Agenda Política
La politización del antisecuestro
Gabriel Contreras Velázquez
La “Estrategia Nacional Antisecuestro” puesta en marcha la semana pasada por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es el reconocimiento de que lo que conocíamos como “narcotráfico” es apenas una mínima parte de lo que en realidad representan los grupos de la delincuencia organizada transnacional.
La insistencia de dar esta categoría a las actividades coordinadas de grupos delincuenciales, expuestas en el plano logístico internacional, es motivada por el especialista en sociología política, y asesor de las Naciones Unidas en materia de vacíos de poder, corrupción e incidencia de bandas criminales, Edgardo Buscaglia (quien por cierto ha sido nuevamente invitado por La Jornada Zacatecas para analizar dicho fenómeno, en una conferencia magistral el próximo 20 de Febrero).
La “estrategia” independientemente de representar una serie de objetivos coordinados, fue presentada en el plano nacional como la institucionalización de las acciones de gobierno, para contener una de tantas actividades ilícitas que más han afectado a la sociedad mexicana.
Esto obliga al gobierno de Peña Nieto, como bien lo explica el director del periódico “24 Horas. Diario sin límites” Raymundo Rivapalacio, a levantar la veda del tema de inseguridad en México, dentro de la agenda pública que había manejado hasta el momento. Le antecede, de manera inmediata, la sublevación popular en Michoacán en contra del cartel de “Los Caballeros Templarios”, misma que fue tópico de discusión en el Foro de Davos unos días atrás.
En esta nueva fase institucional en contra del secuestro, se involucrarán de igual forma la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Lo cual muestra que se privilegia la producción de inteligencia, más que las tareas de investigación de la policía federal y estatal ministeriales, para lograr reaccionar ante contingencias en tiempo real.
En México sucede un fenómeno parecido a lo que hace 50 años vivía Estados Unidos, en el tema del terrorismo. Las agencias de investigación de la división policial en aquél país, no lograban comprender que el terrorismo implicaba una serie de elementos articulados: una ideología específica, conocimientos técnicos en la producción de explosivos, gestión de recursos por parte de los grupos extremistas para la realización de los atentados, y, en aquellos años, un conflicto vivo entre oriente y occidente conocido como la Guerra Fría.
Lo que más afectó las tareas de protección de la ciudadanía ante tales hechos, fue el diagnóstico incorrecto al calificar a los terroristas, en un principio, como delincuentes comunes, aislados y sin una identidad particular. Fue por ello que los Estados Unidos urgió re focalizar las tareas de inteligencia del espionaje político en contra del comunismo, a la recopilación de datos en torno a los grupos extremistas que amenazaban a la sociedad en su totalidad (los cuales no encajaban del todo en el perfil del régimen soviético por la carga religiosa y cultural).
En nuestro país, la nueva subdivisión de las tareas de seguridad nacional, prometen la puesta en marcha de las Unidades Especializadas Antisecuestro (pertenecientes a las procuradurías de justicia) a nivel local y regional, entendiéndose como secuestro la actividad ilícita para la obtención de recursos por parte de las bandas del crimen organizado, como resultado de la pérdida de ingresos en la producción, almacenamiento, distribución y venta de estupefacientes.
El segmento poblacional que más ha sufrido los estragos del secuestro, son aquellas familias con actividades empresariales rentables, y consiguientemente, con ingresos suficientes para el pago de los rescates. Recordemos que son esas mismas familias las que pueden financiar una campaña política, o seguridad especializada, como lo fue el caso de “los rudos” de Mauricio Fernández, ex edil de San Pedro Garza García (uno de los municipios de más altos ingresos a nivel nacional), en Monterrey.
Ahora bien, a Zacatecas no le ha ido muy bien en el rubro del secuestro. El tema se ha politizado de manera inmediata, cuando el diputado local, Cuauhtemoc Calderón, pidió a sus pares en sesión de la permanente, que el secretario general de gobierno, Francisco Escobedo, compareciera ante el pleno para dar a conocer los detalles de cómo se pretende aterrizar en el plano estatal.
El diputado hizo caso omiso a la información que había corrido un día antes, cuando se explicó nítidamente que las tareas antisecuestro se realizarían en Unidades Especializadas de las procuraduría estatal. Su intención fue obvia al desenmascarar un frente más en el conflicto político al interior del gabinete, el cual, sin ser oficialmente reconocido (lo cual sería un autogol) es cada vez más comentado en los pasillos políticos de Zacatecas.
Una comparecencia funcional implicaría la rendición de datos por parte del procurador estatal, el secretario de seguridad pública y el secretario general de gobierno. Sin embargo, las acciones indican que se busca cuestionar mediáticamente a Escobedo. ¿Qué buscará obtener el PVEM?
