El informe que prepara la Cofepris sobre el derrame de sustancias tóxicas al río Bacanuchi, será absolutamente riguroso para obligar a los responsables a resarcir el daño y crear un fondo para futuras posibles contingencias.
El titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, explicó que este organismo dependiente de la Secretaría de Salud, redacta el documento en el cual se contempla la posibilidad de que en un futuro haya daños a la salud de los habitantes de las zonas donde se ubican los 35 pozos que fueron contaminados.
Las sustancias tóxicas arrojadas al río pueden generar daños en el hígado y riñón, y recordó que a la fecha se han reportado menos de 10 casos de personas con dermatitis leve, de las cuales sólo una debió ser hospitalizada, pero ya fue dada de alta.
Agregó que se están habilitando 28 nuevos pozos fuera de los de agua fuera de los 500 metros que marcó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el derrame de sulfato de cobre al río Bacanuchi.
Adelantó que la próxima semana se recibirán muestras de los 35 pozos de agua afectados y se tomarán decisiones, pero aseguró que en tanto las pruebas no se encuentren dentro de los parámetros permitidos de potabilidad seguirán sin operar porque lo primero es garantizar la salud de las personas.
“Solamente vamos a abrir los pozos que claramente no tengan alguna contaminación y eso lo estamos haciendo en conjunto con Conagua, tenemos 35 brigadas de saneamiento básico, epidemiología y fomento sanitario, ya llevamos casi tres mil pláticas con la población.
“Dentro de nuestro proceso de sanción vamos a determinar cuales son las obligaciones de resarcimiento a la empresa porque los órdenes de magnitud del evento son nuevos”, subrayó Mikel Arriola.
