En una jornada de tres sesiones vespertinas consecutivas, el pleno de la Sexagésima Legislatura del Estado, por unanimidad, avaló el dictamen en contra de la ratificación de los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Ciudadanos Ricardo Humberto Hernández León, Esaúl Castro Hernández, Samuel Delgado Díaz, Luis Gilberto Padilla Bernal, Adelaida Avalos Acosta y Sonia Delgado Santamaría, pronunciándose por la renovación de ese consejo.
Todos ellos presentaron sendos escritos a la Legislatura del estado manifestando su deseo de ser ratificados en el cargo por un periodo más de cuatro años, y por lo que se les invitó a comparecer ante la Comisión Legislativa Jurisdiccional, quien hizo la evaluación de su historial en el desempeño del cargo y escucho los motivos de cada uno de ellos para aspirar a dicha ratificación.
La Comisión Dictaminadora, después de valorar la participación de los aspirantes en el procedimiento de evaluación, determinó por mayoría que si bien es cierto, los Consejeros electorales tiene a su favor la garantía de ser ratificados, también lo es, que la sociedad zacatecana tiene derecho a renovar sus Consejos Electorales, cuidando siempre de no poner en riesgo la estabilidad del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
Consecuente con lo anterior y considerando su participación en por lo menos dos procesos electorales, la comisión dictaminadora estimó que se requiere integrar al Consejo General con una visión renovada, con ciudadanos que vengan a fortalecer aún más el sistema democrático de la Entidad, para que a su vez se eficiente el funcionamiento de este organismo constitucional autónomo.
En uso de su facultad discrecional, este Poder Soberano determinó que se deben vigorizar los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad de sus decisiones y pugnar porque cada día estas respetables instituciones gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus resoluciones, considerando que es el mandato que el pueblo les ha conferido, y por ello, debe prevalecer sobre cualquier otro interés por más legítimo que éste sea.