La “Estrategia Nacional Antisecuestro” puesta en marcha la semana pasada por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es el reconocimiento de que lo que conocíamos como “narcotráfico” es apenas una mínima parte de lo que en realidad representan los grupos de la delincuencia organizada transnacional.
La insistencia de dar esta categoría a las actividades coordinadas de grupos delincuenciales, expuestas en el plano logístico internacional, es motivada por el especialista en sociología política, y asesor de las Naciones Unidas en materia de vacíos de poder, corrupción e incidencia de bandas criminales, Edgardo Buscaglia (quien por cierto ha sido nuevamente invitado por La Jornada Zacatecas para analizar dicho fenómeno, en una conferencia magistral el próximo 20 de Febrero).
La “estrategia” independientemente de representar una serie de objetivos coordinados, fue presentada en el plano nacional como la institucionalización de las acciones de gobierno, para contener una de tantas actividades ilícitas que más han afectado a la sociedad mexicana.
Esto obliga al gobierno de Peña Nieto, como bien lo explica el director del periódico “24 Horas. Diario sin límites” Raymundo Rivapalacio, a levantar la veda del tema de inseguridad en México, dentro de la agenda pública que había manejado hasta el momento. Le antecede, de manera inmediata, la sublevación popular en Michoacán en contra del cartel de “Los Caballeros Templarios”, misma que fue tópico de discusión en el Foro de Davos unos días atrás.
En esta nueva fase institucional en contra del secuestro, se involucrarán de igual forma la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Lo cual muestra que se privilegia la producción de inteligencia, más que las tareas de investigación de la policía federal y estatal ministeriales, para lograr reaccionar ante contingencias en tiempo real.
En México sucede un fenómeno parecido a lo que hace 50 años vivía Estados Unidos, en el tema del terrorismo. Las agencias de investigación de la división policial en aquél país, no lograban comprender que el terrorismo implicaba una serie de elementos articulados: una ideología específica, conocimientos técnicos en la producción de explosivos, gestión de recursos por parte de los grupos extremistas para la realización de los atentados, y, en aquellos años, un conflicto vivo entre oriente y occidente conocido como la Guerra Fría.
Lo que más afectó las tareas de protección de la ciudadanía ante tales hechos, fue el diagnóstico incorrecto al calificar a los terroristas, en un principio, como delincuentes comunes, aislados y sin una identidad particular. Fue por ello que los Estados Unidos urgió re focalizar las tareas de inteligencia del espionaje político en contra del comunismo, a la recopilación de datos en torno a los grupos extremistas que amenazaban a la sociedad en su totalidad (los cuales no encajaban del todo en el perfil del régimen soviético por la carga religiosa y cultural).
En nuestro país, la nueva subdivisión de las tareas de seguridad nacional, prometen la puesta en marcha de las Unidades Especializadas Antisecuestro (pertenecientes a las procuradurías de justicia) a nivel local y regional, entendiéndose como secuestro la actividad ilícita para la obtención de recursos por parte de las bandas del crimen organizado, como resultado de la pérdida de ingresos en la producción, almacenamiento, distribución y venta de estupefacientes.
El segmento poblacional que más ha sufrido los estragos del secuestro, son aquellas familias con actividades empresariales rentables, y consiguientemente, con ingresos suficientes para el pago de los rescates. Recordemos que son esas mismas familias las que pueden financiar una campaña política, o seguridad especializada, como lo fue el caso de “los rudos” de Mauricio Fernández, ex edil de San Pedro Garza García (uno de los municipios de más altos ingresos a nivel nacional), en Monterrey.
Ahora bien, a Zacatecas no le ha ido muy bien en el rubro del secuestro. El tema se ha politizado de manera inmediata, cuando el diputado local, Cuauhtemoc Calderón, pidió a sus pares en sesión de la permanente, que el secretario general de gobierno, Francisco Escobedo, compareciera ante el pleno para dar a conocer los detalles de cómo se pretende aterrizar en el plano estatal.
El diputado hizo caso omiso a la información que había corrido un día antes, cuando se explicó nítidamente que las tareas antisecuestro se realizarían en Unidades Especializadas de las procuraduría estatal. Su intención fue obvia al desenmascarar un frente más en el conflicto político al interior del gabinete, el cual, sin ser oficialmente reconocido (lo cual sería un autogol) es cada vez más comentado en los pasillos políticos de Zacatecas.
Una comparecencia funcional implicaría la rendición de datos por parte del procurador estatal, el secretario de seguridad pública y el secretario general de gobierno. Sin embargo, las acciones indican que se busca cuestionar mediáticamente a Escobedo. ¿Qué buscará obtener el PVEM?
