Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
El nuevo Órgano de Administración Judicial decidió separar de sus cargos y retirar nombramientos a diversas personas trabajadoras del Poder Judicial Federal por tener vínculos familiares dentro de la propia institución; no es grilla con toga, esta decisión administrativa cambió la vida laboral de por lo menos 200 personas que, en muchos casos, llegaron después de hacer exámenes, cursos, filtros y años de trabajo.
El nepotismo existe, claro que existe; negarlo en México sería como negar que en diciembre hace frío en Zacatecas. Nepotismo es usar el poder para colocar familiares sin mérito, sin capacidad, sin proceso real, sin filtros verdaderos; es convertir una oficina pública en comedor de domingo, donde todos se sirven porque alguien de la familia tiene la cuchara grande. Eso debe combatirse, en el Poder Judicial Federal y en cualquier institución pública.
Pero no todo parentesco es nepotismo. En una institución nacional, enorme y especializada, es lógico que existan familiares trabajando dentro del mismo sistema; hay familias donde el derecho se vuelve vocación, no privilegio. Hay hijos que vieron estudiar a sus padres mientras redactaban sentencias, hermanos que siguieron una carrera jurídica, parejas que se conocieron trabajando y personas que entraron porque pasaron exámenes, acreditaron requisitos y demostraron capacidad. Un expediente no se resuelve por ósmosis familiar, ni una notificación sale bien porque el apellido tenga buena letra.
Aquí viene la pregunta incómoda, de esas que no caben en los boletines pero sí en la realidad; ¿cuántos hijos de políticos, primos, hermanos, compadres, amigos y recomendados ocupan espacios en legislaturas, gobiernos, ayuntamientos y estructuras partidistas?, ¿Cuántos apellidos se repiten en Zacatecas como si la democracia fuera acta de nacimiento? ¿Cuántas familias han convertido la representación pública en árbol genealógico con presupuesto? ¿Cuántos se presentan como producto del mérito cuando todos sabemos que, en ciertos pasillos, la vocación pública empieza desde la cuna y se confirma en la boleta?
Entonces, si en la política el apellido puede ser defendido como trayectoria, ¿por qué en el Poder Judicial Federal el apellido se vuelve sospecha automática? Si allá dicen “me lo gané con trabajo”, ¿por qué acá no se permite revisar si una persona también se lo ganó con estudio, exámenes, cursos y desempeño? La doble vara es tan elegante que casi merece marco; en política el parentesco es vocación democrática, en el trabajo judicial es pecado original.
La legitimidad institucional importa, por supuesto; el Poder Judicial no puede parecer agencia familiar de colocaciones. Pero la legitimidad no se cuida con tijera ciega, se cuida con pruebas, razones y proporcionalidad. Si alguien fue impuesto, que se pruebe; si hubo influencia, que se documente; si existió nombramiento cruzado, simulación o beneficio indebido, que se sancione. Pero si no hay prueba, si no hay intervención, si no hay desviación del procedimiento, entonces lo que queda no es combate al nepotismo, sino castigo por árbol genealógico.
Combatir el nepotismo sí, pero con derecho; combatir privilegios sí, pero sin fabricar culpables por parentesco. Porque cuando la autoridad cambia la prueba por percepción, la motivación por sospecha y la proporcionalidad por castigo automático, deja de corregir abusos y empieza a cometerlos con mejor papelería.
La moraleja es sencilla; si el nepotismo es una infección, hay que curarla, no amputar trabajadores sanos para presumir limpieza institucional. Aunque, claro, en estos tiempos siempre habrá quien mire la pierna tirada en el piso y diga satisfecho, “qué bonita operación administrativa”.
