas prácticas del poder en turno impiden darles a las fiscalías su autonomía plena, porque son demasiados los intereses, los apegos políticos y los instrumentos metaconstitucionales para la revancha, la persecución y el castigo de los enemigos políticos.
Desde la presidencia de la república se está enviando esta forma de actuar y de ejercer el poder, puesto que todo aquel o aquella que no se someta al control, a los deseos personales, a la estrategia presidencial, será destruido, desprestigiado y perseguido.
Lo que se está haciendo es quitarles credibilidad e independencia a las instituciones, desprestigiarlas con una serie de ataques mediáticos y exponerlas al linchamiento de los militantes y seguidores partidistas.
Todo este escenario configura parte de la debilidad institucional en materia de impartición de justicia en México, lo que vulnera los derechos humanos, el estado de derecho y aumenta la impunidad.
Las violaciones al debido proceso en contra de algunos fiscales, como es la detención del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acto en el que se violó el fuero constitucional en dicho estado, ponen entredicho la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México, que pareciera actuar bajo consigna política.
Por otro lado la detención de la jueza del estado de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, en la Ciudad de México, acción violenta en la que participaron agentes del estado y de la Guardia Nacional, pero sin respetar el procedimiento de Ley, es otro ejemplo de persecución.
En ambos casos el poder político está inmiscuido: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México -aún y cuando anda en campaña por su postulación en Morena- y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien tiene también sometida a la Fiscalía del estado que gobierna, que por cierto se inconformó en contra de la resolución de amparo que puso en libertad a la jueza.
Los cambios de gobierno en algunos estados presionan a los afanes de autonomía en las fiscalías, algunos fiscales deciden mejor renunciar para evitar ser perseguidos, como sucedió en San Luis Potosí el 24 de septiembre de 2021, cuando Federico Garza Herrera presentó su renuncia o bien, en Nuevo León, el 05 de octubre de 2022 cuando el Congreso de aquel estado le aceptó la renuncia a Gustavo Adolfo Guerrero; o en Baja California en donde Iván Carpio Sánchez, renunció a la Fiscalía también hace dos días.
¿Cuál es el motivo de sendas renuncias? “Motivos personales”. ¿Traducción? No son las propuestas de las y los gobernantes de la transición en dichos estados.
En Zacatecas el Fiscal, José Francisco Murillo Ruiseco, el primer fiscal nombrado en el estado, no ha sido cambiado por el gobernador, David Monreal Ávila, porque ha tenido que ceder a la voluntad y a los intereses políticos del gobernante.
Sin embargo, no ha recibido el apoyo presupuestal suficiente por parte del mandatario, por lo que ha tenido una semana de presiones del personal que demanda su salida y aumento salarial, para homologarse con las percepciones de las fiscalías del país.
¿Podrá soportar las presiones el Fiscal, Murillo Ruiseco?
Al tiempo.
@juangomezac
